Uno de los temas que es importante señalar y que menciono el Ministro de Trabajo en la entrevista, es sobre un aumento del PIB anual(+2,6%-2024) y de el número de trabajadores formales(1,013,167 cotizantes) que se ha venido dando en los últimos años, menciona el, que es debido a la estrategia y medidas político-económica que ha tomado el gobierno, en pro del desarrollo social; pero habría que entender tales datos y saber que no ofrecen una perspectiva completa de la realidad
El PIB ha aumentado, pero esto no significa por si solo una mejora, y es que se debe considerar que de lo que se produce, la distribución de la renta no es muy igualitaria en la población, para esto podemos utilizar otros indicadores como el IDH(0.678) el cual se ha quedado estancado desde el 2023 a pesar de haber una mejora en la seguridad social, este último indicador denota que a pesar de que el país produzca mas, se sigue careciendo de un nivel de vida digno, en donde no se llega a una seguridad económica y social decente.
El aumento de trabajadores formales significa a su vez que mas personas gozan de seguridad social, pero habría que ver la realidad de tales trabajos, ya que si bien son mas, no garantiza automáticamente que sean mejores, al contrario, son precarios en sus condiciones y menoscaban la dignidad del trabajador; y es que es deducible que las condiciones mínimas establecidas en la ley, han quedado obsoletas por el dinamismos de la economía como lo es el ejemplo de la inflación, y es de estas prestaciones mínimas en que los empleadores basan sus planillas para contratar, esto hace dicho empleo precario frente a las necesidades emergentes del día a día del común de la zoociedad salvadoreña.
Libertad sindical y diálogo social (el rol del Consejo Superior del Trabajo y las declaraciones del Ministro Rolando Castro).
El ministro Rolando Castro presenta como logros centrales la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST), el impulso al “diálogo social tripartito” y la afirmación de que cumple las normas de la OIT y está preparado para sustentar sus informes ante organismos internacionales. En sus comunicados y entrevistas públicas el Ministerio resalta además programas de formalización y mediación laboral.
• Informalidad alta: estudios y análisis del Banco Mundial y del propio MTPS muestran que la informalidad afecta a una gran parte de la fuerza laboral —en 2023 se estimó alrededor del 60–65% de trabajadores en condiciones informales—, lo que reduce el universo efectivo donde operan sindicatos y negociación colectiva. • Baja densidad sindical y cobertura de negociación colectiva: indicadores internacionales e informes de la OIT registran tasas muy bajas de afiliación y cobertura por convenio (valores reportados en torno a 4–6% en mediciones recientes), lo que limita la representatividad del diálogo “tripartito” si no se atiende la representatividad real. • Denuncias y despidos de dirigentes: organizaciones sindicales y medios han documentado cientos de despidos de dirigentes y trabajadores vinculados a la acción sindical; sindicatos han llevado denuncias ante la OIT. Ese fenómeno es recurrente en la narrativa de actores sociales críticos. • Señalamientos de organismos internacionales y ONG: la OIT cuestionó públicamente al gobierno sobre libertades sindicales y la existencia de persecución/estigmatización contra actores sindicales; además, informes y ONG internacionales han documentado casos concretos de hostigamiento y restricciones al espacio cívico. • Casos concretos en la prensa y auditorías independientes: investigaciones como las del Worker Rights Consortium y notas periodísticas documentan despidos y prácticas antisindicales en empresas específicas, lo que prueba que la problemática no es solo retórica.
Recomendaciones (síntesis) • Transparencia pública y auditoría independiente de la conformación y actas del CST. • Reinstauración y reparación en casos probados de despido por actividad sindical; fortalecimiento de inspección laboral. • Estrategias de formalización con enfoque en protección social y acceso real a negociación colectiva (no solo registro de empleos
El tema que me parece más interesante es La Reactivación Económica y Empleo Formal: El Eje Central En la entrevista, el ministro Rolando Castro pone mucho énfasis en que la meta del gobierno es una "reactivación económica con justicia social". Él lo presenta como el logro principal de su gestión, incluso dando un dato concreto: haber superado el millón de cotizantes al sistema de seguridad social, algo que, según él, demuestra el crecimiento del empleo formal. El punto es que él no habla de esto como un tema aislado, sino que lo usa como el resultado o la razón de ser de todas las otras acciones de las que habla: El Consejo Superior del Trabajo: El ministro dice que este consejo, donde se sientan gobierno, trabajadores y empresarios, es la herramienta clave para lograr esa reactivación. La idea es que al dialogar se resuelven problemas y se genera confianza, lo que lleva a más inversión y, por ende, a más empleos formales y estables. El consejo no es un fin en sí mismo; es el medio para alcanzar la meta económica y social. Programas de Migración Laboral: Cuando habla de estos programas para enviar trabajadores a países como Estados Unidos o Canadá, lo relaciona directamente con la formalización del empleo. Estos trabajos son "formales, temporales y bien pagados", lo que no solo beneficia a los trabajadores y a sus familias con remesas, sino que también contribuye indirectamente a la economía del país. Es como una estrategia para diversificar y fortalecer la fuerza laboral salvadoreña, dándole opciones formales tanto dentro como fuera del país. Combate al Trabajo Infantil: Al mencionar que han reducido el trabajo infantil en sectores como la caña de azúcar, el ministro lo vincula con la formalización. Eliminar el trabajo de los niños es un paso necesario para asegurar que los empleos sean para adultos y se realicen en condiciones seguras y formales. Es la parte de "justicia social" de la reactivación, asegurando que el crecimiento no se base en la explotación. La narrativa del ministro sobre el aumento del empleo formal es el hilo conductor que une todos los demás temas. El Consejo Superior del Trabajo, los programas de migración y la lucha contra el trabajo infantil no son temas separados, sino que son distintas piezas del mismo plan para lograr un crecimiento económico que, según su versión, es justo y beneficia directamente a la gente. Todo lo que hace la cartera de trabajo parece estar diseñado para alcanzar esa meta.
Actualmente se observa con preocupación que el Estado busca limitar la libertad de expresión de las organizaciones sindicales, especialmente en lo que respecta a su comunicación con organismos internacionales. Esta situación atenta contra el derecho fundamental que tienen los sindicatos de denunciar abusos laborales y defender los derechos de los trabajadores, sin necesidad de someter sus comunicaciones a examen previo de ninguna entidad gubernamental. La legislación del país contempla en uso del artículo 6 inciso primero de la Constitución dispone: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderá por el delito que cometan, este precepto constitucional garantiza la libre expresión no solo a nivel individual, sino también colectivo, como es el caso de las organizaciones sindicales. Por tanto, resulta inconstitucional cualquier intento de limitar o condicionar la labor de los sindicatos en la difusión de información sobre violaciones a los derechos laborales, el actual Ministro de Trabajo ha sostenido que los conflictos laborales deben resolverse dentro del territorio nacional, sin intervención externa.
Esta postura contrasta con la falta de acción del propio ministerio ante denuncias claras de violaciones a los derechos laborales, como lo demuestra el caso de la eliminación de más de 400 plazas en Soyapango, tras la entrada en funciones de la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (ANDRES) en San Salvador Este. este tipo de acciones vulnera principios fundamentales del derecho al trabajo, como la estabilidad laboral, y refuerza la necesidad de que los sindicatos puedan recurrir a instancias internacionales, especialmente cuando las instituciones nacionales se muestran indiferentes o cómplices ante los atropellos, debemos de saber que , cualquier intento de restringir la voz de los sindicatos o su capacidad de denuncia ante organismos internacionales constituye una regresión en materia de derechos humanos y laborales, y debe ser rechazada enérgicamente. El respeto a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado, no puede ser negociable.
El tema de la libertad de expresión de los sindicatos es importante porque estos grupos representan a los trabajadores y necesitan decir lo que piensan sobre sus condiciones laborales. Si no pueden expresarse libremente, entonces tampoco pueden defender bien los derechos de los empleados.
En nuestro pais, aunque la Constitución reconoce la libertad de expresión, muchas veces los sindicatos encuentran obstáculos para ejercerla. En las noticias hemos visto casos donde dirigentes sindicales han sido señalados o incluso sancionados por criticar decisiones de las instituciones o por organizar protestas. Esto genera miedo entre los trabajadores y hace que algunos prefieran guardar silencio en lugar de denunciar injusticias.
La libertad de expresión de los sindicatos es necesaria para que exista un verdadero diálogo entre trabajadores y empleadores. Si los sindicatos no pueden hablar con libertad, entonces la negociación colectiva se convierte en un proceso débil y poco transparente. Además, limitar lo que un sindicato puede decir no solo afecta a sus dirigentes, sino también a todos los trabajadores que representan.
Creo que la solución está en que las instituciones respeten más este derecho y que los mismos trabajadores se informen sobre su importancia. Si se garantizara plenamente la libertad de expresión sindical, habría más confianza, mejores acuerdos y menos conflictos en el ámbito laboral.
En conclusión, este tema no solo tiene que ver con leyes, sino también con la práctica diaria: que los sindicatos puedan expresar lo que viven y lo que necesitan sin temor a represalias.
Critica en base al video Jueves 04 de septiembre | Iniciamos con Diálogo 21 EL DIALOGO SOCIAL vs LA REALIDAD DE FUERZA DE TRABAJO En el video se valoriza la creación de espacios como el consejo superior de trabajo, y se pretende que dialogo tripartito promueve la formalidad, protección de derechos etc. pero si un 70% de la población ocupada trabaja en la formalidad, muchos de esos trabajadores no están representados en los espacios de dialogo social. Jurídicamente, la libertad sindical, el derecho de asociación y la participación en las instituciones laborales reconocidas (públicas, privadas) presupone que los trabajadores estén identificados, localizados, que haya medios para organizarse. Un informal que trabaja sin contrato, en un puesto no fijo, a veces por horas, puede no tener acceso efectivo a esos mecanismos. Esto genera una brecha entre lo que se proclama como política pública institucional, y lo que realmente se vive en los márgenes del empleo informal PROMESAS DE FORMALIZACION Y PROTECCION FRENTE A OBSTACULOS ESTRUCTURALES El video menciona como prioridad la transición de la informalidad a la formalidad. Pero los datos muestran que esa transición es lenta, y que la informalidad tiene raíces profundas: educación insuficiente, costos de formalización, falta de acceso a crédito, carencia de infraestructura o seguridad jurídica, desconfianza de los pequeños negocios. En derecho laboral, formalización implica obligaciones para empleadores: seguridad social, prestaciones, cumplimiento de normas de higiene, salud, jornada, etc. Si no hay incentivos efectivos y sanciones o mecanismos de supervisión robustos, la formalidad puede seguir siendo el "lujo" de pocos.
LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y DERECHOS ADQUIRIDOS En la entrevista se menciona el fortalecimiento del diálogo social y nuevos contratos colectivos. No obstante, hay denuncias de que sindicalistas han sido despedidos o presionados. Esto sugiere que, aunque formalmente existan sindicatos y contratos, no siempre se garantiza efectividad del derecho sindical ni la protección real de quienes se organizan. Jurídicamente, los convenios de la OIT que El Salvador ha ratificado (o debería ratificar) establecen no solo el derecho a organizarse sino a no sufrir retaliaciones, despidos o discriminaciones por actividad sindical. Si hay denuncias ante la OIT, eso significa que hay desacuerdo entre la implementación nacional y estándares internacionales.
En su intervención, el Ministro Rolando Castro destacó la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y el impulso al “diálogo social tripartito”. Según él, El Salvador cumple las normas de la OIT y está listo para defender sus informes en foros internacionales. A primera vista, esto suena como un logro importante para el país, porque da la idea de que hay apertura y fortalecimiento institucional.
Pero cuando se comparan esas afirmaciones con la realidad, se notan varias contradicciones. Por ejemplo, el Banco Mundial y el mismo Ministerio de Trabajo señalan que más del 60% de la población trabajadora sigue en la informalidad. Eso significa que la mayoría de personas no accede a sindicatos, negociación colectiva ni protección efectiva. Además, la densidad sindical es muy baja: informes de la OIT calculan apenas entre un 4% y un 6% de afiliación. Entonces, aunque exista el diálogo tripartito, no se puede decir que es representativo si la mayoría de trabajadores queda fuera. A esto se suman las denuncias de despidos y hostigamiento contra dirigentes sindicales.
Estos casos, documentados por medios, ONG y la propia OIT, muestran que la libertad sindical todavía enfrenta serios obstáculos. Así, el discurso de respeto a estándares internacionales choca con prácticas que limitan los derechos colectivos. Desde una mirada crítica, lo más urgente es dar transparencia al CST, publicar sus actas y garantizar que realmente participen actores representativos. También es clave reinstalar a trabajadores despedidos por actividad sindical y fortalecer la inspección laboral, igualmente, la formalización no debe limitarse a cifras de empleo, sino que debe garantizar acceso real a negociación colectiva. Solo así el discurso oficial podrá convertirse en avances efectivo para la clase trabajadora salvadoreña.
Discurso Oficial VS La Realidad Sindical Al analizar la realidad sindical en El Salvador, se evidencia una clara contradicción entre el discurso oficial y las prácticas reportadas en la sociedad. En la entrevista, el Ministro de Trabajo Rolando Castro, promueve un sindicalismo profesionalizado y despolitizado, enmarcado en un diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores. Según esta narrativa, la modernización de los sindicatos permitiría resolver los conflictos mediante la negociación y no la confrontación, favoreciendo la estabilidad laboral. No obstante, la información periodística y las denuncias de organizaciones sindicales muestran un escenario distinto con despidos injustificados, traslados forzosos y persecución a dirigentes en el sector público. Estos hechos vulneran la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pilares del derecho laboral colectivo reconocidos en la Constitución y en convenios de la OIT ratificados por el país. Al remover a líderes con experiencia y formación jurídica, se debilita de manera intencional la capacidad de resistencia y representación de los trabajadores. Lo que se deja en evidencia no es más que una contradicción ya que se difunde un discurso de apertura y colaboración, en la práctica se adoptan medidas que restringen la autonomía sindical. Esto revela que más que profesionalizar, se busca controlar y limitar la fuerza de las organizaciones obreras, afectando el equilibrio de las relaciones laborales. En conclusión, los movimientos sindicales en nuestro país enfrentan un doble discurso estatal, por un lado, se impulsa la retórica del diálogo, y por otro, se promueven acciones que erosionan los derechos colectivos. Una valoración crítica exige reconocer que el verdadero fortalecimiento del sindicalismo no se logra debilitando a sus líderes, sino garantizando la plena vigencia de sus derechos y su rol como contrapeso democrático en las relaciones de trabajo.
Temática seleccionada del diálogo: Percepción de la OIT hacia nuestra realidad laboral. La confrontación entre la narrativa del ministro y la posición de la OIT, revela una oposición entre ambas posturas. A mí, me llamó la atención la pregunta que el presentador de Diálogo 21 le hizo al ministro: “¿Cómo ve el organismo superior en materia de trabajo a El Salvador?”; el ministro manifestó que la OIT sostiene una postura parcializada (contaminada), debido a que una gremial empresarial opositora de Bukele, se ha encargado de malinformar al organismo internacional. Asimismo, el ministro manifestó que: “el derecho a sindicalizarse se ha desnaturalizado, de repente el tema de la anarquía, desorden y la irresponsabilidad se ha convertido en un derecho, y eso no es así” … esa afirmación carece de sustentación empírica general, en la realidad los sindicatos no protestan alterando el orden por miedo al régimen. Por su parte, la OIT y organizaciones de trabajadores han reportado hechos concretos que no pueden ser resueltos con apelaciones a motivaciones políticas, en nuestro país es recurrente ver que hay graves cuestionamientos referidos a la libertad sindical, y al ejercicio de prácticas sindicales; La Prensa Gráfica, publicó un artículo donde denuncian el despido de más de 450 sindicalistas ante la OIT; también se ha recibido críticas por la falta de diálogo tripartito y por la inactividad del Consejo Superior del Trabajo, en 2023 se publicó una noticia donde la OIT reclama al gobierno por interferir con sindicatos, esta información la da Noticias E.S y LPG. La postura ministerial contiene elementos legítimos (importancia del diálogo, el empleo y la estabilidad empresarial para mayor fuente de trabajo), pero no es suficiente para descalificar de plano la percepción que la OIT tiene hacia nosotros, ni hacer de lado las denuncias que organizaciones sindicales han hecho. La evidencia presentada ante la OIT exige respuestas documentadas, protección efectiva a dirigentes y pruebas públicas de que los procesos internos funcionan. Sin eso, la descalificación política parece más una defensa retórica que una solución institucional.
TEMA: La situación laboral en El Salvador El Ministro de trabajo Rolando Castro en el video ha señalado que la situación laboral en El Salvador esta pasando por una etapa de fortalecimiento, destacando el aumento del empleo formal y la reciente reforma al salario mínimo esto como evidencia de que se dignifica al trabajador. Sin embargo esta narrativa requiere que se compruebe con datos estadísticos y con la realidad sindical del país. Según cifras oficiales, más del 65% de la población ocupada permanece en el sector informal, esto significa que la mayoría de trabajadores no gozan de seguridad social ni de una protección sindical. El aumento del salario en junio del 2025, aunque representa un avance para quienes si están en el sector formal, no alcanza a impactar a la mayoría de personas que viven en la informalidad. Esto genera una contradicción: porque el Estado resalta avances que benefician a un grupo reducido, mientras que la precariedad aun existe para la mayoría. Las declaraciones del Ministro de Trabajo resaltan logros pero omite los riesgos como: la debilidad del sindicalismo salvadoreño, la alta rotación laboral en sectores como maquila y servicios, y la brecha entre hombres y mujeres al acceso a empleos formales. En Conclusión la situación laboral del país requiere un enfoque integral donde se convine el salario justo, formalización de empleos, fortalecimiento al Consejo Superior del Trabajo y se fomente la sindicalización como garantía real de derechos.
En El Salvador, las estadísticas oficiales muestran una recuperación del empleo formal durante la actual administración, con más de un millón de cotizantes en planillas en los últimos años. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha salarial entre sectores y la necesidad de mejorar las condiciones laborales, lo que evidencia que el crecimiento en planillas no garantiza una equidad completa. OIT sindicatos La OIT considera a los sindicatos esenciales para garantizar trabajo decente, justicia social y democracia, defendiendo la libertad sindical como un derecho fundamental y promoviendo la negociación colectiva como herramienta para mejorar las condiciones laborales. Según el Ministro de Trabajo, el mundo actual requiere sindicatos independientes, no subordinados a partidos políticos, capaces de sostener análisis nacionales e internacionales sin caer en dinámicas de poder pasajeras, ya que el sindicalismo históricamente ha sido debilitado por la politización y la falta de autonomía. El fortalecimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva sigue siendo un pilar frágil del derecho colectivo del trabajo en el país. Actualmente, el Consejo Superior de Trabajo integra al 76% de las gremiales empresariales legalmente constituidas, representando el 95% del tejido productivo, y al 70% de las organizaciones sindicales legales, consolidando legitimidad y transparencia. Este logro institucional fortalece el sistema sindical y mejora la representación de los trabajadores, aunque cabe preguntarse si en la práctica se garantiza un equilibrio real entre empleadores y trabajadores, considerando las desigualdades estructurales del mercado laboral salvadoreño. Finalmente, la propuesta de ampliar el período de inscripción sindical de uno a tres años, avalada por la OIT y consensuada por empleadores y trabajadores, constituye un avance. Esta medida busca un sindicalismo renovado, con visión global, análisis profundo y preparación estratégica considerando debatir temas económicos, sociales, políticos y culturales, considerando que un año no es suficiente para desarrollarlo adecuadamente.
Para empezar, es importante mencionar que el Ministro Rolando Castro en la entrevista hace énfasis en distintos temas laborales importantes como la informalidad laboral en la actualidad. Se dice que uno de los principales desafíos es la informalidad laboral no obstante informes de organismos como CEPAL presenta una proporción elevada de población ocupada en el país.
Como lo describió el Ministro la informalidad laboral puede calificarse en dos tipos:
1. La informalidad de subsistencia que es cuando cierto grupo de personas no pueden encontrar trabajo formal generan actividades económicas minimas para sobrevivir y no cuentan con el respaldo de seguridad jurídica y social.
2.Informalidad que no es de subsistencia si no mas bien por evasión en la cual cierto grupo de individuos optan por la informalidad para no cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.
Para poder hacer frente a esta problemática se deben impulsar programas que ayuden a la transición hacia la formalidad, y para aquel cierto grupo que no quiere formalizarse debería aplicarse un mecanismo mas estricto.
Sin embargo la situación laboral actual registra un alto porcentaje de desempleo que según datos de trading Economics y el Banco Central de Reserva (BCR) en el 2024 era del 5.2% lo que demuestra la realidad la cual debería ser un reto importante a tener en cuenta, despidos masivos de empresas nacionales e incluso gubernamentales no solo conlleva al desempleo de muchas personas sino también a la falta de recursos necesarios para la subsistencia de las familias salvadoreñas y aunque como lo mencionaba el Ministro se están impulsando programas de trabajo como lo son las visas al extranjero no obstante esto solo abarca un pequeño numero de individuos los cuales cumplen conciertos requisitos, lo que no aporta mucho a eliminar esa brecha de desempleo.
Estudiando de manera análitica el Sr. Ministro de Trabajo insisti en la importancia de promover el empleo digno como eje de desarrollo económico y social en El Salvador. Sin embargo, al contrastar esta narrativa oficial con otras fuentes, surgen tensiones que evidencian la complejidad del tema. El concepto jurídico-laboral de empleo digno implica no solo acceso a un puesto de trabajo, sino también condiciones justas de remuneración, seguridad social, estabilidad y respeto a la libertad sindical, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
1- Datos recientes de la DIGESTYC reflejan que, aunque el empleo formal ha crecido en ciertos sectores, más del 65 % de la población económicamente activa se mantiene en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a prestaciones y salarios justos. Esto contradice el discurso optimista del Ministro, pues gran parte de la fuerza laboral no goza de las garantías mínimas que la legislación laboral salvadoreña reconoce.
2- Por otra parte, entrevistas a representantes sindicales evidencian que aún existen barreras para la organización colectiva. El temor a represalias patronales y la débil fiscalización estatal reducen la capacidad de los trabajadores para exigir mejores condiciones. Este punto es crucial, ya que sin sindicatos fuertes, el “empleo digno” se convierte en una meta distante más que en una realidad palpable.
3- De esta manera, diversas fuentes periodísticos señalan que las políticas públicas en materia laboral se han centrado en la atracción de inversión extranjera, pero sin garantizar que dichas inversiones respeten plenamente los derechos laborales. Finalmente, aunque el discurso gubernamental es esperanzador, la evidencia sugiere que alcanzar un verdadero empleo digno en nuestro País requiere no solo voluntad política, sino también una aplicación efectiva de la normativa laboral y un fortalecimiento del sindicalismo.
Tema: El Empleo Formal (en relación al proyecto de construcción del Aeropuerto del Pacífico).
Considero que la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión es, sin duda, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país; sin embargo, también ha traído consigo serias problemáticas sociales y laborales que deben analizarse desde un enfoque jurídico y de derechos humanos. A mi parecer, lo más preocupante es lo que han denunciado organizaciones como MILPA, quienes señalan que el proceso de adquisición de tierras ha sido poco transparente, con compensaciones injustas, pagos muy por debajo del valor real e incluso sin consulta previa a las comunidades directamente afectadas. Esto contradice el derecho constitucional a la propiedad, el principio de indemnización justa y también los compromisos internacionales que el Estado ha asumido con la OIT respecto a pueblos indígenas y campesinos.
En el plano laboral, si bien el gobierno ha señalado que el proyecto generará una gran cantidad de empleos, lo cierto es que gran parte de ellos se mantienen en condiciones precarias, sin garantizar su formalización. Muchos trabajadores enfrentan largas jornadas, falta de contratos escritos, escasas prestaciones y una débil protección en materia de seguridad e higiene ocupacional. En este sentido, resulta esencial que el Ministerio de Trabajo refuerce la fiscalización para que los empleos generados sean formales, estables y justamente remunerados, de acuerdo con el derecho a un trabajo digno reconocido tanto en la Constitución como en los convenios de la OIT.
También me parece alarmante el impacto ambiental y social, MILPA ha advertido sobre daños a ríos, deforestación y deterioro de las vías locales, lo cual afecta directamente la salud y los medios de vida de las comunidades. La legitimidad del proyecto dependerá de que se logre un equilibrio entre crecimiento económico, creación de empleo formal, justicia social y sostenibilidad ambiental.
En El Salvador, en los últimos años ha surgido con fuerza la discusión sobre lo que algunos denominan anarquía laboral. Este diálogo hace referencia a situaciones en las que ciertos sindicatos y organizaciones de trabajadores actúan al margen de los procedimientos legales establecidos, generando desorden, conflictos sin mediación institucional y, en algunos casos, acciones que afectan la estabilidad laboral y económica. El señalamiento más recurrente es que existen sindicatos que presentan denuncias directamente ante empresas o marcas internacionales sin antes agotar los canales internos, como el Ministerio de Trabajo. Esto, según las autoridades, debilita el verdadero espíritu del sindicalismo, que debería promover la negociación responsable, la defensa de los derechos y la búsqueda de consensos. La llamada “anarquía laboral”, no implica ausencia de derechos, sino un desorden que puede afectar tanto a trabajadores como a empleadores. En este contexto, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Óscar Rolando Castro, ha tenido un rol protagónico. Con una trayectoria como líder sindical y funcionario público, ha enfatizado la necesidad de modernizar las relaciones laborales en el país. Bajo su gestión se han impulsado incrementos salariales, como el aumento del 12 % al salario mínimo en 2025, y se han desarrollado programas de empleo, ejemplo “Lunes de Empleo”, que conecta a buscadores de trabajo con empleadores. Asimismo, ha promovido inspecciones rigurosas en sectores como la seguridad, donde se han detectado múltiples incumplimientos laborales, desde falta de contratos hasta impago de horas extras. La visión de Castro, frenar la desorganización sindical que él califica de “desnaturalización del movimiento”, promoviendo en cambio el diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores. De esta manera, la gestión del ministro se coloca en el centro del debate sobre cómo superar la llamada anarquía laboral y garantizar un sistema más justo, ordenado y equilibrado para la clase trabajadora salvadoreña
Realidad del movimiento sindical en el país. El Ministro de Trabajo ha sostenido públicamente que el sindicalismo salvadoreño se encuentra fortalecido y que los líderes “auténticos” acompañan las políticas del Ejecutivo. Según esta narrativa, el diálogo social y el Consejo Superior del Trabajo funcionan como espacios de consenso y legitimidad. Sin embargo, al contrastar este discurso con entrevistas a actores sindicales y reportes periodísticos, surgen tensiones que cuestionan su veracidad. El movimiento sindical salvadoreño ha reducido en número y se está enfrentando a múltiples obstáculos. Según datos oficiales recientes, en 2021 había solo 227 organizaciones sindicales registradas (126 del sector privado, 75 públicas y 26 autónomas) con 3,821 líderes gremiales acreditados. Para 2019 se estimaba un total de 134,202 afiliados sindicales activos (87,133 en privados, 33,365 en públicos). Sin embargo, esta afiliación ha venido cayendo: un análisis basado en las memorias del Ministerio de Trabajo reporta 162,048 afiliados entre junio de 2022 y mayo de 2023, cifra que bajó a 146,685 en junio de 2023–mayo de 2024 (–9%). En ese último periodo, las mujeres representan solo el 23% de los afiliados (33,702), frente al 77% de hombres (112,983). En conjunto, menos del 3% de la PEA (población económicamente activa) está sindicalizada. Estos datos reflejan una estructura sindical fragmentada y en retroceso, concentrada sobre todo en áreas como educación, salud pública y algunos sindicatos municipales, con muy poca incidencia en industrias formales. El movimiento sindical en El Salvador atraviesa una crisis profunda, muy alejada del discurso oficial. Los datos reflejan una organización gremial numéricamente reducida, con menos del 3% de la PEA afiliada, lo que evidencia una baja capacidad de representación y negociación colectiva. Además, la caída sostenida en la afiliación (–9% solo en el último año reportado) muestra que los sindicatos no solo no están creciendo, sino que se encuentran en retroceso.
JUSTICIA SOCIAL El ministro Rolando Castro nos habla sobre el crecimiento económico debe ir de la mano con la justicia social, para que los beneficios del desarrollo lleguen realmente a quienes más lo necesitan, esta idea es muy importante en un país como El Salvador, donde durante mucho tiempo las desigualdades en el trabajo han impedido que muchas personas tengan acceso a derechos básicos como la seguridad social, un salario justo y estabilidad en su empleo, sin embargo, al mirar la realidad de cerca, surgen dudas sobre si el compromiso del gobierno está dando resultados concretos.
Es cierto que ha aumentado el número de personas que cotizan al Seguro Social, lo que es un paso adelante para formalizar el empleo, pero aún hay un gran problema, en la realidad el salvador muestra uno de los índices más altos de informalidad en más del 69.1% actualmente según el diario del mundo, sin acceso a prestaciones ni protección ante situaciones difíciles, esto muestra que la justicia social prometida todavía no se refleja en cambios reales para mucha gente.
Otro tema preocupante son los despidos injustificados, aunque el Ministerio de Trabajo dice que actúa para evitar estas prácticas, los sindicatos y los medios reportan que los despidos arbitrarios siguen siendo comunes, sobre todo en sectores como la maquila y el comercio, además, los tribunales laborales suelen tardar mucho tiempo en resolver estos casos, dejando a los trabajadores en una situación vulnerable, como lo que ocurrió en Soyapango dónde mas de 400 empleados fueron despedidos.
En resumen, aunque el ministro muestra un compromiso con la justicia social, los problemas de la informalidad y los despidos injustificados revelan una gran distancia entre las metas del gobierno y la realidad diaria de los trabajadores.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, señala con razón que el bono demográfico esa oportunidad que surge cuando hay una mayor proporción de personas en edad productiva es algo temporal y se agotará en unos 14 o 15 años, por lo que requiere una planificación cuidadosa y estructural. Sin embargo, si esta advertencia se queda solo en un llamado técnico corre el riesgo de quedarse en un simple diagnóstico la realidad es que El Salvador ya está enfrentando un envejecimiento creciente de su población y tasas de natalidad que están cerca o por debajo del nivel necesario para mantener la población, lo que hace probable que el bono demográfico llegue a su fin.
Además la alta informalidad laboral dificulta que esta población en edad productiva se traduzca en mayor productividad muchos trabajadores están en empleos informales con poca contribución a la seguridad social y baja productividad. Por si fuera poco, la confianza en las reformas para las pensiones se ve afectada por prácticas fiscales cuestionables. Por ejemplo, el Gobierno ha utilizado gran parte de las cotizaciones que deberían destinarse a los fondos de jubilación reduciendo así los recursos disponibles para las futuras pensiones y poniendo en riesgo el pacto entre generaciones.
Desde una perspectiva que pone en el centro a las personas, la agenda debe enfocarse en medidas que protejan y redistribuyan, como pensiones sostenibles fortalecer las cotizaciones reales y crear redes de cuidado al mismo tiempo es fundamental impulsar políticas que aumenten la productividad invirtiendo en formación técnica, digitalización y en sectores con mayor valor agregado organismos internacionales como la OCDE y la CEPAL insisten en que estas reformas estructurales deben ir acompañadas de inversión pública para que el bono demográfico no se convierta en una deuda social.
En conclusión, el diagnóstico del ministro es acertado, pero la respuesta debe ir más allá de la alerta es necesario transformar esa urgencia en compromisos fiscales institucionales y de innovación que protejan tanto a la población actual como a las futuras generaciones de lo contrario, el fin del bono demográfico podría significar el comienzo de mayores vulnerabilidades y una carga fiscal y social muy pesada.
Analisis de Rolando Castro, Ministro de trabajo, en Diálogo 21.
El ministro expreso que El Salvador necesita un tipo de sindicalismo determinado, no sindicalista que cierran calles, la sociedad ya no legítima este tipo de actuar de los sindicatos, el deber ser es buscar el bienestar de todos los sindicalistas, el ministro señala que lo sindicatos deben de exigir el cumplimiento de sus derechos a los Empleadores pero también mantener una solvencia, es decir que deben cumplir con sus obligaciones, para exigir sus derechos.
No obstante, esta visión resulta cuestionable, pues en la práctica se evidencia una clara contradicción entre el discurso oficial y la realidad de los trabajadores, últimamente la OIT a cuestionado el actuar del actual gobierno con respecto a la libertad sindical, llenándose de Denuncias sobre violaciones a este Derecho, algunos sindicalistas han dicho que el ministerio de trabajo y prevención social: "ha violentado la negociación colectiva: a la fecha hay unos 20 contratos colectivos que no se ha permitido su negociación e inscripción", señalaron, en consecuencia se ve la doble narrativa que puede tener el ministro de trabajo y la realidad que es plasmada y sentidas por los sindicalistas.
Lo anterior pone de manifiesto una doble narrativa estatal: por un lado, se exige que los sindicatos actúen bajo ciertos parámetros que convienen al gobierno, pero por el otro, se limita y restringe de manera arbitraria el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los trabajadores. Esto no solo contradice los compromisos internacionales asumidos por El Salvador en materia laboral, sino que también debilita la democracia sindical y la esencia misma del derecho de libertad sindical.
El 4 de septiembre, el ministro de trabajo aseguró en una entrevista que la libertad sindical es un derecho fundamental que el gobierno protege y que el Consejo Superior del Trabajo es un espacio clave para el diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades. Según él, se están tomando medidas para garantizar que nadie impida que los trabajadores se organicen y defiendan sus derechos sin miedo a represalias.
Pero la realidad del país está muy lejos de esa imagen. En la práctica, muchos trabajadores siguen enfrentando obstáculos serios para formar sindicatos, desde amenazas y despidos hasta trabas legales y administrativas. La libertad sindical, más que ser protegida, es muchas veces ignorada o directamente atacada. Y el Consejo Superior del Trabajo, lejos de ser un espacio efectivo de diálogo, a menudo se convierte en una vitrina donde los verdaderos problemas laborales se esconden o se diluyen sin soluciones concretas.
La realidad muestra que la libertad sindical sigue siendo una asignatura pendiente urgente, y que las palabras del ministro chocan con la dura experiencia de miles de trabajadores que aún luchan para hacer valer sus derechos básicos.
Tema: Impacto laboral en la Construcción del Aeropuerto del Pacífico.
La situación que MILPA denuncia respecto a la UEP pone en evidencia un incumplimiento grave de los derechos laborales dentro del empleo formal. Entre los aspectos más relevantes, se destaca la falta de contratos laborales claros y completos, situación que vulnera la seguridad jurídica de los trabajadores y limita su acceso a beneficios que corresponden por ley, como vacaciones, aguinaldo y pensiones. Este incumplimiento impide que los trabajadores puedan gozar plenamente de las protecciones que el empleo formal debería garantizar, exponiéndolos a despidos arbitrarios o condiciones laborales inadecuadas.
Otro punto crítico es la imposición de jornadas laborales prolongadas sin la debida compensación económica ni reconocimiento legal. Este patrón viola derechos fundamentales asociados al tiempo de trabajo y al descanso, pilares esenciales del empleo formal. La falta de pago de seguridad social, acceso a seguro médico y prestaciones legales refleja una política de contratación que no respeta las obligaciones mínimas de un empleador formal, afectando directamente la estabilidad y bienestar de quienes dependen de estas garantías para su subsistencia.
MILPA señala que estas prácticas no son excepcionales, sino parte de un enfoque sistemático que prioriza la eficiencia económica sobre la dignidad y derechos de los trabajadores. Este tipo de gestión laboral desvirtúa los principios del empleo formal, reduciendo los contratos a simples formalidades sin valor real para la protección de los empleados.
Respetar plenamente las normas del empleo formal no solo asegura la justicia social y la protección de derechos básicos, sino que también genera un entorno laboral más seguro, motivador y productivo. La UEP tiene la responsabilidad de revisar y corregir estas prácticas para garantizar que sus trabajadores reciban el trato legal y digno que merecen.
En los últimos años se ha hablado mucho del crecimiento del empleo formal en El Salvador. Es cierto que cada vez más trabajadores aparecen inscritos en planillas, lo que representa un avance porque significa acceso a seguridad social, cotización para pensión y cierta estabilidad laboral. Sin embargo, este progreso no debería evaluarse únicamente en números, ya que aún persisten desigualdades salariales, precariedad en ciertos sectores y una fuerte presencia de la informalidad en áreas rurales. Un aspecto importante es cómo se conecta este aumento del empleo formal con la libertad sindical. El derecho a organizarse y a negociar colectivamente es clave para garantizar que ese trabajo formal realmente mejore la calidad de vida de las personas. De nada sirve tener un contrato en regla si en la práctica no hay espacios para reclamar condiciones justas o si los sindicatos enfrentan limitaciones.
En este contexto, el Consejo Superior del Trabajo aparece como un mecanismo para generar acuerdos entre empleadores, trabajadores y Estado. Su aporte podría ser valioso siempre que no se quede solo en un discurso institucional, sino que realmente garantice un equilibrio en la toma de decisiones. Creo que el gran reto es lograr que el empleo formal vaya acompañado de condiciones dignas, respeto a la libertad sindical y mayor equidad. Solo así se podrá hablar de un verdadero avance en el mundo laboral salvadoreño.
La reactivación económica en El Salvador muestra una dinámica complicada, donde coexisten progresos en el trabajo formal con tensiones sociales intensas vinculadas a la vida sindical. De acuerdo con las estadísticas del ISSS, la cantidad de cotizantes pasó de un millón, lo que demuestra que el empleo formal ha aumentado en comparación con el año anterior. Sin embargo, este indicador no permite analizar la calidad y la estabilidad de los puestos de trabajo creados, dos elementos esenciales para un desarrollo sostenible. En contraposición, entidades de trabajadores y sindicatos como el Movimiento de Trabajadores Despedidos hacen un llamado a la atención sobre miles de despidos en el sector público entre 2019 y 2024, que han tenido un impacto no solo en los trabajadores de base, sino también en los ejecutivos y dirigentes sindicales. La OIT y entidades internacionales han documentado estos casos y los han presentado, advirtiendo sobre las restricciones a la libertad sindical en la nación.
En cuanto a la inversión pública y privada, el gobierno sostiene que el crecimiento económico se ha mantenido gracias a ella, así como a la expansión de sectores estratégicos. No obstante, la información del PIB en 2024 revela un crecimiento de solo el 2.6 %, una de las tasas más reducidas de toda Centroamérica, caracterizada por el estancamiento en el sector agropecuario y la ralentización en la construcción, lo cual restringe la habilidad para crear empleo estable y de buena calidad. Este contraste entre las cifras oficiales y las denuncias laborales muestra que, si bien hay indicios de recuperación, todavía hay conflictos que ponen en duda la inclusión y sostenibilidad del modelo económico.
La erradicación del trabajo infantil es un pilar fundamental en la agenda del Ministerio de Trabajo, según se expone en la entrevista con el ministro Rolando Castro. A través de una narrativa de progreso y desafío, el ministerio ha demostrado su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia.
En la conversación, se destacan logros significativos en la lucha contra esta problemática. El ministro subraya con orgullo los avances en la erradicación del trabajo infantil en sectores históricamente problemáticos como la zafra de caña de azúcar y la construcción. Estas victorias no solo representan un cambio positivo para miles de familias, sino que también reflejan la efectividad de las políticas implementadas y la cooperación entre diferentes actores sociales.
Pero a pesar de una buena perspectiva del ministro de trabajo, sobre la erradicación del trabajo infantil según informes del Observatorio de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, basados en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el panorama es más complejo. En 2023, la tasa de incidencia del trabajo infantil se estimó en un 5.4%, lo que representa un aumento con respecto al 5.1% del año 2022. Esto significa que aproximadamente 70,171 niños, niñas y adolescentes se encontraban en esta situación, un incremento de casi 4,000 menores en un solo año. Estos datos sugieren que, a pesar de los esfuerzos sectoriales, el problema persiste e incluso ha crecido, lo que desafía la narrativa de un progreso lineal y definitivo. Además, las estadísticas revelan que más del 65% de estos niños se encuentran en zonas rurales y que cuatro de cada diez no asisten a la escuela, subrayando la profunda conexión entre el trabajo infantil, la pobreza y la falta de acceso a la educación.
Impacto de la persecución y despidos de sindicalistas en el fortalecimiento del empleo formal en el sector público.
En nuestro país en el contexto de empleo formal en el sector publico se ha buscado que la cifra sea más elevada que estos años anteriores, ya este 2025 está alcanzando más de 1 millón de trabajadores formales y que ha sido unas de las estrategias para poder garantizar, ya que en nuestro país se refleja un alto porcentaje de trabajadores informales entre un 60% o 70% de tasa de informalidad a diferencia de otros países, y de las estrategias que fueron implementadas por el ministerio de trabajo para un crecimiento de empleos formales, siempre de acuerdo al marco legal del la Constitución, el Código de trabajo y también como se menciona del dialogo entre el gobierno y sindicatos para la mejora de condiciones de trabajos, sin embargo, la persecución y despidos de sindicalistas puede afectar estos esfuerzos que sean implementado. También se debe hablar de cómo influye la persecución y despidos sindicalista, si bien hay un gran aumento de trabajadores formales eso no quiere decir que no hayan despidos injustificables o que se implemente medios para crear un ambiente donde un trabajador no pueda trabajar con unas condiciones dignas y que esto le impulse a renunciar, y esto se relaciona con el empleo sindical a que puedan debilitar la defensa de los derecho de los trabajadores o que incluso pueda ver una baja de trabajos formales y que esto puede tener un impacto negativo para la mejora de los trabajadores, tal como lo fue con el despido de docentes que fueron despedidos sin un debido proceso y por suspensión donde no se les justifico del por que de su despido.
Juramentación del Consejo Superior del Trabajo en el contexto actual de El Salvador.
Es de mucha importancia en la coyuntura actual laboral, la reciente consolidación del consejo superior del trabajo que es un ente tripartito conformado por ocho miembros propietarios y ocho suplentes de los sectores gubernamental, empleador y trabajador; en un reciente debate en frente a frente el Ministro de trabajo y Previsión Social Rolando Castro mencionaba que “Este CST está conformado por el 70% de confederaciones y federaciones de sindicatos, así como por más del 74% de las gremiales empresariales, lo que representa el 95% del tejido productivo” entre las funciones de este consejo están las de estudiar problemas concernientes a la situación del empleo de El Salvador, así como opiniones sobre anteproyectos de reforma a la legislación laboral (el código de trabajo). Ante esta consolidación de este consejo muy llamativa para el acercamiento de los sindicatos (trabajadores y empleadores) cualquiera podría decir que se podría llegar más fácilmente a un consenso sobre las diferentes propuestas o necesidades que un sindicato podría padecer, pero la realidad es que el mismo presidente del Ministerio de Trabajo menciona que uno de los rubros en los que menos se pone atención es el área informal del trabajo, mi cuestionamiento surge a partir que el área formal si bien tiene más prestaciones o legislaciones que la proteja aun así sigue siendo vista sin prioridad, con salarios mínimos, prestaciones mínimas con pensiones incoherentes a los años laborados y aparte que en la actualidad se les violenta a las y los trabajadores su derecho a huelga pacífica y afiliarse libremente a un sindicato, como podrán integrar a los trabajadores informales si los que" están siendo protegidos por la ley no lo están siendo" no lo están siendo; Una resiente nota del canal 12 mencionaba sobre la alta taza de desempleo en el salvador y como los ciudadanos optan por trabajos informales"Uno de los principales retos continúa siendo la informalidad laboral, estudios revelan que el 70% de la población se encuentran dentro de este sector, es decir un aproximado de 2.18 millones de personas, salvadoreños dicen que las pocas oportunidades, han llevado a muchos a emprender para poder llevar el sustento diario a sus hogares. A falta de empleo, los salvadoreños deciden emprender, y solo en los últimos años, se han creado más de 70,000 tiendas, según, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
En la realidad salvadoreña actual, el Consejo Superior del Trabajo tiene potencial de ser un instrumento útil para enfrentar los desafíos del mundo laboral, si se consolida como un espacio plural, técnico y activo. Su eficacia no está en su existencia legal, por así decirlo, sino en su capacidad de incidir, transformar y representar. De no lograrlo, quedará como una promesa más en el largo camino hacia la justicia laboral en El Salvador.
La situación laboral en El Salvador evidencia avances formales, pero persisten tensiones estructurales que tensionan la relación entre movimientos sindicales, empleadores y el Estado, ya que según datos recientes del Ministerio de Trabajo, a enero de 2025 hay 1,022,167 cotizantes en planillas, lo que demuestra una recuperación del empleo formal, sin embargo, alrededor del 70 % de los trabajadores carece de afiliación formal, estabilidad jurídica o prestaciones sociales; se desempeñan en la informalidad.
Este escenario estira la narrativa oficial del Ministro de Trabajo: por un lado, se proclama que “cada día se trata de romper la barrera de desconfianza entre el empleador y los sindicatos”, y por otro, se observa que algunos sectores sindicales perciben al empleador como adversario, mientras que ciertos empleadores ven al sindicalismo como fuente de conflicto. Esa distancia, potenciándose por experiencias de desorden o comportamientos que se interpretan como anarquía dentro del movimiento sindical, socava la función esencial de los sindicatos como garantes del diálogo colectivo. Su señalamiento de que “la desnaturalización” del movimiento sindical (cuando anarquía se vuelve derecho) afecta su objetivo central es pertinente ya que conduce a diluir la legitimidad de la negociación colectiva y de la huelga como mecanismos de defensa de los derechos laborales.
Desde el derecho colectivo del trabajo se exige que haya libertad sindical real, negociación colectiva efectiva y estabilidad laboral, lo que incluye formalización del empleo, aunque la administración ha incrementado los puestos formales respecto al pasado, la informalidad con cerca del 70 % de trabajadores afectados, implica que muchos no gozan de protección legal, seguridad social ni derecho a organizarse eficazmente bajo normas laborales, para superar esas brechas, es esencial fortalecer el diálogo social, promover políticas que incentiven la formalización sin sanciones desproporcionadas, y funciones sindicales que se mantengan disciplinadas y responsables, para recuperar la confianza mutua.
Análisis de la entrevista echa por código 21 a Rolando Castro quien es Ministro de Trabajo
Lo que pude analizar es que en El Salvador se observa una cierta tensión marcada entre el discurso oficial y la realidad vivida por los trabajadores organizados es decir los sindicatos, ya que desde el gobierno se plantea la idea de un sindicalismo '' moderno y ordenado '', en el cual los sindicatos deben limitarse a exigir sus derechos dentro de ciertos parámetros establecidos por el Estado y asi evitando acciones de protesta que incomoden al poder, la sociedad o a las empresas que lideran el mercado. Esta postura insiste en que los sindicatos tienen la obligación de cumplir primero con sus deberes para poder reclamar lo que les corresponde. Sin embargo, la práctica refleja un panorama diferente ; a pesar del discurso gubernamental, se restringen de forma reiterada los espacios de negociación colectiva entre sindicatos y empresas, y se condiciona la actividad sindical a criterios arbitrarios. Esto a generado denuncias de trabajadores e inclusive observaciones de organismos internacionales, que señalan un debilitamiento progresivo de la libertad sindical en el país y esto genera una consecuencia directa la cual es la erosión de la democracia sindical y la pérdida de legitimidad de un derecho fundamental que debería garantizar la participación plena y autónoma de los trabajadores en la defensa de sus intereses por medio de los sindicatos.
En el video, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aborda un tema de gran relevancia: la transición del mundo de la informalidad hacia la formalidad en el ámbito laboral. A nivel mundial, este problema afecta aproximadamente al 42% de la clase trabajadora, mientras que en países de Latinoamérica, incluido El Salvador, el porcentaje asciende entre un 60% y 70%. En nuestro país, una parte significativa de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal. Este se caracteriza por actividades que no están registradas ni reguladas por el Estado, como el trabajo de vendedores ambulantes, pequeños talleres familiares, trabajadores por cuenta propia sin seguridad social y servicios no sujetos a supervisión legal. Esta situación refleja no solo un fenómeno económico, sino también un desafío social y jurídico. Se distinguen dos tipos de informalidad: la de subsistencia, donde las personas dependen del Estado para lograr medios mínimos de vida, y la informalidad por evasión, en la que ciertos empleadores evitan cumplir con sus obligaciones legales y laborales. Esta diferenciación muestra cómo el problema trasciende de lo meramente económico a lo normativo, requiriendo respuestas tanto del sector público como del privado. En El Salvador, según datos recientes, alrededor de 7 de cada 10 trabajadores se desempeñan en el sector informal, es decir, aproximadamente el 69-70% de la fuerza laboral. Esto genera limitaciones en el acceso a derechos como seguridad social, pensiones y estabilidad, perpetuando la desigualdad. Para superar este reto, se requieren políticas públicas enfocadas en la formalización laboral, acompañadas de incentivos para micro y pequeñas empresas, así como estrategias específicas para reducir las brechas de género y territoriales. Solo mediante estos esfuerzos coordinados será posible avanzar hacia un mercado laboral más equitativo, inclusivo y sostenible.
Transición de la informalidad a la formalidad. El Ministro de Trabajo menciona como eje fundamental a tratar para el Consejo Superior del trabajo la informalidad laboral, en primer instancia hay una tasa de informalidad de 52% aproximadamente a nivel global, los países en vía de desarrollo tienen aproximadamente entre el 60% y 70% de informalidad; en El Salvador un mapa socioeconómico elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que el 70 % de los salvadoreños ocupados se encuentran en un empleo informal, donde no cotizan Seguro Social ni ahorro de pensiones. Los trabajadores informales generan cerca del 21.4% del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, señala por su parte una investigación del Banco Central de Reserva (BCR). La participación es mayor frente a los empleados formales, que aportan un 30.7 %, explicado, según el estudio, por una mayor productividad. La conversión de empleos informales hacia empleos formales es un objetivo clave para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la equidad y el crecimiento económico, sin embargo, este proceso enfrenta numerosos obstáculos tanto estructurales como políticos como que no haya protección social, inestabilidad laboral, bajos ingresos, desigualdad y exclusión social, sin formalidad no hay historial crediticio claro, ni garantías, lo que dificulta que trabajadores o microempresas informales accedan a créditos bancarios o a inversiones; esto supone un problema legal el cual puede mejorar con solidaridad por parte de Estado con políticas crediticias y modelos de gestión, ofrecer incentivos fiscales, fortalecer instituciones, mejorar educación y capacitación.
REACTIVACION ECONOMICA Según declaraciones del ministro de trabajo hace énfasis en que El Salvador ha mostrado una recuperación y crecimiento, en estos últimos años destacándose regionalmente, Su enfoque ha estado centrado en promover la formalización del empleo, mejorar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de los trabajadores.
Una de las acciones relevantes que destaca es: el aumento salarial lo cual se aprobó un incremento del 12 % al salario mínimo con respaldo tripartito. Aunque la medida representa un avance formal, su impacto real es limitado. En la realidad es una medida que no beneficia a toda la población en general debido a que el principal problema no radica únicamente en el monto del incremento, sino en la falta de cumplimiento efectivo por parte de ciertos empleadores hacia trabajadores. Aunque el gobierno asegura que el 95% de las empresas cumplen con estas funciones, pero queda el 5% de empresas que no cumplen los más afectados suelen ser trabajadores informales, domésticos, agropecuarios, personas que laboran en zonas rurales o remotas, es una vulneración al derecho constitucional y legal a recibir un salario justo y digno (Art. 38 literal 2° CN)
También destacó el crecimiento del empleo formal según planillas en este año cuenta con un millón veintidós mil cotizantes en el empleo formal. Pero esto no quiere decir que la informalidad haya sido superada, sin embargo, hay trabajadores que aún mantiene sus empleos sin seguridad social, sin contrato y sin estabilidad, siendo explotados laboralmente Por ello, es fundamental que el crecimiento económico no se mida únicamente con indicadores macroeconómicos, sino con base en cómo impacta a los sectores más vulnerables. Solo así se podrá hablar de una reactivación real, con justicia social, equidad y respeto a los derechos laborales.
La libertad sindical en El Salvador existe en teoría, pero en la práctica enfrenta serias limitaciones y desafíos. La Constitución y el Código de Trabajo reconocen el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Sin embargo, según la Confederación Sindical Internacional, El Salvador recibió una calificación de nivel 4 en el Índice Global de Derechos Sindicales 2025, lo que indica violaciones sistemáticas de estos derechos, lo cual resulta contradictorio con lo manifestado por el Ministro de Trabajo actual, al afirmar que: “…con el surgimiento del Consejo Superior del Trabajo se controlaran muchas acciones desmedidas de gobiernos anteriores y se abrirán oportunidades para el sector formal, así como el aumento de empleos para la clase trabajadora, ….se ha cambiado la visión sindical, los sindicatos antes eran politizados, ideologizados, estigmatizados por otros gobiernos y se les señalaba como criminales por estar vinculados a partidos políticos, actualmente esto ya no se da…”; puesto que, los principales problemas actuales que tiene nuestro país son los despidos masivos, en donde se han denunciado más de 450 despidos de sindicalistas, además de la desaparición de más de 50 sindicatos y la pérdida de 20 contratos colectivos; reportes de encarcelamiento de dirigentes sindicales, incluso fallecimientos bajo custodia; y, la prohibición de la huelga en sectores públicos y municipales. Dicha situación provocó que la OIT cuestionara al gobierno salvadoreño por violaciones al Convenio 98, que protege el derecho de sindicación y negociación colectiva, motivo por el que El Salvador fue incluido en la “lista corta” de países observados por la OIT en 2025, denotando la situación actual de la libertad sindical una grave contradicción entre la ley y la práctica, por lo que las denuncias de represión, despidos y obstáculos legales han generado preocupación internacional y presión para que el país garantice verdaderamente este derecho.
La informalidad laboral
El mercado laboral enfrenta una serie de desafíos estructurales que limitan el desarrollo económico y social del país. Uno de los problemas más persistentes y complejos es la alta tasa de informalidad que se ha mantenido en niveles elevados durante décadas. La informalidad no es solo un indicador estadístico, sino una manifestación de la precariedad y la exclusión que experimenta una gran parte de la población trabajadora.
La informalidad es el resultado de una economía que no genera suficientes empleos decentes y formales en lugar de ser un impulso hacia el empleo formal, la informalidad se convierte en el destino final para muchos trabajadores, especialmente jóvenes, mujeres y personas con bajos niveles de educación.
Los trabajadores informales carecen de derechos laborales básicos como un salario mínimo garantizado, seguro social, pensiones y vacaciones pagadas. Esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier crisis económica o de salud.
La informalidad está ligada a la baja productividad la mayoría de los negocios informales son de subsistencia, con escaso acceso a capital, tecnología y capacitación, lo que limita su capacidad de crecimiento y su contribución al desarrollo económico del país.
La informalidad no afecta a todos por igual, sino que profundiza las desigualdades existentes en la sociedad. El desempleo en los jóvenes es significativamente más alto que la tasa nacional, muchos jóvenes al no encontrar oportunidades en el sector formal se ven obligados a entrar en la informalidad, perdiendo la oportunidad de construir una trayectoria laboral y acceder a beneficios a largo plazo.
La informalidad es un sistema económico que no funciona para todos abordar este problema requiere más que soluciones superficiales, se necesita una crítica profunda y una acción coordinada que incluya la creación de políticas públicas que promuevan la inversión en sectores productivos, la simplificación de los procesos de formalización, la expansión de la seguridad social y, fundamentalmente la mejora de la educación y la capacitación para que los trabajadores puedan acceder a empleos de calidad y con derechos, mientras la informalidad siga siendo la norma, el progreso económico y social del país se mantendrá en una base frágil e inequitativa.
La Reconfiguración del Rol Sindical: Entre la Legislación y la Realidad
La propuesta del Ministro de Trabajo, Rolando Castro, plantea una redefinición del sindicalismo en El Salvador. Su visión enfatiza un modelo que privilegie la negociación interna y el cumplimiento de obligaciones, antes que la protesta y la confrontación pública. Esta concepción, sin embargo, suscita tensiones respecto a la libertad sindical y al derecho de huelga, ambos reconocidos como pilares del derecho laboral.
El argumento ministerial de que los sindicatos deben cumplir deberes para exigir derechos se vincula con el principio de buena fe contractual. No obstante, este principio, válido en el ámbito individual, no puede erigirse en justificación para restringir de manera arbitraria los derechos colectivos. Las denuncias interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo, relativas a la falta de inscripción de contratos colectivos y al despido de dirigentes sindicales, constituyen evidencia de una afectación directa al derecho de negociación colectiva, consagrado en el Convenio 98 de la OIT.
La noción de un sindicalismo “no conflictivo” desconoce la función histórica de estas organizaciones como contrapeso frente a las relaciones de poder empresarial y estatal. El derecho de huelga, lejos de representar un acto de desorden, constituye un mecanismo jurídico reconocido para ejercer presión legítima cuando la negociación resulta insuficiente. Su limitación, ya sea de facto o mediante injerencia gubernamental, debilita de manera significativa la capacidad de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
La postura oficial reconfigura el sindicalismo a un papel meramente administrativo y subordinado, minimizando su dimensión política y social como garante de derechos fundamentales. El desafío para el Estado salvadoreño radica en demostrar, mediante acciones concretas, el respeto a la autonomía sindical y a los compromisos internacionales, propiciando un diálogo social auténtico que contribuya al fortalecimiento de la democracia laboral en el país.
Construcción del Aeropuerto del Pacifico. Uno de los temas que abordaron en la entrevista con el Coordinador de MILPA Angel Flores que me llamo la atención muchísimo es sobre el impacto social, económico, y ambiental de la Construcción del Aeropuerto del Pacifico en la Unión. También por medio de al entrevista se dio a conocer cierto detalles sobre La construcción que ha implicado el desplazamiento de alrededor de 225 hogares que vivían en comunidades como Flor de Mangle y El Condadillo. Las familias han sido desalojadas han denunciado compensaciones económicas insuficientes para reubicarse adecuadamente. Además, hay inquietud social por la pérdida de medios de vida tradicionales vinculados a la naturaleza y por la afectación de la identidad comunitaria de las poblaciones originarias. De igual manera El proyecto afecta gravemente ecosistemas cruciales, en particular manglares y bosques tropicales secos que son hábitats clave para la biodiversidad y sirven como barreras naturales contra huracanes y absorción de CO2. Más del 60% de los manglares salvadoreños han desaparecido en las últimas décadas, y el área del aeropuerto implica la tala de árboles centenarios y destrucción de fuentes de agua como lagunas y vertientes importantes para la red hídrica local. La zona tiene suelos orgánicos y salinos que requieren excavaciones profundas y elevaciones para estabilizar la pista, lo que implica un ecocidio de gran magnitud y pone en riesgo la durabilidad de la infraestructura dada la alta actividad sísmica regional. También se ha reportado la depredación de la cordillera montañosa cercana para obtener materiales de construcción, afectando a varias comunidades por pérdida de fauna, flora y agua. Podemor decir que La construcción del aeropuerto del Pacífico en La Unión representa un proyecto con una fuerte contradicción entre su discurso de desarrollo y modernización y los impactos negativos severos que genera en la población y el medio ambiente local. Las pérdidas sociales y ambientales superan potencialmente los beneficios económicos, poniendo en cuestión la sostenibilidad y justicia del proyecto, especialmente ante la precariedad y vulnerabilidad histórica de la región. Sin una adecuada mitigación y participación comunitaria, el aeropuerto podría agravar desigualdades, desplazar comunidades legítimas, destruir ecosistemas críticos y comprometer la resiliencia ante el cambio climático y riesgos naturales, más que consolidar un verdadero desarrollo inclusivo para El Salvador.
La Situación Laboral La recuperación del empleo formal y la superación del millón de cotizantes suena alentadora sin duda es un signo de dinamismo económico. Pero me queda la pregunta: ¿esas cifras realmente se reflejan en la vida diaria de la gente o solo quedan en el discurso? Porque sí, hay avances, pero la informalidad sigue en 45%. Eso significa que casi la mitad de la fuerza laboral en El Salvador trabaja sin seguridad jurídica ni social. El aumento al salario mínimo también fue un alivio, pero como dijo el mismo Rolando Castro todavía hay mucha insatisfacción con el costo de vida. Y es que la inflación sigue golpeando fuerte, y lo que debería garantizar una vida digna apenas alcanza para sobrevivir. Otro punto es el famoso “milagro de la seguridad”, que sin duda ha sido clave para la reactivación económica. Sin embargo, no puede ser el único pilar. La seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son igual de importantes para atraer inversión y fomentar la formalidad. Aquí pesa mucho la percepción de que formalizarse solo sirve para pagar impuestos. Y en parte es cierto: muchos pequeños emprendedores sienten que los beneficios no compensan la burocracia y la carga fiscal, sobre todo si el sistema bancario sigue siendo excluyente. Por eso, las promesas de créditos “amigables” y un “crédito blanco” suenan bien, pero deben aplicarse de forma masiva y accesible, no solo en teoría. Al final, erradicar la informalidad no se logra con incentivos aislados. Hace falta una reforma más profunda: educación, capacitación, acceso a mercados y una simplificación real de procesos.
El Ministro de Trabajo, Rolando Castro destaca una utopía en referencia a esta entidad tripartita, puesto que hace referencia a que existe una libertad de diálogo entre los tres autores claves que la conforman, ya que si damos un vistazo a la situación actual del país sabemos que la historia de El Salvador está marcada por la persecución y criminilizacion de las luchas sindicales, además de despido injustificados, cerrando no sólo la posibilidad de un diálogo hablado, si no también existiendo una evidente indiferencia por parte del estado y de la figura empresaria o empleador respecto a los derechos de los trabajadores que conforman una organización sindicalista (e incluso los que no son parte de un sindicato)
Además puntualiza el cumplimiento de obligaciones por parte de los trabajadores que conforman el sindicato para la exigencia de las pretenciones frente al empleador, delimitando una especie de requisito para la realización y respeto por los derechos que como trabajador del estado le pertenecen, esta delimitacion es una clara evidencia de la clara brecha entre el empleador y el trabajador, posicionando a este último en una situación de poder sobre el trabajador y siendo este el que tenga que cumplir con exigencia por encima de las obligaciones que tiene que cumplir el empleador para una mejor satisfacción del trabajador, y que esta a su vez presentaría una mayor eficacia en la productividad del trabajador frente a sus labores determinadas.
Rolando Castro. Un tema principal que se aborda es el Establecimiento y la Agenda del Consejo Superior del Trabajo. El ministro Castro destaca que la creación de este consejo representa un logro histórico, ya que es la primera vez que los sectores laboral y patronal se unen para trabajar en un espacio y superando la desconfianza mutua que históricamente había existido entre ellos La visión del ministro es que, para que el país progrese, los empresarios y los sindicatos deben verse como aliados, no como adversarios La agenda de este consejo se enfoca en siete temas prioritarios con el objetivo de proponer soluciones y anteproyectos directamente al presidente Esta iniciativa busca despolitizar el movimiento sindical, asegurando que su representación sea legítima y no esté ligada a partidos políticos, lo que marca un cambio significativo con respecto a sistemas anteriores
La posibilidad de que los sindicatos expresen sus opiniones sin limitaciones es un requisito básico para que cumplan su función social. No se trata solo de un derecho abstracto, sino de una condición práctica que permite denunciar abusos, cuestionar decisiones y proponer soluciones a favor de la clase trabajadora.
En El Salvador, pese a que la libertad de expresión está reconocida en el marco constitucional, los sindicatos suelen enfrentarse a restricciones encubiertas. Dirigentes sindicales han sido objeto de críticas oficiales o sanciones administrativas por emitir opiniones incómodas para las instituciones. Este tipo de situaciones genera un efecto disuasivo: muchos trabajadores prefieren callar antes que arriesgar estabilidad laboral o ser señalados públicamente.
Desde el derecho colectivo del trabajo, conceptos como autonomía sindical y diálogo social resultan claves. Si no existe un entorno en el que los sindicatos puedan expresarse libremente, la negociación colectiva se convierte en un procedimiento formal, sin contenido real. Además, al limitar la voz sindical se debilita la posibilidad de alcanzar acuerdos que equilibren la relación entre capital y trabajo. Fortalecer la libertad de expresión sindical exige dos pasos: primero, que las instituciones actúen con tolerancia y garanticen canales legítimos para la crítica; segundo, que los trabajadores comprendan la importancia de respaldar a sus organizaciones. Solo así se podrá construir un sindicalismo con mayor legitimidad, transparencia y capacidad de incidencia en la vida laboral.
Ya en una pequeña conclusión se puede decir que se pueda permitir que los sindicatos hablen con independencia no solo protege un derecho humano, sino que también contribuye a generar estabilidad social, confianza en el sistema y justicia en el ámbito del trabajo.
La transición hacia la formalidad El discurso oficial acierta al distinguir entre la informalidad de subsistencia (pequeños agricultores, comerciantes y trabajadores por cuenta propia que carecen de acceso al sistema financiero) y aquellos quienes, aun pudiendo, deciden no formalizarse. Sin embargo, esta visión simplifica un problema más complejo. En El Salvador, la informalidad es más que un problema estadístico: constituye la forma predominante de inserción laboral para millones de personas. No se trata únicamente de trabajadores que “eligen” no formalizarse, sino de un entramado de desigualdades históricas, exclusión social y falta de oportunidades. Más del 65% de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad, lo que significa que carecen de seguridad social, estabilidad y acceso a derechos laborales; más del 44% de salvadoreños mayores de 65 años aun trabajan, superada solo por Guatemala, La OIT señala que entre los motivos que pueden impulsar la permanencia en el ámbito laboral está la necesidad de generar ingresos para sus necesidades básicas, producto de pocas oportunidades durante su vida activa. El discurso plantea la formalización como un reto necesario, pero en la práctica muchos trabajadores la perciben como una carga. La burocracia, costos y la escasa cobertura en salud y pensiones generan la percepción de que registrarse y pagar impuestos NO mejora las condiciones de vida. A esto se suma la exclusión financiera: solo un tercio de los adultos tiene acceso al crédito formal, lo que empuja a miles hacia prestamistas informales que cobran intereses usureros. Esta dinámica convierte a la informalidad en un mecanismo de supervivencia, más que en una elección consciente. Superar la informalidad en El Salvador requiere más que mesas de diálogo o reformas parciales. Implica diseñar políticas integrales, simplificación de trámites, incentivos temporales, y un sistema de seguridad social que brinde beneficios tangibles desde el primer momento.
Me parece que cuando el ministro habla de plazas en Europa pareciera como que está vendiendo oportunidades por volumen. Pero detrás de cada contingente hay una vida, un familiar esperanzado a remesas ( 2024 sumaron más de 8 millones de dólares, beneficiando a más de 1.6 millones de personas), una madre que sufrió la partida, un trabajador que perdió derechos colectivos por tener que partir. El anuncio de plazas y los programas de inserción son buenos siempre que vayan acompañados de garantías efectivas para la representación colectiva de quienes se van y de quienes regresan. (Lo que dijo el ministro sobre España y Francia y las plataformas de inscripción quedó claro en la intervención).
La formalidad que celebra (más de un millón en planilla, según lo expuesto, cifra que corresponde a 1,022,167 trabajadores en enero de 2025) no puede maquillarse sobre la realidad de quienes siguen en la sombra, el propio ministro reconoció una informalidad alta (más del 45 % en el sector no agrícola, y hasta un 66 % según sus propias declaraciones) ,habló de dos mundos distintos (subsistencia y quien elige la informalidad). Esa distinción exige políticas reales como crédito accesible y protección frente al agiotismo que mencionó.
Me preocupa también la práctica de buscar unanimidad en el CST y remitir los acuerdos a Casa Presidencial. La unanimidad debe nacer del diálogo igualitario, no de la presión y la última palabra ejecutiva no puede vaciar de contenido la autonomía sindical. Si queremos modernidad, que sea con justicia y protección antisindical real, mecanismos para inscribir y representar a migrantes y retornados, y políticas crediticias que acompañen la organización colectiva. Que haya dignidad y no mero intercambio de mano de obra.
El tema de pensiones es preocupante, en El Salvador, la inseguridad de una sostenibilidad alerta a los cotizantes, economistas y según noticias recientes de la prensa gráfica hasta organismos multilaterales como el fondo monetario internacional ( FMI) ya que la acción de dependencia que el gobierno tiene del fondo de pensiones para financiar las jubilaciones públicas, demuestra la falta de responsabilidad y transparencia gubernamental, el uso destinados a la pensión pone en alto riesgo el futuro de los beneficiarios, consecuencia de la mala administración de estos fondos, esta el querer mantener oculto información que en pasado siempre fue publica para los cotizantes, y entra la interrogante si el gobierno dice “el dinero alcanza cuando nadie roba”, ¿porque el tema de pensiones apunta aun decline, porque, no permite la trasparencia? al contrario existe una reserva de información, el monto mensual de deuda previsional que el gobierno presta todos los meses a la AFP debe cubrir el pago para pensionados por vejez, invalidez, y sobrevivencia del sistema público. El número exacto de jubilados se conocía cada mes a través de las estadísticas de la super Intendencia del sistema financiero, pero dicha institución dejo de publicarlas desde abrir de 2023. la consecuencia de esta debilidad institucional es que el fondo monetario internacional (FMI) está exigiendo según lo menciono patricio pineda, experto en pensiones y miembro de la mesa por una pensión digna, en una entrevista que dio noticias FRENTE A FRENTE, Trasparentar la información sobre el manejo de funciones y Hacer pública la data estadística del mismo el sistema, Buscar los mecanismos para la sostenibilidad, un análisis actuarial, o sea el diagnóstico, y fecha de reforma, veamos cada punto: • Trasparentar la información sobre el manejo de funciones y Hacer pública la data estadística del mismo el sistema: no se publican estadísticas oficiales actualizadas desde abril 2023, impidiendo el control social y un análisis adecuado del estado real de las finanzas del sistema • Buscar los mecanismos para la sostenibilidad: el sistema tiene un bajo rendimiento debido a la obligación que tienen las AFP de invertir principalmente en instrumentos del Estado, lo que limita las oportunidades de mejores retornos en mercados internacionales y afecta negativamente las cuentas individuales de los cotizantes. La cobertura del sistema de sigue siendo baja, y muchos sectores importantes de la población están excluidos o tienen dificultades para acceder a una pensión digna, agrandando la desigualdad en los beneficios sociales. • un análisis actuarial, o sea el diagnóstico, y fecha de reforma. se debe enfatizar que las reformas futuras incluyendo la planeada para el 2026, deben basarse en diagnósticos actuariales profundos y mecanismos de sostenibilidad claros, algo que aun no se ha logrado implementar de manera efectiva.
El Ministro de Trabajo ha destacado recientemente el crecimiento del PIB en un 2.6% para el año 2024 y el incremento del número de cotizantes formales, que ya supera el millón de trabajadores, atribuyendo estos resultados a las políticas económicas impulsadas por el gobierno en favor del desarrollo social. Sin embargo, aunque estas cifras pueden parecer alentadoras, es necesario analizarlas con mayor profundidad, ya que no ofrecen una imagen completa de la situación nacional. El aumento del PIB, por ejemplo, no implica por sí mismo que la población viva mejor, pues la riqueza generada no siempre se reparte de manera equitativa. Una muestra de ello es el estancamiento del Índice de Desarrollo Humano, que se mantiene en 0.678 desde 2023, lo cual demuestra que, a pesar de producir más, el país aún enfrenta serias limitaciones para garantizar condiciones de vida dignas, seguridad económica y estabilidad social a la mayoría de sus habitantes. Por otro lado, el incremento en la formalidad laboral sí ha permitido que más salvadoreños accedan a la seguridad social; no obstante, esto no garantiza necesariamente que los nuevos empleos sean de calidad. En la práctica, muchos de ellos resultan precarios, con salarios y prestaciones mínimas que no responden a las demandas actuales de la economía, especialmente frente a factores como la inflación. De hecho, la legislación laboral vigente ha quedado rezagada y, al servir de referencia para las planillas, termina consolidando esquemas de contratación que limitan la dignidad del trabajador. En consecuencia, aunque las cifras oficiales muestran una tendencia positiva, al contrastarlas con otros indicadores se evidencia que el desarrollo no ha alcanzado la profundidad necesaria para transformar de manera real la vida de la población, que continúa enfrentando dificultades para acceder a un bienestar económico y social pleno.
La situación laboral y los trabajos informales en El Salvador.
El Consejo Superior del Trabajo en El Salvador se posiciona como un ente clave en la transformación del panorama laboral del país. Uno de sus principales ejes es la transición del empleo informal al formal, en el marco de una estrategia nacional de reactivación económica impulsada por el gobierno en su segundo quinquenio. El ministro de trabajo rolando castro comentaba que el presidente ha planteado que el crecimiento económico debe ir acompañado de justicia social, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables. Que según durante esta administración, se ha alcanzado un récord histórico de más de un millón de cotizantes en el sistema de seguridad social, lo que refleja una expansión del empleo formal. Sin embargo, persiste una alta tasa de informalidad, que ronda el 45%, y representa un reto estructural compartido por toda América Latina. Y aquí se identifican dos tipos de informalidad: la de subsistencia, que incluye trabajadores excluidos del sistema financiero y que recurren a préstamos con tasas abusivas; y la informalidad voluntaria, donde algunos actores económicos evaden responsabilidades fiscales y laborales por conveniencia. También comentaba que el gobierno propone incentivos fiscales, políticas crediticias inclusivas y educación financiera, con el objetivo de integrar a los trabajadores informales al sistema formal sin que ello se perciba únicamente como una obligación tributaria. Además, se destaca la necesidad de cambiar la percepción de que formalizarse es sinónimo de pagar impuestos, y se busca mostrar los beneficios reales como el acceso a seguridad social, protección jurídica y oportunidades de financiamiento. El Consejo del Salario Mínimo ha convocado a más de 25 instituciones públicas y privadas para diseñar soluciones integrales. En las próximas semanas, se presentará un proyecto preliminar al presidente para avanzar en esta agenda de inclusión laboral y equidad económica.
Un tema que me pareció muy importante es , si hablamos de la formalidad en El Salvador, creo que el tema no puede reducirse únicamente a la diferencia entre quienes no tienen acceso al sistema financiero y quienes, aun pudiendo, deciden no formalizarse. Esa forma de verlo suena simple, pero la realidad es mucho más complicada. La informalidad, en realidad, no es solo un número en las estadísticas: para millones de personas se ha convertido en la forma más común de trabajar y sobrevivir. No se trata únicamente de que algunos trabajadores “elijan” quedarse fuera de la formalidad; detrás de esa situación está un trasfondo de desigualdades históricas, de exclusión social y de muy pocas oportunidades reales. Más del 65% de los salvadoreños trabaja en la informalidad, lo cual significa que no tienen seguridad social, estabilidad ni acceso a derechos laborales. Incluso, más del 44% de las personas mayores de 65 años sigue trabajando, y ese dato solo lo supera Guatemala. Según la OIT, la razón de esto es la necesidad de seguir generando ingresos para cubrir lo más básico, porque durante toda su vida activa tuvieron pocas oportunidades para asegurar un futuro digno. El problema es que, aunque en el discurso oficial se presenta la formalización como algo necesario y positivo, en la práctica muchos trabajadores lo ven como una carga más. Los trámites burocráticos, los costos y la poca cobertura en salud y pensiones hacen que la gente piense que registrarse y pagar impuestos no cambia realmente sus condiciones de vida. A eso se suma la exclusión financiera: solo una parte de la población adulta puede acceder a créditos en bancos, lo que obliga a muchos a recurrir a prestamistas informales que cobran intereses muy altos. Al final, la informalidad se vuelve más un mecanismo de supervivencia que una decisión voluntaria. Y si de verdad se quiere superar este problema, no bastan mesas de diálogo o reformas superficiales. Se necesita un plan más integral: simplificar los trámites, dar incentivos temporales, garantizar apoyos inmediatos y, sobre todo, crear un sistema de seguridad social que desde el primer momento haga sentir a las personas que formalizarse sí vale la pena
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que la discusión sobre el salario mínimo, debe entenderse como un componente esencial de la justicia social. Aclaró que este tema se aborda en un espacio específico: el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el cual es distinto al Consejo Superior del Trabajo. Mientras que el primero tiene como función exclusiva el análisis y ajuste de los salarios mínimos en los diferentes sectores productivos, el segundo es un órgano tripartito que aborda una agenda laboral más amplia.
El ministro subrayó que, dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, se busca que las decisiones se tomen por consenso y unanimidad, en lugar de recurrir a imposiciones. Esta práctica garantiza que tanto empleadores como trabajadores y el gobierno tengan voz y que los acuerdos sean sostenibles en el tiempo. Destacó que, en administraciones anteriores, los incrementos salariales se resolvían por mayoría simple, lo que generaba conflictos y desconfianza.
En su visión, el salario mínimo no debe considerarse únicamente como un valor económico, sino como una herramienta para redistribuir la riqueza y dignificar el trabajo. Explicó que cuando el país experimenta crecimiento económico, ese progreso no puede concentrarse solo en un sector, sino que debe reflejarse en mejoras concretas para los trabajadores y sus familias. De esta manera, el salario mínimo se convierte en un pilar para garantizar la equidad social y reducir las brechas de desigualdad.
Finalmente, insistió en que un aumento salarial bien planificado no significa pérdida para los empleadores, sino una inversión en estabilidad social y productividad. Un trabajador que percibe un ingreso justo puede vivir con dignidad, contribuir más a la economía y fortalecer el mercado interno. Así, la justicia social y el salario mínimo se presentan como elementos inseparables en la política laboral del país.
Diálogo Social y Realidad de la Fuerza Laboral en El Salvador
El Salvador ha promovido históricamente el diálogo social como un mecanismo para garantizar la participación tripartita de gobierno, empleadores y trabajadores en la creación de políticas laborales. Este diálogo se materializa principalmente a través del Consejo Superior de Trabajo y otros espacios institucionales que buscan fortalecer la formalización laboral, la protección de derechos y la negociación colectiva. Sin embargo, la implementación práctica de estas políticas enfrenta retos significativos, especialmente en un contexto donde gran parte de la población trabajadora se encuentra en situaciones informales o precarias, lo que limita su acceso a los mecanismos de representación laboral.
Aunque aproximadamente un 70 % de la fuerza laboral salvadoreña se encuentra en la formalidad, muchos trabajadores no participan activamente ni están representados en los espacios de diálogo social. La informalidad laboral, caracterizada por empleos sin contrato, horarios irregulares o movilidad constante, impide que una parte significativa de la población acceda a los derechos reconocidos en la ley y a la organización sindical. Esto evidencia una brecha entre las políticas públicas proclamadas y la realidad de los trabajadores, particularmente aquellos en sectores vulnerables como comercio informal, agricultura y servicios temporales.
La transición hacia la formalidad enfrenta múltiples barreras estructurales. En primer lugar: la educación y capacitación insuficiente limita las oportunidades de empleo formal, ya que muchos trabajadores informales carecen de habilidades técnicas o formación especializada. En segundo lugar: los costos de formalización registrar un negocio, cumplir con obligaciones fiscales y laborales pueden ser prohibitivos para micro y pequeños emprendedores. Además, la falta de acceso a crédito y apoyo financiero restringe la inversión necesaria para formalizar negocios o mejorar las condiciones laborales. La carencia de infraestructura, inseguridad jurídica y burocracia compleja genera desconfianza hacia el sistema formal, mientras que la limitada fiscalización y supervisión hace que el cumplimiento de las normas laborales sea irregular. Estas barreras estructurales hacen que la formalidad sea percibida como un “lujo” accesible solo para quienes tienen mayores recursos o estabilidad
En materia de derechos laborales : reconoce la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, y ha ratificado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen a los trabajadores de represalias por actividad sindical. No obstante, en la práctica se han reportado despidos, presiones y discriminación hacia sindicalistas, especialmente en sectores como maquila, construcción y transporte. La existencia de sindicatos y contratos colectivos no garantiza por sí misma la protección efectiva de los trabajadores organizados, y las denuncias ante organismos internacionales reflejan un desfase entre la normativa nacional y los estándares internacionales. Esto evidencia que, aunque los derechos estén reconocidos formalmente, su efectividad depende de una supervisión institucional sólida y de la voluntad política de garantizar la protección real de los trabajadores.
El Análisis de la realidad laboral en El Salvador muestra un desfase entre las políticas de diálogo social y la experiencia de los trabajadores, especialmente los informales. La formalización laboral está limitada por barreras estructurales como costos, educación, acceso a crédito y supervisión insuficiente, mientras que la libertad sindical y la negociación colectiva enfrentan desafíos en su implementación efectiva. Para reducir esta brecha, se requieren incentivos claros, fortalecimiento institucional y mecanismos de protección efectivos, asegurando que las políticas no queden únicamente en el papel, sino que se traduzcan en derechos y beneficios reales para todos los trabajadores, contribuyendo así a un mercado laboral más justo, inclusivo y equitativo.
Nuestro marco legal ,el código de trabajo ,con reformas recientes para adaptarse a estándares internacionales , obligación de contratos escrito , inscripción en MPTS y ISS,registro de empresas ,entre otras legalidades que han sido parte fundamental para el crecimiento de la formalidad en nuestro país.
La formalidad laboral ha tenido a lo largo de la historia Muchas críticas debido a la lentitud con la que ha sido desarrollado ,Puesto que hablar de formalidad laboral se nos viene a mente " paga de más impuesto " como lo menciona el Diálogo del vídeo Jueves 04 de septiembre. La tendencia de crecimiento en formalidad laboral ha tenido un crecimiento sostenido desde la caída causada por COVID-19 Recordemos que para ese entonces ,la formalidad de trabajo fue un tema muy delicado puesto que las circunstancias nos obligan a abandonar inmediatamente las oportunidades laborales formales debido ala gravedad de salud que se encontraba el país ,de Shi surgió muchas oportunidades laborales pero INFORMARLES,por ejemplo los trabajadores a domicilio que cave mencionar que estos en nuestra legislación genera un acto de discriminación a estos y debería considerarse una posible reformas a esa mención sobre el trabajador a domicilio. Volviendo al tema de ha logrado recuperar un poco la formalidad laboral en nuestro país ,con nuevos reglamentos , y mejoría en contratos ,que esto hace que sea posible la mejoría del trabajador, puesto que cuando el trabajador formal ,cuando la relación formal es formal ,el trabajador tiene derechos claramente reconocidos. Por ejemplo : 1) protección legal y judicial ,derecho a reclamar derechos laborales,salarios , indemnización etc. 2) Derechos colectivos como sindicatos ,contrato colectivo de trabajo etc.
Todo esto aún se encuentra un poco deficiente pero ha comparación de años anteriores , actualmente hemos observado un incremento en la formalidad laboral.
La instalación de la nueva agenda del Consejo Superior de Trabajo es un paso crucial. Este consejo, compuesto por representantes de empleadores, trabajadores y el gobierno, es el foro principal para la negociación y el diálogo social en materia laboral. La agenda debe abordar los desafíos actuales del mercado laboral salvadoreño, como el desempleo, la informalidad, la precariedad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Es fundamental que esta agenda se centre en la creación de empleos de calidad, la promoción del trabajo decente y la mejora de las condiciones laborales.
La situación laboral en El Salvador presenta retos significativos. La tasa de desempleo, aunque ha mostrado fluctuaciones, sigue siendo alta. La informalidad laboral es predominante, lo que implica que muchos trabajadores carecen de protección social y derechos laborales básicos. Además, la precariedad laboral, caracterizada por salarios bajos, contratos temporales y falta de seguridad en el empleo, es una realidad para muchos salvadoreños.
La relación entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos y los sindicatos es esencial para abordar estos desafíos. La OIT proporciona normas internacionales del trabajo, asistencia técnica y apoyo a los países miembros. Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear un marco legal y político favorable al trabajo decente. Los sindicatos, por su parte, deben defender los derechos de los trabajadores y negociar condiciones laborales justas. La colaboración entre estos actores es fundamental para lograr avances significativos en materia laboral.
Rolando Castro, como Ministro de Trabajo, ha expresado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y la promoción del diálogo social. Es importante que sus acciones se traduzcan en políticas concretas que beneficien a los trabajadores y contribuyan al desarrollo económico del país. Los programas de migración laboral, si se gestionan adecuadamente, pueden ofrecer oportunidades para los trabajadores salvadoreños, pero también deben proteger sus derechos y evitar la explotación laboral, la instalación de la nueva agenda del Consejo Superior de Trabajo es una oportunidad para abordar los desafíos laborales de El Salvador. La colaboración entre la OIT, el gobierno, los sindicatos y la sociedad civil es esencial para lograr un mercado laboral más justo y equitativo.
1. Derecho al trabajo y al sustento
El testimonio de Ángel Flores revela que comunidades campesinas, con décadas de residencia y trabajo en la franja costera, han visto destruidas sus tierras agrícolas, bosques y fuentes de agua.
Esto implica una afectación directa al derecho al trabajo y al sustento, pues muchas familias dependían de esas parcelas para la agricultura, la ganadería y actividades productivas básicas.
La destrucción de 400 manzanas de tierra cultivable y la pérdida del bosque tropical seco eliminan empleos rurales, lo que configura un despido indirecto colectivo de hecho, ya que el Estado, al permitir estas obras sin garantías, rompe la relación entre el trabajador campesino y su fuente laboral.
Libertad sindical y criminalización (art. 47 Cn. y Convenios OIT 87 y 98)
El señalamiento de que al menos nueve miembros de la organización comunitaria están siendo investigados por la Fiscalía se interpreta como una forma de persecución antisindical y de criminalización de la defensa de derechos laborales y territoriales.
Esto vulnera los estándares de la OIT que obligan al Estado a garantizar la libertad sindical y proteger a quienes ejercen liderazgo comunitario y laboral, pues estas organizaciones cumplen funciones equivalentes a sindicatos rurales, debido que en la realidad del país no existe Estado de derecho, todo es una cortina de humo, las organizaciones que tienen la facultades para velar por los derechos de los trabajadores estan siendo violentada en todo sentido, los sindicatos ya no poseen esa garantía de velar y salvaguardar derechos de los trabajadores por que en la actualidad tantas nuevas reformas la implementan con alevosía para siempre mantener la cupula del poder en ciertas personas y asi no se pueda cumplir la democracia y mucho menos los derechos fundamentales, derecho al trabajo, derecho a la libertad de asociación etc...
Falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT, aunque no ratificado, y principios internacionales de la OIT) Se evidencia que los proyectos no fueron consultados previamente con las comunidades. En el ámbito laboral, esto vulnera el principio de participación de los trabajadores en decisiones que afectan su fuente de empleo, lo cual es un estándar internacional que El Salvador está llamado a respetar, aunque no haya ratificado el C169. Promesas incumplidas del Estado como empleador indirecto El Estado, a través de CEPA y otras instituciones, prometió compensaciones económicas, vivienda y reactivación productiva, pero no cumplió. Esto puede calificarse jurídicamente como un incumplimiento de deberes laborales de protección (similar a la figura del empleador que despide sin pagar indemnización). El Estado se convierte en empleador indirecto al desplazar trabajadores de sus medios de vida y tiene la obligación de garantizar medidas de compensación y reubicación laboral. Desde el ángulo jurídico–laboral, la situación descrita constituye una violación sistemática del derecho al trabajo, a la libertad sindical y a condiciones dignas de empleo rural. El Estado salvadoreño incumple tanto normas constitucionales como compromisos internacionales en materia laboral, al permitir desplazamientos forzados sin garantías, la criminalización de defensores comunitarios y la pérdida del sustento campesino sin indemnización ni reubicación productiva.
Desde el punto de vista de la libertad sindical el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presenta la libertad sindical como un logro del gobierno de Bukele, destacando la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST) para promover un tripartismo "legítimo" y criticando a sindicatos independientes por supuesta "anarquía" o vínculos con la ANEP (discurso CST, septiembre 2025). Exalta medidas como credenciales sindicales y convenios colectivos, alineadas con el Convenio OIT 87, como avances contra la corrupción sindical histórica.
Sin embargo, esta narrativa es refutada por otras fuentes. La OIT señala que El Salvador, dentro del 92% de países latinoamericanos, restringe registros sindicales y, en el 88%, vulnera el derecho a huelga; desde 2019, disolvió 50 sindicatos públicos y despidió 500 líderes. El régimen de excepción agrava la criminalización de protestas.
Entrevistas a sindicalistas como Idalia Zúniga revelan despidos masivos de docentes por exigir mejores salarios, ignorando el fuero sindical. Ángel Flores (Radio JGM, julio 2025) denuncia persecución a movimientos indígenas-laborales, comparándola con represión política. Medios como La Prensa Gráfica documentan una "extinción" de la libertad sindical mediante violencia estatal.
Jurídicamente, se violan los Convenios OIT 87 y 98, el Artículo 47 de la Constitución de la república y el Código de Trabajo (arts. 204-261). El "tripartismo" de Castro fomenta un sindicalismo estatal que legitima la precariedad, sustituyendo autonomía por control. En síntesis, la libertad sindical proclamada es una fachada que encubre represión, debilitando el tripartismo y perpetuando inequidad laboral bajo un régimen autoritario.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo Rolando Castro, sobre el diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores, suenan bien, pero hay que analizarlas con calma la creación del Consejo Superior del Trabajo es un paso importante para que todos puedan dar su opinión, pero aún no está claro si servirá para mejorar las condiciones laborales del país un problema que sigue sin resolverse es la alta cantidad de personas que trabajan en el sector informal, es decir, sin seguro social ni derechos laborales aunque se ha dicho que quieren cambiar eso, es necesario ver si realmente harán algo para lograrlo también se ha hablado de que ha aumentado el empleo formal, lo cual es bueno, pero no basta con tener trabajo, también importa que las condiciones sean justas algunas propuestas como dar beneficios a las empresas que formalicen a sus empleados o capacitar a los trabajadores suenan bien, pero deben aplicarse bien para que no solo ganen los empresarios además, la educación financiera puede ayudar a que los trabajadores conozcan sus derechos, pero hay que ver si estos programas realmente funcionan. Otro tema importante es que se mencionó que en el año 2040 se acabará el bono demográfico, es decir, que habrá menos jóvenes trabajando esto debe tomarse en serio y planificar desde ya cómo enfrentar ese cambio aunque lo que dijo el Ministro suena prometedor, es necesario que el gobierno actúe de verdad, protegiendo los derechos de los trabajadores, sobre todo los del sector informal también sería bueno que se publiquen más datos para saber si las políticas están funcionando y si realmente están beneficiando a la mayoría, lo primordial para el Ministerio de Trabajo debe ser velar por cumplir los derechos de los trabajadores por vigilar que nada les falte.
La reactivación económica que se pretende lograr debe involucrar políticas fiscales y monetarias con el efecto de promover la inversión y, como tal, esa transición del sector informal hacia el sector formal del trabajo, en la búsqueda de un desarrollo económico sostenible, debe, en la medida en que se genere tal cambio, facilitar a los trabajadores del sector informal y, en esencia, a la informalidad por subsistencia, los medios para lograr dicha transición, sin que esto implique una afectación para dicho sector, pues esto dejaría de lado el objetivo, que es la protección social y laboral, así como una mejor economía. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), el aumento del trabajo informal en años anteriores fue del 9,89%, y teniendo en cuenta que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en total, un 69% de los trabajadores pertenecen al sector informal, para lograr una mejora en tal transición es necesario dar cumplimiento a los principios del derecho laboral, como lo son el de progresividad y primacía de la realidad, con el efecto de garantizar que ese cambio al sector formal sea de total beneficio para los trabajadores, generando como resultado mejores condiciones de vida, así como una economía próspera.
El ministro Castro pinta un panorama esperanzador sobre el trabajo infantil, diciendo que se ha eliminado en sectores como la caña de azúcar y la construcción, y que ahora van por los manglares, donde niños recolectan curiles por casi nada. Suena a un esfuerzo grande, con empresas y gobierno trabajando juntos. Pero al revisar los datos y otras voces, la realidad parece menos brillante. Mas de 70 mil niños están atrapados en trabajos peligrosos, un 6% mas que el año pasado. Siete de cada diez niños enfrentan riesgos como el sol, químicos tóxicos o máquinas pesadas que pueden herirlos de por vida. Los varones suelen estar en el campo o el comercio, mientras las niñas se pierden en labores domésticas, cuidando a otros sin que se reconozca como trabajo, robándoles la infancia y la escuela. Voces como la de Ludin Chávez, de Save the Children, insisten en que la pobreza empuja a las familias a esto, y sin apoyo real, como mejores escuelas o créditos accesibles, los avances son puro ruido. Informes internacionales confirman que faltan inspectores y recursos para atacar el trabajo informal, donde se esconde lo peor. El Consejo Superior del Trabajo, con su diálogo tripartito, debería garantizar los derechos laborales de estos niños, pero parece más enfocado en mantener contentos a los empresarios para no ahuyentar inversiones. Como salvadoreños, fallamos si no aseguramos que crezcan jugando y estudiando, no trabajando para sobrevivir. Los anuncios no bastan; urge acción de fondo para que esos 70 mil niños dejen de ser un número.
Consejo Superior de Trabajo El Ministro informó que ya fue juramentado e instalado el Consejo Superior de Trabajo, un espacio tripartito que reúne a gobierno, empleadores y trabajadores para impulsar diálogo social y definir rutas de acción a corto plazo. Se rompieron barreras históricas a través de procesos de formación y capacitación que ayudaron a superar la desconfianza entre sindicatos y empresarios. Castro subrayó que empresas y trabajadores son interdependientes: sin empleadores no hay empleo, y sin empleo no hay sindicatos. Además, recordó que la Constitución garantiza la libertad sindical.
Situación laboral y reactivación económica El Ministro explicó que el crecimiento económico debe traducirse en justicia social y beneficios para los sectores más vulnerables, no solo en cifras macroeconómicas. Destacó que en 2025 el país superó el millón de cotizantes en el sistema formal, lo que refleja una mayor formalización del empleo. El Consejo Superior de Trabajo es el espacio clave para articular estos avances y crear incentivos para que más empleadores se formalicen.
Relación con la OIT y fortalecimiento sindical Castro abordó los esfuerzos por ampliar los plazos y facilitar los registros sindicales, para que las organizaciones tengan tiempo de planificar estrategias a largo plazo. También habló de la necesidad de romper la estigmatización del sindicalismo, que en el pasado fue criminalizado o manipulado políticamente. Hoy se busca un sindicalismo independiente, no atado a partidos políticos, centrado en la solidaridad y la defensa colectiva de los trabajadores.
Programas de migración laboral Finalmente, el ministro presentó el programa de movilidad laboral, que pretende generar empleos temporales formales y seguros en el extranjero, con convenios de cooperación internacional para proteger los derechos y condiciones laborales de los Salvadoreños
Rolando Castro habla con entusiasmo del aumento del salario mínimo a 408 dólares en 2025, presentándolo como un logro del “milagro económico” que busca justicia social y equidad pinta un panorama de acuerdos unánimes en el Consejo Nacional del Salario Mínimo como si todos estuvieran contentos y dice que esto fortalece el poder adquisitivo de los vulnerables pero la realidad parece menos colorida La verdad es que ese aumento llegó tarde después de años sin ajustes (el último significativo fue en 2021, cuando se fijó en 365 dólares para industria y servicios) mientras la vida se ha encarecido la comida, el transporte y la vivienda han subido tanto que el salario apenas alcanza para lo básico: la canasta básica urbana alcanzó los 262 dólares en junio de 2024 el nivel más alto histórico y para noviembre de ese año se situaba en 244 dólares, insuficiente para cubrir necesidades de una familia promedio de 3.7 miembros esto deja fuera cosas esenciales como salud , hay quienes dicen que la pobreza sigue apretando (la tasa subió al 30.3% en 2023, afectando a 1.8 millones de salvadoreños), y que este salario, aunque suba, no saca a las familias del hoy además economistas y sindicalistas señalan que el aumento puede sonar bonito, pero no responde a lo que cuesta vivir, con una inflación acumulada del 1.2% en 2025 hasta agosto algunos trabajadores piden un salario mayor, porque este no cubre sus necesidades otros advierten que las pequeñas empresas, sin apoyo, podrían hundirse El gobierno celebra acuerdos, pero parece olvidar que la justicia social no es solo un número en el salario si no se ataca lo que encarece la vida, esto es como poner un curita en una herida grande sin cambios profundos, la equidad del ministro suena más a discurso que a realidad.
Considero que es importante hablar sobre La transición de la informalidad a la formalidad laboral. La narrativa del Ministro de Trabajo presenta la formalización como un eje central de la agenda del Consejo Superior del Trabajo, destacando los avances en la afiliación al sistema de seguridad social y la necesidad de brindar incentivos fiscales y crediticios a los sectores de subsistencia . Sin embargo, contrastando esta visión con datos estadísticos, entrevistas y reportes periodísticos, surgen matices críticos.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2023), cerca del 45% de la población ocupada permanece en el sector informal. Esto implica que casi la mitad de los trabajadores no accede a seguridad social ni a estabilidad laboral, reproduciendo la desigualdad. A pesar del discurso oficial, estudios de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo) señalan que la informalidad no responde únicamente a “falta de voluntad” de los pequeños comerciantes, sino también a la ausencia de políticas públicas integrales que reduzcan costos de registro y garanticen protección social mínima.
Entrevistas a vendedores del sector informal en San Salvador publicadas por medios como El Diario de Hoy muestran resistencia a formalizarse por el temor a perder ingresos inmediatos frente a una burocracia percibida como lejana y poco confiable. Esto contrasta con la narrativa ministerial que plantea la formalización como una oportunidad automática de progreso.
En este marco, el reto jurídico-laboral es diseñar un sistema que distinga claramente entre informalidad de subsistencia y evasión empresarial, aplicando incentivos diferenciados. Una legislación laboral más inclusiva debe articular la libertad sindical con acceso real a crédito y seguridad social, evitando que la formalidad sea solo sinónimo de más impuestos. La transición hacia la formalidad requiere no solo voluntad política, sino un rediseño de las instituciones laborales y fiscales, donde la equidad sea el principio rector.
Impacto de las políticas laborales actuales en la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores en El salvador. Considero que, al evaluar el impacto de las políticas laborales vigentes en el empleo y el bienestar de los trabajadores en el país, es importante verlo desde una perspectiva realista y critica, estas políticas aspiran a proteger los derechos de los trabajadores, pero en la práctica se quedan cortas. Un aspecto preocupante es el salario insuficiente, que no logra mantener el ritmo o el crecimiento del costo de vida, esta situación compromete la capacidad de los trabajadores para suplir sus necesidades básicas esto implica una afectación de su bienestar y el de sus familias. De igual manera es muy evidente la existencia de empleos precarios que se caracterizan por su falta de seguridad social, tales como la ausencia de seguros médicos, vacaciones remuneradas, contratos laborales inestables, esto genera inseguridad ante los trabajadores quienes son los que enfrentan a estas incertidumbres sobre el desarrollo laboral. De igual manera es muy notoria la desigualdad de oportunidades en el acceso de empleos de calidad en los cuales se pueda tener una satisfacción de todas las necesidades que tienen las personas, mayormente personas que carecen de un alto nivel académico que a pesar de poseer habilidades se ven privados de oportunidades laborales justas en base a su desempeño. Por lo que considero que es necesario que el gobierno realice revisiones exhaustivas de las políticas laborales existentes ya que no solo basta con generar empleos si no que es fundamental asegurar que estos sean de calidad, ofreciendo salarios justos y en condiciones de trabajo dignas ya que el bienestar de los trabajadores es fundamental para el buen desempeño de los mismos y el progreso del país.
En la realidad laboral de nuestro país recientemente mas del 66% de la población se desempeñaba dentro del rubro informal, de lo cual podemos sostener el entendimiento que la mayoría carece de representación sindical efectiva y esto debilita la función esencial de los sindicatos, facilitando la desnaturalización de estos. Frente a dicho panorama se suman medidas estatales como la eliminación de alrededor de 400 plazas en Soyapango con la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Solidos que muestran como ciertas decisiones administrativas afectan la estabilidad laboral y dejan a los sindicatos sin margen de acción real. Frente a dicha realidad es de mencionar que el discurso oficial sostiene que los conflictos deben ser solucionados exclusivamente desde el ámbito interno lo cual se contrapone a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador con la ratificación y reconocimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT que garantizan la libertad sindical y a su vez el derecho de recurrir a las instancias internacionales. Dichos elementos anteriormente mencionados reflejan que las organizaciones sindicales enfrentan un debilitamiento que los convierte en actores meramente formales, que no cuentan con un catalogo amplio para la defensa de forma efectiva de los derechos laborales.
Empleo Formal e Informal El Ministerio de Trabajo lo señala como un logro, ya que luego de superar por primera vez en la historia la matrícula del millón en el Seguro Social de los trabajadores formales en el país, este dato se ha presentado como un síntoma de reactivación económica y también progresismo social. Sin embargo, esta es una narrativa oficial que debe ser cuestionada a la luz de fuentes internacionales y también de la realidad sindical de la nación. Para el Banco Mundial y la CEPAL, la recuperación post-pandemia sumada al crecimiento económico de 2024 muestran una cifra del 2.6 por ciento, insuficiente para el requisito de una empleabilidad formal sostenida. La Encuesta de Hogares arroja que más del 65 por ciento de la población ocupada continúa en el sector informal, es decir, realizando labores de subsistencia laboral y sin acceso a la seguridad social. Es decir, mientras los números del trabajo formal presentan una ausencia de aumento de su alcance en cuanto a los trabajadores se refiere Este contrate se recrudece si se considera la situación del sector público. Informes de Human Rights Watch y Amnistia Internacional levantan actas de arbitrariedades en los despidos de sindicalistas y dirigentes sindicales, particularmente en la salud y la educación. Lejos de de la promoción del diálogo social, tales activismo son tácticas por desmembrar la organización colectiva. En términos del derecho colectivo del trabajo, ello se traduce en violaciones graves de la libertad sindical y la negociación colectiva, ambos principios protegidos por la OIT.
En su entrevista, el Ministro de Trabajo resaltó que en El Salvador el 66.5 % de los trabajadores se encuentran en la informalidad, y que la meta es reducir esa cifra con medidas como el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Aunque ya se superó el millón de cotizantes en el empleo formal, la creación de nuevos puestos ha perdido fuerza: hasta agosto de 2024 solo se sumaban en promedio 1,524 empleos mensuales, un número bajo frente a años anteriores.
Además, informes del Banco Mundial y la OCDE señalan que muchos de esos trabajos formales no ofrecen salarios dignos ni beneficios reales, por lo que la formalidad termina siendo más un trámite que una mejora para los trabajadores. Aunque en décadas pasadas hubo avances en la reducción de la desigualdad y en los ingresos de los hogares más pobres, tras la pandemia esos logros se han detenido o incluso retrocedido. Persisten además problemas de fondo como la falta de acceso a educación, salud y vivienda, lo que limita que la formalidad genere verdaderas oportunidades.
Por eso, no basta con aumentar el número de cotizantes. La formalidad debe ir acompañada de empleos de calidad, con salarios que alcancen para el costo de vida, estabilidad laboral, protección social y respeto de derechos. De lo contrario, el concepto de formalidad corre el riesgo de vaciarse de contenido. También es importante reconocer que la informalidad golpea más a mujeres, jóvenes, personas con menos estudios y poblaciones rurales. Para que la formalización sea justa, las estrategias deben considerar estas desigualdades y ofrecer apoyos diferenciados.
La visión del Ministro reconoce un problema real, pero los datos muestran que la solución no solo depende de sumar empleos formales, sino de garantizar que sean inclusivos y de calidad.
El ministro de trabajo Rolando castro ,hablo en una entrevistad sobre un tema muy importante que estan trabajando en el proyectod de pasar de la informalidad a la formalida,se estad trabajando dentro del consejo nacional del salario minimo,y el consejo superior del trabajo ,busca abordar la alta tasa de informalidad del pais (cerca 70%) de la poblacion economicamente activa .Dicho proyecto propone crear un sistema mas accesible para los trabajadores independientes y microempresarios ,lo cual se puede mencionar alguno de ellos acceso a beneficios ,prestaciones sociales ,como seguro social ,pensiones ,vacasiones ,creditos formales .Dicho proyecto ha tenido participaciones de las gremiales empresariales que representan el 95% del tejido productivo y de fedaraciones sindicales legalmente constituida.pero dicha informalida en nuestro pais se da como una respuestad a la faltad de empleo ,dicha transcision de lo informal a la formalida afectara de manera desproporcionada a los hogares mas pobres ,la formalida debe ir acompañada de una reforma fiscal progresiva que reduzca la carga sobre los pequeños negocios y los trabajadores de bajos ingreso; ya que si no se hace los impuesto como el IVA afectara a los hogares mas pobres .En si se puede decir que dicho proyecto se centra en la promocion de los beneficios de la formalidad y no en un enfoque punitivo ,deberia de buscarce la colaboracion con expertos de la organizacion internacional del trabajo ,no solo centrarce (CST) como un organo de decision con el criterio de unanimidad .
Uno de los temas que es importante señalar y que menciono el Ministro de Trabajo en la entrevista, es sobre un aumento del PIB anual(+2,6%-2024) y de el número de trabajadores formales(1,013,167 cotizantes) que se ha venido dando en los últimos años, menciona el, que es debido a la estrategia y medidas político-económica que ha tomado el gobierno, en pro del desarrollo social; pero habría que entender tales datos y saber que no ofrecen una perspectiva completa de la realidad
ResponderEliminarEl PIB ha aumentado, pero esto no significa por si solo una mejora, y es que se debe considerar que de lo que se produce, la distribución de la renta no es muy igualitaria en la población, para esto podemos utilizar otros indicadores como el IDH(0.678) el cual se ha quedado estancado desde el 2023 a pesar de haber una mejora en la seguridad social, este último indicador denota que a pesar de que el país produzca mas, se sigue careciendo de un nivel de vida digno, en donde no se llega a una seguridad económica y social decente.
El aumento de trabajadores formales significa a su vez que mas personas gozan de seguridad social, pero habría que ver la realidad de tales trabajos, ya que si bien son mas, no garantiza automáticamente que sean mejores, al contrario, son precarios en sus condiciones y menoscaban la dignidad del trabajador; y es que es deducible que las condiciones mínimas establecidas en la ley, han quedado obsoletas por el dinamismos de la economía como lo es el ejemplo de la inflación, y es de estas prestaciones mínimas en que los empleadores basan sus planillas para contratar, esto hace dicho empleo precario frente a las necesidades emergentes del día a día del común de la zoociedad salvadoreña.
Libertad sindical y diálogo social (el rol del Consejo Superior del Trabajo y las declaraciones del Ministro Rolando Castro).
ResponderEliminarEl ministro Rolando Castro presenta como logros centrales la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST), el impulso al “diálogo social tripartito” y la afirmación de que cumple las normas de la OIT y está preparado para sustentar sus informes ante organismos internacionales. En sus comunicados y entrevistas públicas el Ministerio resalta además programas de formalización y mediación laboral.
• Informalidad alta: estudios y análisis del Banco Mundial y del propio MTPS muestran que la informalidad afecta a una gran parte de la fuerza laboral —en 2023 se estimó alrededor del 60–65% de trabajadores en condiciones informales—, lo que reduce el universo efectivo donde operan sindicatos y negociación colectiva.
• Baja densidad sindical y cobertura de negociación colectiva: indicadores internacionales e informes de la OIT registran tasas muy bajas de afiliación y cobertura por convenio (valores reportados en torno a 4–6% en mediciones recientes), lo que limita la representatividad del diálogo “tripartito” si no se atiende la representatividad real.
• Denuncias y despidos de dirigentes: organizaciones sindicales y medios han documentado cientos de despidos de dirigentes y trabajadores vinculados a la acción sindical; sindicatos han llevado denuncias ante la OIT. Ese fenómeno es recurrente en la narrativa de actores sociales críticos.
• Señalamientos de organismos internacionales y ONG: la OIT cuestionó públicamente al gobierno sobre libertades sindicales y la existencia de persecución/estigmatización contra actores sindicales; además, informes y ONG internacionales han documentado casos concretos de hostigamiento y restricciones al espacio cívico.
• Casos concretos en la prensa y auditorías independientes: investigaciones como las del Worker Rights Consortium y notas periodísticas documentan despidos y prácticas antisindicales en empresas específicas, lo que prueba que la problemática no es solo retórica.
Recomendaciones (síntesis)
• Transparencia pública y auditoría independiente de la conformación y actas del CST.
• Reinstauración y reparación en casos probados de despido por actividad sindical; fortalecimiento de inspección laboral.
• Estrategias de formalización con enfoque en protección social y acceso real a negociación colectiva (no solo registro de empleos
El tema que me parece más interesante es La Reactivación Económica y Empleo Formal: El Eje Central
ResponderEliminarEn la entrevista, el ministro Rolando Castro pone mucho énfasis en que la meta del gobierno es una "reactivación económica con justicia social". Él lo presenta como el logro principal de su gestión, incluso dando un dato concreto: haber superado el millón de cotizantes al sistema de seguridad social, algo que, según él, demuestra el crecimiento del empleo formal.
El punto es que él no habla de esto como un tema aislado, sino que lo usa como el resultado o la razón de ser de todas las otras acciones de las que habla:
El Consejo Superior del Trabajo: El ministro dice que este consejo, donde se sientan gobierno, trabajadores y empresarios, es la herramienta clave para lograr esa reactivación. La idea es que al dialogar se resuelven problemas y se genera confianza, lo que lleva a más inversión y, por ende, a más empleos formales y estables. El consejo no es un fin en sí mismo; es el medio para alcanzar la meta económica y social.
Programas de Migración Laboral: Cuando habla de estos programas para enviar trabajadores a países como Estados Unidos o Canadá, lo relaciona directamente con la formalización del empleo. Estos trabajos son "formales, temporales y bien pagados", lo que no solo beneficia a los trabajadores y a sus familias con remesas, sino que también contribuye indirectamente a la economía del país. Es como una estrategia para diversificar y fortalecer la fuerza laboral salvadoreña, dándole opciones formales tanto dentro como fuera del país.
Combate al Trabajo Infantil: Al mencionar que han reducido el trabajo infantil en sectores como la caña de azúcar, el ministro lo vincula con la formalización. Eliminar el trabajo de los niños es un paso necesario para asegurar que los empleos sean para adultos y se realicen en condiciones seguras y formales. Es la parte de "justicia social" de la reactivación, asegurando que el crecimiento no se base en la explotación.
La narrativa del ministro sobre el aumento del empleo formal es el hilo conductor que une todos los demás temas. El Consejo Superior del Trabajo, los programas de migración y la lucha contra el trabajo infantil no son temas separados, sino que son distintas piezas del mismo plan para lograr un crecimiento económico que, según su versión, es justo y beneficia directamente a la gente. Todo lo que hace la cartera de trabajo parece estar diseñado para alcanzar esa meta.
La libertad de expresión de los sindicatos.
ResponderEliminarActualmente se observa con preocupación que el Estado busca limitar la libertad de expresión de las organizaciones sindicales, especialmente en lo que respecta a su comunicación con organismos internacionales. Esta situación atenta contra el derecho fundamental que tienen los sindicatos de denunciar abusos laborales y defender los derechos de los trabajadores, sin necesidad de someter sus comunicaciones a examen previo de ninguna entidad gubernamental. La legislación del país contempla en uso del artículo 6 inciso primero de la Constitución dispone: «Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que, haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderá por el delito que cometan, este precepto constitucional garantiza la libre expresión no solo a nivel individual, sino también colectivo, como es el caso de las organizaciones sindicales. Por tanto, resulta inconstitucional cualquier intento de limitar o condicionar la labor de los sindicatos en la difusión de información sobre violaciones a los derechos laborales, el actual Ministro de Trabajo ha sostenido que los conflictos laborales deben resolverse dentro del territorio nacional, sin intervención externa.
Esta postura contrasta con la falta de acción del propio ministerio ante denuncias claras de violaciones a los derechos laborales, como lo demuestra el caso de la eliminación de más de 400 plazas en Soyapango, tras la entrada en funciones de la Autoridad Nacional de Desechos Sólidos (ANDRES) en San Salvador Este. este tipo de acciones vulnera principios fundamentales del derecho al trabajo, como la estabilidad laboral, y refuerza la necesidad de que los sindicatos puedan recurrir a instancias internacionales, especialmente cuando las instituciones nacionales se muestran indiferentes o cómplices ante los atropellos, debemos de saber que , cualquier intento de restringir la voz de los sindicatos o su capacidad de denuncia ante organismos internacionales constituye una regresión en materia de derechos humanos y laborales, y debe ser rechazada enérgicamente. El respeto a la libertad de expresión, consagrado en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado, no puede ser negociable.
El tema de la libertad de expresión de los sindicatos es importante porque estos grupos representan a los trabajadores y necesitan decir lo que piensan sobre sus condiciones laborales. Si no pueden expresarse libremente, entonces tampoco pueden defender bien los derechos de los empleados.
ResponderEliminarEn nuestro pais, aunque la Constitución reconoce la libertad de expresión, muchas veces los sindicatos encuentran obstáculos para ejercerla. En las noticias hemos visto casos donde dirigentes sindicales han sido señalados o incluso sancionados por criticar decisiones de las instituciones o por organizar protestas. Esto genera miedo entre los trabajadores y hace que algunos prefieran guardar silencio en lugar de denunciar injusticias.
La libertad de expresión de los sindicatos es necesaria para que exista un verdadero diálogo entre trabajadores y empleadores. Si los sindicatos no pueden hablar con libertad, entonces la negociación colectiva se convierte en un proceso débil y poco transparente. Además, limitar lo que un sindicato puede decir no solo afecta a sus dirigentes, sino también a todos los trabajadores que representan.
Creo que la solución está en que las instituciones respeten más este derecho y que los mismos trabajadores se informen sobre su importancia. Si se garantizara plenamente la libertad de expresión sindical, habría más confianza, mejores acuerdos y menos conflictos en el ámbito laboral.
En conclusión, este tema no solo tiene que ver con leyes, sino también con la práctica diaria: que los sindicatos puedan expresar lo que viven y lo que necesitan sin temor a represalias.
ResponderEliminarCritica en base al video Jueves 04 de septiembre | Iniciamos con Diálogo 21
EL DIALOGO SOCIAL vs LA REALIDAD DE FUERZA DE TRABAJO
En el video se valoriza la creación de espacios como el consejo superior de trabajo, y se pretende que dialogo tripartito promueve la formalidad, protección de derechos etc. pero si un 70% de la población ocupada trabaja en la formalidad, muchos de esos trabajadores no están representados en los espacios de dialogo social.
Jurídicamente, la libertad sindical, el derecho de asociación y la participación en las instituciones laborales reconocidas (públicas, privadas) presupone que los trabajadores estén identificados, localizados, que haya medios para organizarse. Un informal que trabaja sin contrato, en un puesto no fijo, a veces por horas, puede no tener acceso efectivo a esos mecanismos. Esto genera una brecha entre lo que se proclama como política pública institucional, y lo que realmente se vive en los márgenes del empleo informal
PROMESAS DE FORMALIZACION Y PROTECCION FRENTE A OBSTACULOS ESTRUCTURALES
El video menciona como prioridad la transición de la informalidad a la formalidad. Pero los datos muestran que esa transición es lenta, y que la informalidad tiene raíces profundas: educación insuficiente, costos de formalización, falta de acceso a crédito, carencia de infraestructura o seguridad jurídica, desconfianza de los pequeños negocios. En derecho laboral, formalización implica obligaciones para empleadores: seguridad social, prestaciones, cumplimiento de normas de higiene, salud, jornada, etc. Si no hay incentivos efectivos y sanciones o mecanismos de supervisión robustos, la formalidad puede seguir siendo el "lujo" de pocos.
LIBERTAD SINDICAL, NEGOCIACION COLECTIVA Y DERECHOS ADQUIRIDOS
En la entrevista se menciona el fortalecimiento del diálogo social y nuevos contratos colectivos. No obstante, hay denuncias de que sindicalistas han sido despedidos o presionados. Esto sugiere que, aunque formalmente existan sindicatos y contratos, no siempre se garantiza efectividad del derecho sindical ni la protección real de quienes se organizan.
Jurídicamente, los convenios de la OIT que El Salvador ha ratificado (o debería ratificar) establecen no solo el derecho a organizarse sino a no sufrir retaliaciones, despidos o discriminaciones por actividad sindical. Si hay denuncias ante la OIT, eso significa que hay desacuerdo entre la implementación nacional y estándares internacionales.
En su intervención, el Ministro Rolando Castro destacó la reactivación del Consejo Superior del Trabajo y el impulso al “diálogo social tripartito”. Según él, El Salvador cumple las normas de la OIT y está listo para defender sus informes en foros internacionales. A primera vista, esto suena como un logro importante para el país, porque da la idea de que hay apertura y fortalecimiento institucional.
ResponderEliminarPero cuando se comparan esas afirmaciones con la realidad, se notan varias contradicciones. Por ejemplo, el Banco Mundial y el mismo Ministerio de Trabajo señalan que más del 60% de la población trabajadora sigue en la informalidad. Eso significa que la mayoría de personas no accede a sindicatos, negociación colectiva ni protección efectiva. Además, la densidad sindical es muy baja: informes de la OIT calculan apenas entre un 4% y un 6% de afiliación. Entonces, aunque exista el diálogo tripartito, no se puede decir que es representativo si la mayoría de trabajadores queda fuera. A esto se suman las denuncias de despidos y hostigamiento contra dirigentes sindicales.
Estos casos, documentados por medios, ONG y la propia OIT, muestran que la libertad sindical todavía enfrenta serios obstáculos. Así, el discurso de respeto a estándares internacionales choca con prácticas que limitan los derechos colectivos. Desde una mirada crítica, lo más urgente es dar transparencia al CST, publicar sus actas y garantizar que realmente participen actores representativos. También es clave reinstalar a trabajadores despedidos por actividad sindical y fortalecer la inspección laboral, igualmente, la formalización no debe limitarse a cifras de empleo, sino que debe garantizar acceso real a negociación colectiva. Solo así el discurso oficial podrá convertirse en avances efectivo para la clase trabajadora salvadoreña.
Discurso Oficial VS La Realidad Sindical
ResponderEliminarAl analizar la realidad sindical en El Salvador, se evidencia una clara contradicción entre el discurso oficial y las prácticas reportadas en la sociedad. En la entrevista, el Ministro de Trabajo Rolando Castro, promueve un sindicalismo profesionalizado y despolitizado, enmarcado en un diálogo tripartito entre gobierno, empleadores y trabajadores. Según esta narrativa, la modernización de los sindicatos permitiría resolver los conflictos mediante la negociación y no la confrontación, favoreciendo la estabilidad laboral.
No obstante, la información periodística y las denuncias de organizaciones sindicales muestran un escenario distinto con despidos injustificados, traslados forzosos y persecución a dirigentes en el sector público. Estos hechos vulneran la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, pilares del derecho laboral colectivo reconocidos en la Constitución y en convenios de la OIT ratificados por el país. Al remover a líderes con experiencia y formación jurídica, se debilita de manera intencional la capacidad de resistencia y representación de los trabajadores.
Lo que se deja en evidencia no es más que una contradicción ya que se difunde un discurso de apertura y colaboración, en la práctica se adoptan medidas que restringen la autonomía sindical. Esto revela que más que profesionalizar, se busca controlar y limitar la fuerza de las organizaciones obreras, afectando el equilibrio de las relaciones laborales.
En conclusión, los movimientos sindicales en nuestro país enfrentan un doble discurso estatal, por un lado, se impulsa la retórica del diálogo, y por otro, se promueven acciones que erosionan los derechos colectivos. Una valoración crítica exige reconocer que el verdadero fortalecimiento del sindicalismo no se logra debilitando a sus líderes, sino garantizando la plena vigencia de sus derechos y su rol como contrapeso democrático en las relaciones de trabajo.
Temática seleccionada del diálogo: Percepción de la OIT hacia nuestra realidad laboral.
ResponderEliminarLa confrontación entre la narrativa del ministro y la posición de la OIT, revela una oposición entre ambas posturas. A mí, me llamó la atención la pregunta que el presentador de Diálogo 21 le hizo al ministro: “¿Cómo ve el organismo superior en materia de trabajo a El Salvador?”; el ministro manifestó que la OIT sostiene una postura parcializada (contaminada), debido a que una gremial empresarial opositora de Bukele, se ha encargado de malinformar al organismo internacional. Asimismo, el ministro manifestó que: “el derecho a sindicalizarse se ha desnaturalizado, de repente el tema de la anarquía, desorden y la irresponsabilidad se ha convertido en un derecho, y eso no es así” … esa afirmación carece de sustentación empírica general, en la realidad los sindicatos no protestan alterando el orden por miedo al régimen.
Por su parte, la OIT y organizaciones de trabajadores han reportado hechos concretos que no pueden ser resueltos con apelaciones a motivaciones políticas, en nuestro país es recurrente ver que hay graves cuestionamientos referidos a la libertad sindical, y al ejercicio de prácticas sindicales; La Prensa Gráfica, publicó un artículo donde denuncian el despido de más de 450 sindicalistas ante la OIT; también se ha recibido críticas por la falta de diálogo tripartito y por la inactividad del Consejo Superior del Trabajo, en 2023 se publicó una noticia donde la OIT reclama al gobierno por interferir con sindicatos, esta información la da Noticias E.S y LPG.
La postura ministerial contiene elementos legítimos (importancia del diálogo, el empleo y la estabilidad empresarial para mayor fuente de trabajo), pero no es suficiente para descalificar de plano la percepción que la OIT tiene hacia nosotros, ni hacer de lado las denuncias que organizaciones sindicales han hecho. La evidencia presentada ante la OIT exige respuestas documentadas, protección efectiva a dirigentes y pruebas públicas de que los procesos internos funcionan. Sin eso, la descalificación política parece más una defensa retórica que una solución institucional.
TEMA: La situación laboral en El Salvador
ResponderEliminarEl Ministro de trabajo Rolando Castro en el video ha señalado que la situación laboral en El Salvador esta pasando por una etapa de fortalecimiento, destacando el aumento del empleo formal y la reciente reforma al salario mínimo esto como evidencia de que se dignifica al trabajador. Sin embargo esta narrativa requiere que se compruebe con datos estadísticos y con la realidad sindical del país.
Según cifras oficiales, más del 65% de la población ocupada permanece en el sector informal, esto significa que la mayoría de trabajadores no gozan de seguridad social ni de una protección sindical. El aumento del salario en junio del 2025, aunque representa un avance para quienes si están en el sector formal, no alcanza a impactar a la mayoría de personas que viven en la informalidad. Esto genera una contradicción: porque el Estado resalta avances que benefician a un grupo reducido, mientras que la precariedad aun existe para la mayoría.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo resaltan logros pero omite los riesgos como: la debilidad del sindicalismo salvadoreño, la alta rotación laboral en sectores como maquila y servicios, y la brecha entre hombres y mujeres al acceso a empleos formales. En Conclusión la situación laboral del país requiere un enfoque integral donde se convine el salario justo, formalización de empleos, fortalecimiento al Consejo Superior del Trabajo y se fomente la sindicalización como garantía real de derechos.
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ResponderEliminarEn El Salvador, las estadísticas oficiales muestran una recuperación del empleo formal durante la actual administración, con más de un millón de cotizantes en planillas en los últimos años. Sin embargo, persisten desafíos como la brecha salarial entre sectores y la necesidad de mejorar las condiciones laborales, lo que evidencia que el crecimiento en planillas no garantiza una equidad completa.
ResponderEliminarOIT sindicatos
La OIT considera a los sindicatos esenciales para garantizar trabajo decente, justicia social y democracia, defendiendo la libertad sindical como un derecho fundamental y promoviendo la negociación colectiva como herramienta para mejorar las condiciones laborales.
Según el Ministro de Trabajo, el mundo actual requiere sindicatos independientes, no subordinados a partidos políticos, capaces de sostener análisis nacionales e internacionales sin caer en dinámicas de poder pasajeras, ya que el sindicalismo históricamente ha sido debilitado por la politización y la falta de autonomía. El fortalecimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva sigue siendo un pilar frágil del derecho colectivo del trabajo en el país.
Actualmente, el Consejo Superior de Trabajo integra al 76% de las gremiales empresariales legalmente constituidas, representando el 95% del tejido productivo, y al 70% de las organizaciones sindicales legales, consolidando legitimidad y transparencia. Este logro institucional fortalece el sistema sindical y mejora la representación de los trabajadores, aunque cabe preguntarse si en la práctica se garantiza un equilibrio real entre empleadores y trabajadores, considerando las desigualdades estructurales del mercado laboral salvadoreño.
Finalmente, la propuesta de ampliar el período de inscripción sindical de uno a tres años, avalada por la OIT y consensuada por empleadores y trabajadores, constituye un avance. Esta medida busca un sindicalismo renovado, con visión global, análisis profundo y preparación estratégica considerando debatir temas económicos, sociales, políticos y culturales, considerando que un año no es suficiente para desarrollarlo adecuadamente.
Situación laboral actual e informalidad laboral.
ResponderEliminarPara empezar, es importante mencionar que el Ministro Rolando Castro en la entrevista hace énfasis en distintos temas laborales importantes como la informalidad laboral en la actualidad. Se dice que uno de los principales desafíos es la informalidad laboral no obstante informes de organismos como CEPAL presenta una proporción elevada de población ocupada en el país.
Como lo describió el Ministro la informalidad laboral puede calificarse en dos tipos:
1. La informalidad de subsistencia que es cuando cierto grupo de personas no pueden encontrar trabajo formal generan actividades económicas minimas para sobrevivir y no cuentan con el respaldo de seguridad jurídica y social.
2.Informalidad que no es de subsistencia si no mas bien por evasión en la cual cierto grupo de individuos optan por la informalidad para no cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales.
Para poder hacer frente a esta problemática se deben impulsar programas que ayuden a la transición hacia la formalidad, y para aquel cierto grupo que no quiere formalizarse debería aplicarse un mecanismo mas estricto.
Sin embargo la situación laboral actual registra un alto porcentaje de desempleo que según datos de trading Economics y el Banco Central de Reserva (BCR) en el 2024 era del 5.2% lo que demuestra la realidad la cual debería ser un reto importante a tener en cuenta, despidos masivos de empresas nacionales e incluso gubernamentales no solo conlleva al desempleo de muchas personas sino también a la falta de recursos necesarios para la subsistencia de las familias salvadoreñas y aunque como lo mencionaba el Ministro se están impulsando programas de trabajo como lo son las visas al extranjero no obstante esto solo abarca un pequeño numero de individuos los cuales cumplen conciertos requisitos, lo que no aporta mucho a eliminar esa brecha de desempleo.
Estudiando de manera análitica el Sr. Ministro de Trabajo insisti en la importancia de promover el empleo digno como eje de desarrollo económico y social en El Salvador. Sin embargo, al contrastar esta narrativa oficial con otras fuentes, surgen tensiones que evidencian la complejidad del tema. El concepto jurídico-laboral de empleo digno implica no solo acceso a un puesto de trabajo, sino también condiciones justas de remuneración, seguridad social, estabilidad y respeto a la libertad sindical, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
ResponderEliminar1- Datos recientes de la DIGESTYC reflejan que, aunque el empleo formal ha crecido en ciertos sectores, más del 65 % de la población económicamente activa se mantiene en condiciones de informalidad, lo que limita el acceso a prestaciones y salarios justos. Esto contradice el discurso optimista del Ministro, pues gran parte de la fuerza laboral no goza de las garantías mínimas que la legislación laboral salvadoreña reconoce.
2- Por otra parte, entrevistas a representantes sindicales evidencian que aún existen barreras para la organización colectiva. El temor a represalias patronales y la débil fiscalización estatal reducen la capacidad de los trabajadores para exigir mejores condiciones. Este punto es crucial, ya que sin sindicatos fuertes, el “empleo digno” se convierte en una meta distante más que en una realidad palpable.
3- De esta manera, diversas fuentes periodísticos señalan que las políticas públicas en materia laboral se han centrado en la atracción de inversión extranjera, pero sin garantizar que dichas inversiones respeten plenamente los derechos laborales. Finalmente, aunque el discurso gubernamental es esperanzador, la evidencia sugiere que alcanzar un verdadero empleo digno en nuestro País requiere no solo voluntad política, sino también una aplicación efectiva de la normativa laboral y un fortalecimiento del sindicalismo.
Tema: El Empleo Formal (en relación al proyecto de construcción del Aeropuerto del Pacífico).
ResponderEliminarConsidero que la construcción del Aeropuerto del Pacífico en La Unión es, sin duda, uno de los proyectos de infraestructura más grandes del país; sin embargo, también ha traído consigo serias problemáticas sociales y laborales que deben analizarse desde un enfoque jurídico y de derechos humanos. A mi parecer, lo más preocupante es lo que han denunciado organizaciones como MILPA, quienes señalan que el proceso de adquisición de tierras ha sido poco transparente, con compensaciones injustas, pagos muy por debajo del valor real e incluso sin consulta previa a las comunidades directamente afectadas. Esto contradice el derecho constitucional a la propiedad, el principio de indemnización justa y también los compromisos internacionales que el Estado ha asumido con la OIT respecto a pueblos indígenas y campesinos.
En el plano laboral, si bien el gobierno ha señalado que el proyecto generará una gran cantidad de empleos, lo cierto es que gran parte de ellos se mantienen en condiciones precarias, sin garantizar su formalización. Muchos trabajadores enfrentan largas jornadas, falta de contratos escritos, escasas prestaciones y una débil protección en materia de seguridad e higiene ocupacional. En este sentido, resulta esencial que el Ministerio de Trabajo refuerce la fiscalización para que los empleos generados sean formales, estables y justamente remunerados, de acuerdo con el derecho a un trabajo digno reconocido tanto en la Constitución como en los convenios de la OIT.
También me parece alarmante el impacto ambiental y social, MILPA ha advertido sobre daños a ríos, deforestación y deterioro de las vías locales, lo cual afecta directamente la salud y los medios de vida de las comunidades. La legitimidad del proyecto dependerá de que se logre un equilibrio entre crecimiento económico, creación de empleo formal, justicia social y sostenibilidad ambiental.
En El Salvador, en los últimos años ha surgido con fuerza la discusión sobre lo que algunos denominan anarquía laboral. Este diálogo hace referencia a situaciones en las que ciertos
ResponderEliminarsindicatos y organizaciones de trabajadores actúan al margen de los procedimientos legales
establecidos, generando desorden, conflictos sin mediación institucional y, en algunos casos,
acciones que afectan la estabilidad laboral y económica. El señalamiento más recurrente es que existen sindicatos que presentan denuncias directamente ante empresas o marcas
internacionales sin antes agotar los canales internos, como el Ministerio de Trabajo. Esto, según las autoridades, debilita el verdadero espíritu del sindicalismo, que debería promover
la negociación responsable, la defensa de los derechos y la búsqueda de consensos. La llamada “anarquía laboral”, no implica ausencia de derechos, sino un desorden que puede afectar tanto a trabajadores como a empleadores.
En este contexto, el ministro de Trabajo y Previsión Social, Óscar Rolando Castro, ha tenido un rol protagónico. Con una trayectoria como líder sindical y funcionario público, ha enfatizado la necesidad de modernizar las relaciones laborales en el país. Bajo su gestión se han impulsado incrementos salariales, como el aumento del 12 % al salario mínimo en 2025,
y se han desarrollado programas de empleo, ejemplo “Lunes de Empleo”, que conecta a
buscadores de trabajo con empleadores. Asimismo, ha promovido inspecciones rigurosas en sectores como la seguridad, donde se han detectado múltiples incumplimientos laborales, desde falta de contratos hasta impago de horas extras. La visión de Castro, frenar la desorganización sindical que él califica de “desnaturalización del movimiento”, promoviendo en cambio el diálogo entre gobierno, trabajadores y empleadores. De esta manera, la gestión del ministro se coloca en el centro del debate sobre cómo superar la llamada anarquía laboral y garantizar un sistema más justo, ordenado y equilibrado para la clase trabajadora salvadoreña
Realidad del movimiento sindical en el país.
ResponderEliminarEl Ministro de Trabajo ha sostenido públicamente que el sindicalismo salvadoreño se encuentra fortalecido y que los líderes “auténticos” acompañan las políticas del Ejecutivo. Según esta narrativa, el diálogo social y el Consejo Superior del Trabajo funcionan como espacios de consenso y legitimidad. Sin embargo, al contrastar este discurso con entrevistas a actores sindicales y reportes periodísticos, surgen tensiones que cuestionan su veracidad.
El movimiento sindical salvadoreño ha reducido en número y se está enfrentando a múltiples obstáculos. Según datos oficiales recientes, en 2021 había solo 227 organizaciones sindicales registradas (126 del sector privado, 75 públicas y 26 autónomas) con 3,821 líderes gremiales acreditados. Para 2019 se estimaba un total de 134,202 afiliados sindicales activos (87,133 en privados, 33,365 en públicos). Sin embargo, esta afiliación ha venido cayendo: un análisis basado en las memorias del Ministerio de Trabajo reporta 162,048 afiliados entre junio de 2022 y mayo de 2023, cifra que bajó a 146,685 en junio de 2023–mayo de 2024 (–9%). En ese último periodo, las mujeres representan solo el 23% de los afiliados (33,702), frente al 77% de hombres (112,983). En conjunto, menos del 3% de la PEA (población económicamente activa) está sindicalizada. Estos datos reflejan una estructura sindical fragmentada y en retroceso, concentrada sobre todo en áreas como educación, salud pública y algunos sindicatos municipales, con muy poca incidencia en industrias formales.
El movimiento sindical en El Salvador atraviesa una crisis profunda, muy alejada del discurso oficial. Los datos reflejan una organización gremial numéricamente reducida, con menos del 3% de la PEA afiliada, lo que evidencia una baja capacidad de representación y negociación colectiva. Además, la caída sostenida en la afiliación (–9% solo en el último año reportado) muestra que los sindicatos no solo no están creciendo, sino que se encuentran en retroceso.
fuentes:
https://observatoriolaboral.ormusa.org/wp-content/uploads/2021/10/Participacion-sindical-en-El-Salvador-a-abril-2021.pdf#:~:text=En%20la%20memoria%20de%20labores,sindicales%20activas%2C%20la%20mayor%C3%ADa%20del
https://observatoriolaboral.ormusa.org/wp-content/uploads/2025/07/Sindicatos.pdf#:~:text=afiliaciones,de%20g%C3%A9nero%20en%20la%20participaci%C3%B3n
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ResponderEliminarJUSTICIA SOCIAL
ResponderEliminarEl ministro Rolando Castro nos habla sobre el crecimiento económico debe ir de la mano con la justicia social, para que los beneficios del desarrollo lleguen realmente a quienes más lo necesitan, esta idea es muy importante en un país como El Salvador, donde durante mucho tiempo las desigualdades en el trabajo han impedido que muchas personas tengan acceso a derechos básicos como la seguridad social, un salario justo y estabilidad en su empleo, sin embargo, al mirar la realidad de cerca, surgen dudas sobre si el compromiso del gobierno está dando resultados concretos.
Es cierto que ha aumentado el número de personas que cotizan al Seguro Social, lo que es un paso adelante para formalizar el empleo, pero aún hay un gran problema, en la realidad el salvador muestra uno de los índices más altos de informalidad en más del 69.1% actualmente según el diario del mundo, sin acceso a prestaciones ni protección ante situaciones difíciles, esto muestra que la justicia social prometida todavía no se refleja en cambios reales para mucha gente.
Otro tema preocupante son los despidos injustificados, aunque el Ministerio de Trabajo dice que actúa para evitar estas prácticas, los sindicatos y los medios reportan que los despidos arbitrarios siguen siendo comunes, sobre todo en sectores como la maquila y el comercio, además, los tribunales laborales suelen tardar mucho tiempo en resolver estos casos, dejando a los trabajadores en una situación vulnerable, como lo que ocurrió en Soyapango dónde mas de 400 empleados fueron despedidos.
En resumen, aunque el ministro muestra un compromiso con la justicia social, los problemas de la informalidad y los despidos injustificados revelan una gran distancia entre las metas del gobierno y la realidad diaria de los trabajadores.
TEMA: Bono demográfico y futuro del trabajo.
ResponderEliminarEl ministro de Trabajo, Rolando Castro, señala con razón que el bono demográfico esa oportunidad que surge cuando hay una mayor proporción de personas en edad productiva es algo temporal y se agotará en unos 14 o 15 años, por lo que requiere una planificación cuidadosa y estructural. Sin embargo, si esta advertencia se queda solo en un llamado técnico corre el riesgo de quedarse en un simple diagnóstico la realidad es que El Salvador ya está enfrentando un envejecimiento creciente de su población y tasas de natalidad que están cerca o por debajo del nivel necesario para mantener la población, lo que hace probable que el bono demográfico llegue a su fin.
Además la alta informalidad laboral dificulta que esta población en edad productiva se traduzca en mayor productividad muchos trabajadores están en empleos informales con poca contribución a la seguridad social y baja productividad. Por si fuera poco, la confianza en las reformas para las pensiones se ve afectada por prácticas fiscales cuestionables. Por ejemplo, el Gobierno ha utilizado gran parte de las cotizaciones que deberían destinarse a los fondos de jubilación reduciendo así los recursos disponibles para las futuras pensiones y poniendo en riesgo el pacto entre generaciones.
Desde una perspectiva que pone en el centro a las personas, la agenda debe enfocarse en medidas que protejan y redistribuyan, como pensiones sostenibles fortalecer las cotizaciones reales y crear redes de cuidado al mismo tiempo es fundamental impulsar políticas que aumenten la productividad invirtiendo en formación técnica, digitalización y en sectores con mayor valor agregado organismos internacionales como la OCDE y la CEPAL insisten en que estas reformas estructurales deben ir acompañadas de inversión pública para que el bono demográfico no se convierta en una deuda social.
En conclusión, el diagnóstico del ministro es acertado, pero la respuesta debe ir más allá de la alerta es necesario transformar esa urgencia en compromisos fiscales institucionales y de innovación que protejan tanto a la población actual como a las futuras generaciones de lo contrario, el fin del bono demográfico podría significar el comienzo de mayores vulnerabilidades y una carga fiscal y social muy pesada.
Analisis de Rolando Castro, Ministro de trabajo, en Diálogo 21.
ResponderEliminarEl ministro expreso que El Salvador necesita un tipo de sindicalismo determinado, no sindicalista que cierran calles, la sociedad ya no legítima este tipo de actuar de los sindicatos, el deber ser es buscar el bienestar de todos los sindicalistas, el ministro señala que lo sindicatos deben de exigir el cumplimiento de sus derechos a los Empleadores pero también mantener una solvencia, es decir que deben cumplir con sus obligaciones, para exigir sus derechos.
No obstante, esta visión resulta cuestionable, pues en la práctica se evidencia una clara contradicción entre el discurso oficial y la realidad de los trabajadores, últimamente la OIT a cuestionado el actuar del actual gobierno con respecto a la libertad sindical, llenándose de Denuncias sobre violaciones a este Derecho, algunos sindicalistas han dicho que el ministerio de trabajo y prevención social: "ha violentado la negociación colectiva: a la fecha hay unos 20 contratos colectivos que no se ha permitido su negociación e inscripción", señalaron, en consecuencia se ve la doble narrativa que puede tener el ministro de trabajo y la realidad que es plasmada y sentidas por los sindicalistas.
Lo anterior pone de manifiesto una doble narrativa estatal: por un lado, se exige que los sindicatos actúen bajo ciertos parámetros que convienen al gobierno, pero por el otro, se limita y restringe de manera arbitraria el ejercicio pleno de los derechos colectivos de los trabajadores. Esto no solo contradice los compromisos internacionales asumidos por El Salvador en materia laboral, sino que también debilita la democracia sindical y la esencia misma del derecho de libertad sindical.
El 4 de septiembre, el ministro de trabajo aseguró en una entrevista que la libertad sindical es un derecho fundamental que el gobierno protege y que el Consejo Superior del Trabajo es un espacio clave para el diálogo entre trabajadores, empleadores y autoridades. Según él, se están tomando medidas para garantizar que nadie impida que los trabajadores se organicen y defiendan sus derechos sin miedo a represalias.
ResponderEliminarPero la realidad del país está muy lejos de esa imagen. En la práctica, muchos trabajadores siguen enfrentando obstáculos serios para formar sindicatos, desde amenazas y despidos hasta trabas legales y administrativas. La libertad sindical, más que ser protegida, es muchas veces ignorada o directamente atacada. Y el Consejo Superior del Trabajo, lejos de ser un espacio efectivo de diálogo, a menudo se convierte en una vitrina donde los verdaderos problemas laborales se esconden o se diluyen sin soluciones concretas.
La realidad muestra que la libertad sindical sigue siendo una asignatura pendiente urgente, y que las palabras del ministro chocan con la dura experiencia de miles de trabajadores que aún luchan para hacer valer sus derechos básicos.
Tema: Impacto laboral en la Construcción del Aeropuerto del Pacífico.
ResponderEliminarLa situación que MILPA denuncia respecto a la UEP pone en evidencia un incumplimiento grave de los derechos laborales dentro del empleo formal. Entre los aspectos más relevantes, se destaca la falta de contratos laborales claros y completos, situación que vulnera la seguridad jurídica de los trabajadores y limita su acceso a beneficios que corresponden por ley, como vacaciones, aguinaldo y pensiones. Este incumplimiento impide que los trabajadores puedan gozar plenamente de las protecciones que el empleo formal debería garantizar, exponiéndolos a despidos arbitrarios o condiciones laborales inadecuadas.
Otro punto crítico es la imposición de jornadas laborales prolongadas sin la debida compensación económica ni reconocimiento legal. Este patrón viola derechos fundamentales asociados al tiempo de trabajo y al descanso, pilares esenciales del empleo formal. La falta de pago de seguridad social, acceso a seguro médico y prestaciones legales refleja una política de contratación que no respeta las obligaciones mínimas de un empleador formal, afectando directamente la estabilidad y bienestar de quienes dependen de estas garantías para su subsistencia.
MILPA señala que estas prácticas no son excepcionales, sino parte de un enfoque sistemático que prioriza la eficiencia económica sobre la dignidad y derechos de los trabajadores. Este tipo de gestión laboral desvirtúa los principios del empleo formal, reduciendo los contratos a simples formalidades sin valor real para la protección de los empleados.
Respetar plenamente las normas del empleo formal no solo asegura la justicia social y la protección de derechos básicos, sino que también genera un entorno laboral más seguro, motivador y productivo. La UEP tiene la responsabilidad de revisar y corregir estas prácticas para garantizar que sus trabajadores reciban el trato legal y digno que merecen.
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ResponderEliminarEn los últimos años se ha hablado mucho del crecimiento del empleo formal en El Salvador. Es cierto que cada vez más trabajadores aparecen inscritos en planillas, lo que representa un avance porque significa acceso a seguridad social, cotización para pensión y cierta estabilidad laboral. Sin embargo, este progreso no debería evaluarse únicamente en números, ya que aún persisten desigualdades salariales, precariedad en ciertos sectores y una fuerte presencia de la informalidad en áreas rurales. Un aspecto importante es cómo se conecta este aumento del empleo formal con la libertad sindical. El derecho a organizarse y a negociar colectivamente es clave para garantizar que ese trabajo formal realmente mejore la calidad de vida de las personas. De nada sirve tener un contrato en regla si en la práctica no hay espacios para reclamar condiciones justas o si los sindicatos enfrentan limitaciones.
ResponderEliminarEn este contexto, el Consejo Superior del Trabajo aparece como un mecanismo para generar acuerdos entre empleadores, trabajadores y Estado. Su aporte podría ser valioso siempre que no se quede solo en un discurso institucional, sino que realmente garantice un equilibrio en la toma de decisiones. Creo que el gran reto es lograr que el empleo formal vaya acompañado de condiciones dignas, respeto a la libertad sindical y mayor equidad. Solo así se podrá hablar de un verdadero avance en el mundo laboral salvadoreño.
La reactivación económica en El Salvador muestra una dinámica complicada, donde coexisten progresos en el trabajo formal con tensiones sociales intensas vinculadas a la vida sindical. De acuerdo con las estadísticas del ISSS, la cantidad de cotizantes pasó de un millón, lo que demuestra que el empleo formal ha aumentado en comparación con el año anterior. Sin embargo, este indicador no permite analizar la calidad y la estabilidad de los puestos de trabajo creados, dos elementos esenciales para un desarrollo sostenible. En contraposición, entidades de trabajadores y sindicatos como el Movimiento de Trabajadores Despedidos hacen un llamado a la atención sobre miles de despidos en el sector público entre 2019 y 2024, que han tenido un impacto no solo en los trabajadores de base, sino también en los ejecutivos y dirigentes sindicales. La OIT y entidades internacionales han documentado estos casos y los han presentado, advirtiendo sobre las restricciones a la libertad sindical en la nación.
ResponderEliminarEn cuanto a la inversión pública y privada, el gobierno sostiene que el crecimiento económico se ha mantenido gracias a ella, así como a la expansión de sectores estratégicos. No obstante, la información del PIB en 2024 revela un crecimiento de solo el 2.6 %, una de las tasas más reducidas de toda Centroamérica, caracterizada por el estancamiento en el sector agropecuario y la ralentización en la construcción, lo cual restringe la habilidad para crear empleo estable y de buena calidad. Este contraste entre las cifras oficiales y las denuncias laborales muestra que, si bien hay indicios de recuperación, todavía hay conflictos que ponen en duda la inclusión y sostenibilidad del modelo económico.
TEMA; Erradicación del trabajo infantil
ResponderEliminarLa erradicación del trabajo infantil es un pilar fundamental en la agenda del Ministerio de Trabajo, según se expone en la entrevista con el ministro Rolando Castro. A través de una narrativa de progreso y desafío, el ministerio ha demostrado su compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia.
En la conversación, se destacan logros significativos en la lucha contra esta problemática. El ministro subraya con orgullo los avances en la erradicación del trabajo infantil en sectores históricamente problemáticos como la zafra de caña de azúcar y la construcción. Estas victorias no solo representan un cambio positivo para miles de familias, sino que también reflejan la efectividad de las políticas implementadas y la cooperación entre diferentes actores sociales.
Pero a pesar de una buena perspectiva del ministro de trabajo, sobre la erradicación del trabajo infantil según informes del Observatorio de la Niñez y Adolescencia de El Salvador, basados en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), el panorama es más complejo. En 2023, la tasa de incidencia del trabajo infantil se estimó en un 5.4%, lo que representa un aumento con respecto al 5.1% del año 2022. Esto significa que aproximadamente 70,171 niños, niñas y adolescentes se encontraban en esta situación, un incremento de casi 4,000 menores en un solo año. Estos datos sugieren que, a pesar de los esfuerzos sectoriales, el problema persiste e incluso ha crecido, lo que desafía la narrativa de un progreso lineal y definitivo. Además, las estadísticas revelan que más del 65% de estos niños se encuentran en zonas rurales y que cuatro de cada diez no asisten a la escuela, subrayando la profunda conexión entre el trabajo infantil, la pobreza y la falta de acceso a la educación.
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ResponderEliminarImpacto de la persecución y despidos de sindicalistas en el fortalecimiento del empleo formal en el sector público.
ResponderEliminarEn nuestro país en el contexto de empleo formal en el sector publico se ha buscado que la cifra sea más elevada que estos años anteriores, ya este 2025 está alcanzando más de 1 millón de trabajadores formales y que ha sido unas de las estrategias para poder garantizar, ya que en nuestro país se refleja un alto porcentaje de trabajadores informales entre un 60% o 70% de tasa de informalidad a diferencia de otros países, y de las estrategias que fueron implementadas por el ministerio de trabajo para un crecimiento de empleos formales, siempre de acuerdo al marco legal del la Constitución, el Código de trabajo y también como se menciona del dialogo entre el gobierno y sindicatos para la mejora de condiciones de trabajos, sin embargo, la persecución y despidos de sindicalistas puede afectar estos esfuerzos que sean implementado.
También se debe hablar de cómo influye la persecución y despidos sindicalista, si bien hay un gran aumento de trabajadores formales eso no quiere decir que no hayan despidos injustificables o que se implemente medios para crear un ambiente donde un trabajador no pueda trabajar con unas condiciones dignas y que esto le impulse a renunciar, y esto se relaciona con el empleo sindical a que puedan debilitar la defensa de los derecho de los trabajadores o que incluso pueda ver una baja de trabajos formales y que esto puede tener un impacto negativo para la mejora de los trabajadores, tal como lo fue con el despido de docentes que fueron despedidos sin un debido proceso y por suspensión donde no se les justifico del por que de su despido.
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ResponderEliminarJuramentación del Consejo Superior del Trabajo en el contexto actual de El Salvador.
ResponderEliminarEs de mucha importancia en la coyuntura actual laboral, la reciente consolidación del consejo superior del trabajo que es un ente tripartito conformado por ocho miembros propietarios y ocho suplentes de los sectores gubernamental, empleador y trabajador; en un reciente debate en frente a frente el Ministro de trabajo y Previsión Social Rolando Castro mencionaba que “Este CST está conformado por el 70% de confederaciones y federaciones de sindicatos, así como por más del 74% de las gremiales empresariales, lo que representa el 95% del tejido productivo” entre las funciones de este consejo están las de estudiar problemas concernientes a la situación del empleo de El Salvador, así como opiniones sobre anteproyectos de reforma a la legislación laboral (el código de trabajo). Ante esta consolidación de este consejo muy llamativa para el acercamiento de los sindicatos (trabajadores y empleadores) cualquiera podría decir que se podría llegar más fácilmente a un consenso sobre las diferentes propuestas o necesidades que un sindicato podría padecer, pero la realidad es que el mismo presidente del Ministerio de Trabajo menciona
que uno de los rubros en los que menos se pone atención es el área informal del trabajo, mi cuestionamiento surge a partir que el área formal si bien tiene más prestaciones o legislaciones que la proteja aun así sigue siendo vista sin prioridad, con salarios mínimos, prestaciones mínimas con pensiones incoherentes a los años laborados y aparte que en la actualidad se les violenta a las y los trabajadores su derecho a huelga pacífica y afiliarse libremente a un sindicato, como podrán integrar a los trabajadores informales si los que" están siendo protegidos por la ley no lo están siendo" no lo están siendo; Una resiente nota del canal 12 mencionaba sobre la alta taza de desempleo en el salvador y como los ciudadanos optan por trabajos informales"Uno de los principales retos continúa siendo la informalidad laboral, estudios revelan que el 70% de la población se encuentran dentro de este sector, es decir un aproximado de 2.18 millones de personas, salvadoreños dicen que las pocas oportunidades, han llevado a muchos a emprender para poder llevar el sustento diario a sus hogares. A falta de empleo, los salvadoreños deciden emprender, y solo en los últimos años, se han creado más de 70,000 tiendas, según, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.
En la realidad salvadoreña actual, el Consejo Superior del Trabajo tiene potencial de ser un instrumento útil para enfrentar los desafíos del mundo laboral, si se consolida como un espacio plural, técnico y activo. Su eficacia no está en su existencia legal, por así decirlo, sino en su capacidad de incidir, transformar y representar. De no lograrlo, quedará como una promesa más en el largo camino hacia la justicia laboral en El Salvador.
La situación laboral en El Salvador evidencia avances formales, pero persisten tensiones estructurales que tensionan la relación entre movimientos sindicales, empleadores y el Estado, ya que según datos recientes del Ministerio de Trabajo, a enero de 2025 hay 1,022,167 cotizantes en planillas, lo que demuestra una recuperación del empleo formal, sin embargo, alrededor del 70 % de los trabajadores carece de afiliación formal, estabilidad jurídica o prestaciones sociales; se desempeñan en la informalidad.
ResponderEliminarEste escenario estira la narrativa oficial del Ministro de Trabajo: por un lado, se proclama que “cada día se trata de romper la barrera de desconfianza entre el empleador y los sindicatos”, y por otro, se observa que algunos sectores sindicales perciben al empleador como adversario, mientras que ciertos empleadores ven al sindicalismo como fuente de conflicto. Esa distancia, potenciándose por experiencias de desorden o comportamientos que se interpretan como anarquía dentro del movimiento sindical, socava la función esencial de los sindicatos como garantes del diálogo colectivo. Su señalamiento de que “la desnaturalización” del movimiento sindical (cuando anarquía se vuelve derecho) afecta su objetivo central es pertinente ya que conduce a diluir la legitimidad de la negociación colectiva y de la huelga como mecanismos de defensa de los derechos laborales.
Desde el derecho colectivo del trabajo se exige que haya libertad sindical real, negociación colectiva efectiva y estabilidad laboral, lo que incluye formalización del empleo, aunque la administración ha incrementado los puestos formales respecto al pasado, la informalidad con cerca del 70 % de trabajadores afectados, implica que muchos no gozan de protección legal, seguridad social ni derecho a organizarse eficazmente bajo normas laborales, para superar esas brechas, es esencial fortalecer el diálogo social, promover políticas que incentiven la formalización sin sanciones desproporcionadas, y funciones sindicales que se mantengan disciplinadas y responsables, para recuperar la confianza mutua.
Análisis de la entrevista echa por código 21 a Rolando Castro quien es Ministro de Trabajo
ResponderEliminarLo que pude analizar es que en El Salvador se observa una cierta tensión marcada entre el discurso oficial y la realidad vivida por los trabajadores organizados es decir los sindicatos, ya que desde el gobierno se plantea la idea de un sindicalismo '' moderno y ordenado '', en el cual los sindicatos deben limitarse a exigir sus derechos dentro de ciertos parámetros establecidos por el Estado y asi evitando acciones de protesta que incomoden al poder, la sociedad o a las empresas que lideran el mercado.
Esta postura insiste en que los sindicatos tienen la obligación de cumplir primero con sus deberes para poder reclamar lo que les corresponde. Sin embargo, la práctica refleja un panorama diferente ; a pesar del discurso gubernamental, se restringen de forma reiterada los espacios de negociación colectiva entre sindicatos y empresas, y se condiciona la actividad sindical a criterios arbitrarios. Esto a generado denuncias de trabajadores e inclusive observaciones de organismos internacionales, que señalan un debilitamiento progresivo de la libertad sindical en el país y esto genera una consecuencia directa la cual es la erosión de la democracia sindical y la pérdida de legitimidad de un derecho fundamental que debería garantizar la participación plena y autónoma de los trabajadores en la defensa de sus intereses por medio de los sindicatos.
En el video, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, aborda un tema de gran relevancia: la transición del mundo de la informalidad hacia la formalidad en el ámbito laboral. A nivel mundial, este problema afecta aproximadamente al 42% de la clase trabajadora, mientras que en países de Latinoamérica, incluido El Salvador, el porcentaje asciende entre un 60% y 70%.
ResponderEliminarEn nuestro país, una parte significativa de la población económicamente activa se encuentra en el sector informal. Este se caracteriza por actividades que no están registradas ni reguladas por el Estado, como el trabajo de vendedores ambulantes, pequeños talleres familiares, trabajadores por cuenta propia sin seguridad social y servicios no sujetos a supervisión legal. Esta situación refleja no solo un fenómeno económico, sino también un desafío social y jurídico.
Se distinguen dos tipos de informalidad: la de subsistencia, donde las personas dependen del Estado para lograr medios mínimos de vida, y la informalidad por evasión, en la que ciertos empleadores evitan cumplir con sus obligaciones legales y laborales. Esta diferenciación muestra cómo el problema trasciende de lo meramente económico a lo normativo, requiriendo respuestas tanto del sector público como del privado.
En El Salvador, según datos recientes, alrededor de 7 de cada 10 trabajadores se desempeñan en el sector informal, es decir, aproximadamente el 69-70% de la fuerza laboral. Esto genera limitaciones en el acceso a derechos como seguridad social, pensiones y estabilidad, perpetuando la desigualdad.
Para superar este reto, se requieren políticas públicas enfocadas en la formalización laboral, acompañadas de incentivos para micro y pequeñas empresas, así como estrategias específicas para reducir las brechas de género y territoriales. Solo mediante estos esfuerzos coordinados será posible avanzar hacia un mercado laboral más equitativo, inclusivo y sostenible.
Transición de la informalidad a la formalidad. El Ministro de Trabajo menciona como eje fundamental a tratar para el Consejo Superior del trabajo la informalidad laboral, en primer instancia hay una tasa de informalidad de 52% aproximadamente a nivel global, los países en vía de desarrollo tienen aproximadamente entre el 60% y 70% de informalidad; en El Salvador un mapa socioeconómico elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que el 70 % de los salvadoreños ocupados se encuentran en un empleo informal, donde no cotizan Seguro Social ni ahorro de pensiones. Los trabajadores informales generan cerca del 21.4% del producto interno bruto (PIB) de El Salvador, señala por su parte una investigación del Banco Central de Reserva (BCR). La participación es mayor frente a los empleados formales, que aportan un 30.7 %, explicado, según el estudio, por una mayor productividad. La conversión de empleos informales hacia empleos formales es un objetivo clave para el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza, la equidad y el crecimiento económico, sin embargo, este proceso enfrenta numerosos obstáculos tanto estructurales como políticos como que no haya protección social, inestabilidad laboral, bajos ingresos, desigualdad y exclusión social, sin formalidad no hay historial crediticio claro, ni garantías, lo que dificulta que trabajadores o microempresas informales accedan a créditos bancarios o a inversiones; esto supone un problema legal el cual puede mejorar con solidaridad por parte de Estado con políticas crediticias y modelos de gestión, ofrecer incentivos fiscales, fortalecer instituciones, mejorar educación y capacitación.
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ResponderEliminarREACTIVACION ECONOMICA
ResponderEliminarSegún declaraciones del ministro de trabajo hace énfasis en que El Salvador ha mostrado una recuperación y crecimiento, en estos últimos años destacándose regionalmente, Su enfoque ha estado centrado en promover la formalización del empleo, mejorar las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales de los trabajadores.
Una de las acciones relevantes que destaca es: el aumento salarial lo cual se aprobó un incremento del 12 % al salario mínimo con respaldo tripartito. Aunque la medida representa un avance formal, su impacto real es limitado. En la realidad es una medida que no beneficia a toda la población en general debido a que el principal problema no radica únicamente en el monto del incremento, sino en la falta de cumplimiento efectivo por parte de ciertos empleadores hacia trabajadores. Aunque el gobierno asegura que el 95% de las empresas cumplen con estas funciones, pero queda el 5% de empresas que no cumplen los más afectados suelen ser trabajadores informales, domésticos, agropecuarios, personas que laboran en zonas rurales o remotas, es una vulneración al derecho constitucional y legal a recibir un salario justo y digno (Art. 38 literal 2° CN)
También destacó el crecimiento del empleo formal según planillas en este año cuenta con un millón veintidós mil cotizantes en el empleo formal. Pero esto no quiere decir que la informalidad haya sido superada, sin embargo, hay trabajadores que aún mantiene sus empleos sin seguridad social, sin contrato y sin estabilidad, siendo explotados laboralmente
Por ello, es fundamental que el crecimiento económico no se mida únicamente con indicadores macroeconómicos, sino con base en cómo impacta a los sectores más vulnerables. Solo así se podrá hablar de una reactivación real, con justicia social, equidad y respeto a los derechos laborales.
La libertad sindical en El Salvador existe en teoría, pero en la práctica enfrenta serias limitaciones y desafíos. La Constitución y el Código de Trabajo reconocen el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Sin embargo, según la Confederación Sindical Internacional, El Salvador recibió una calificación de nivel 4 en el Índice Global de Derechos Sindicales 2025, lo que indica violaciones sistemáticas de estos derechos, lo cual resulta contradictorio con lo manifestado por el Ministro de Trabajo actual, al afirmar que: “…con el surgimiento del Consejo Superior del Trabajo se controlaran muchas acciones desmedidas de gobiernos anteriores y se abrirán oportunidades para el sector formal, así como el aumento de empleos para la clase trabajadora, ….se ha cambiado la visión sindical, los sindicatos antes eran politizados, ideologizados, estigmatizados por otros gobiernos y se les señalaba como criminales por estar vinculados a partidos políticos, actualmente esto ya no se da…”; puesto que, los principales problemas actuales que tiene nuestro país son los despidos masivos, en donde se han denunciado más de 450 despidos de sindicalistas, además de la desaparición de más de 50 sindicatos y la pérdida de 20 contratos colectivos; reportes de encarcelamiento de dirigentes sindicales, incluso fallecimientos bajo custodia; y, la prohibición de la huelga en sectores públicos y municipales. Dicha situación provocó que la OIT cuestionara al gobierno salvadoreño por violaciones al Convenio 98, que protege el derecho de sindicación y negociación colectiva, motivo por el que El Salvador fue incluido en la “lista corta” de países observados por la OIT en 2025, denotando la situación actual de la libertad sindical una grave contradicción entre la ley y la práctica, por lo que las denuncias de represión, despidos y obstáculos legales han generado preocupación internacional y presión para que el país garantice verdaderamente este derecho.
ResponderEliminarLa informalidad laboral
ResponderEliminarEl mercado laboral enfrenta una serie de desafíos estructurales que limitan el desarrollo económico y social del país. Uno de los problemas más persistentes y complejos es la alta tasa de informalidad que se ha mantenido en niveles elevados durante décadas. La informalidad no es solo un indicador estadístico, sino una manifestación de la precariedad y la exclusión que experimenta una gran parte de la población trabajadora.
La informalidad es el resultado de una economía que no genera suficientes empleos decentes y formales en lugar de ser un impulso hacia el empleo formal, la informalidad se convierte en el destino final para muchos trabajadores, especialmente jóvenes, mujeres y personas con bajos niveles de educación.
Los trabajadores informales carecen de derechos laborales básicos como un salario mínimo garantizado, seguro social, pensiones y vacaciones pagadas. Esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad ante cualquier crisis económica o de salud.
La informalidad está ligada a la baja productividad la mayoría de los negocios informales son de subsistencia, con escaso acceso a capital, tecnología y capacitación, lo que limita su capacidad de crecimiento y su contribución al desarrollo económico del país.
La informalidad no afecta a todos por igual, sino que profundiza las desigualdades existentes en la sociedad. El desempleo en los jóvenes es significativamente más alto que la tasa nacional, muchos jóvenes al no encontrar oportunidades en el sector formal se ven obligados a entrar en la informalidad, perdiendo la oportunidad de construir una trayectoria laboral y acceder a beneficios a largo plazo.
La informalidad es un sistema económico que no funciona para todos abordar este problema requiere más que soluciones superficiales, se necesita una crítica profunda y una acción coordinada que incluya la creación de políticas públicas que promuevan la inversión en sectores productivos, la simplificación de los procesos de formalización, la expansión de la seguridad social y, fundamentalmente la mejora de la educación y la capacitación para que los trabajadores puedan acceder a empleos de calidad y con derechos, mientras la informalidad siga siendo la norma, el progreso económico y social del país se mantendrá en una base frágil e inequitativa.
La Reconfiguración del Rol Sindical: Entre la Legislación y la Realidad
ResponderEliminarLa propuesta del Ministro de Trabajo, Rolando Castro, plantea una redefinición del sindicalismo en El Salvador. Su visión enfatiza un modelo que privilegie la negociación interna y el cumplimiento de obligaciones, antes que la protesta y la confrontación pública. Esta concepción, sin embargo, suscita tensiones respecto a la libertad sindical y al derecho de huelga, ambos reconocidos como pilares del derecho laboral.
El argumento ministerial de que los sindicatos deben cumplir deberes para exigir derechos se vincula con el principio de buena fe contractual. No obstante, este principio, válido en el ámbito individual, no puede erigirse en justificación para restringir de manera arbitraria los derechos colectivos. Las denuncias interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo, relativas a la falta de inscripción de contratos colectivos y al despido de dirigentes sindicales, constituyen evidencia de una afectación directa al derecho de negociación colectiva, consagrado en el Convenio 98 de la OIT.
La noción de un sindicalismo “no conflictivo” desconoce la función histórica de estas organizaciones como contrapeso frente a las relaciones de poder empresarial y estatal. El derecho de huelga, lejos de representar un acto de desorden, constituye un mecanismo jurídico reconocido para ejercer presión legítima cuando la negociación resulta insuficiente. Su limitación, ya sea de facto o mediante injerencia gubernamental, debilita de manera significativa la capacidad de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
La postura oficial reconfigura el sindicalismo a un papel meramente administrativo y subordinado, minimizando su dimensión política y social como garante de derechos fundamentales. El desafío para el Estado salvadoreño radica en demostrar, mediante acciones concretas, el respeto a la autonomía sindical y a los compromisos internacionales, propiciando un diálogo social auténtico que contribuya al fortalecimiento de la democracia laboral en el país.
Construcción del Aeropuerto del Pacifico.
ResponderEliminarUno de los temas que abordaron en la entrevista con el Coordinador de MILPA Angel Flores que me llamo la atención muchísimo es sobre el impacto social, económico, y ambiental de la Construcción del Aeropuerto del Pacifico en la Unión. También por medio de al entrevista se dio a conocer cierto detalles sobre La construcción que ha implicado el desplazamiento de alrededor de 225 hogares que vivían en comunidades como Flor de Mangle y El Condadillo. Las familias han sido desalojadas han denunciado compensaciones económicas insuficientes para reubicarse adecuadamente. Además, hay inquietud social por la pérdida de medios de vida tradicionales vinculados a la naturaleza y por la afectación de la identidad comunitaria de las poblaciones originarias.
De igual manera El proyecto afecta gravemente ecosistemas cruciales, en particular manglares y bosques tropicales secos que son hábitats clave para la biodiversidad y sirven como barreras naturales contra huracanes y absorción de CO2. Más del 60% de los manglares salvadoreños han desaparecido en las últimas décadas, y el área del aeropuerto implica la tala de árboles centenarios y destrucción de fuentes de agua como lagunas y vertientes importantes para la red hídrica local. La zona tiene suelos orgánicos y salinos que requieren excavaciones profundas y elevaciones para estabilizar la pista, lo que implica un ecocidio de gran magnitud y pone en riesgo la durabilidad de la infraestructura dada la alta actividad sísmica regional. También se ha reportado la depredación de la cordillera montañosa cercana para obtener materiales de construcción, afectando a varias comunidades por pérdida de fauna, flora y agua.
Podemor decir que La construcción del aeropuerto del Pacífico en La Unión representa un proyecto con una fuerte contradicción entre su discurso de desarrollo y modernización y los impactos negativos severos que genera en la población y el medio ambiente local. Las pérdidas sociales y ambientales superan potencialmente los beneficios económicos, poniendo en cuestión la sostenibilidad y justicia del proyecto, especialmente ante la precariedad y vulnerabilidad histórica de la región. Sin una adecuada mitigación y participación comunitaria, el aeropuerto podría agravar desigualdades, desplazar comunidades legítimas, destruir ecosistemas críticos y comprometer la resiliencia ante el cambio climático y riesgos naturales, más que consolidar un verdadero desarrollo inclusivo para El Salvador.
La Situación Laboral
ResponderEliminarLa recuperación del empleo formal y la superación del millón de cotizantes suena alentadora sin duda es un signo de dinamismo económico. Pero me queda la pregunta: ¿esas cifras realmente se reflejan en la vida diaria de la gente o solo quedan en el discurso? Porque sí, hay avances, pero la informalidad sigue en 45%. Eso significa que casi la mitad de la fuerza laboral en El Salvador trabaja sin seguridad jurídica ni social. El aumento al salario mínimo también fue un alivio, pero como dijo el mismo Rolando Castro todavía hay mucha insatisfacción con el costo de vida. Y es que la inflación sigue golpeando fuerte, y lo que debería garantizar una vida digna apenas alcanza para sobrevivir.
Otro punto es el famoso “milagro de la seguridad”, que sin duda ha sido clave para la reactivación económica. Sin embargo, no puede ser el único pilar. La seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son igual de importantes para atraer inversión y fomentar la formalidad. Aquí pesa mucho la percepción de que formalizarse solo sirve para pagar impuestos. Y en parte es cierto: muchos pequeños emprendedores sienten que los beneficios no compensan la burocracia y la carga fiscal, sobre todo si el sistema bancario sigue siendo excluyente. Por eso, las promesas de créditos “amigables” y un “crédito blanco” suenan bien, pero deben aplicarse de forma masiva y accesible, no solo en teoría. Al final, erradicar la informalidad no se logra con incentivos aislados. Hace falta una reforma más profunda: educación, capacitación, acceso a mercados y una simplificación real de procesos.
TEMA: CONSEJO SUPERIOR DE TRABAJO.
ResponderEliminarEl Ministro de Trabajo, Rolando Castro destaca una utopía en referencia a esta entidad tripartita, puesto que hace referencia a que existe una libertad de diálogo entre los tres autores claves que la conforman, ya que si damos un vistazo a la situación actual del país sabemos que la historia de El Salvador está marcada por la persecución y criminilizacion de las luchas sindicales, además de despido injustificados, cerrando no sólo la posibilidad de un diálogo hablado, si no también existiendo una evidente indiferencia por parte del estado y de la figura empresaria o empleador respecto a los derechos de los trabajadores que conforman una organización sindicalista (e incluso los que no son parte de un sindicato)
Además puntualiza el cumplimiento de obligaciones por parte de los trabajadores que conforman el sindicato para la exigencia de las pretenciones frente al empleador, delimitando una especie de requisito para la realización y respeto por los derechos que como trabajador del estado le pertenecen, esta delimitacion es una clara evidencia de la clara brecha entre el empleador y el trabajador, posicionando a este último en una situación de poder sobre el trabajador y siendo este el que tenga que cumplir con exigencia por encima de las obligaciones que tiene que cumplir el empleador para una mejor satisfacción del trabajador, y que esta a su vez presentaría una mayor eficacia en la productividad del trabajador frente a sus labores determinadas.
Rolando Castro.
ResponderEliminarUn tema principal que se aborda es el Establecimiento y la Agenda del Consejo Superior del Trabajo.
El ministro Castro destaca que la creación de este consejo representa un logro histórico, ya que es la primera vez que los sectores laboral y patronal se unen para trabajar en un espacio y superando la desconfianza mutua que históricamente había existido entre ellos
La visión del ministro es que, para que el país progrese, los empresarios y los sindicatos deben verse como aliados, no como adversarios La agenda de este consejo se enfoca en siete temas prioritarios con el objetivo de proponer soluciones y anteproyectos directamente al presidente
Esta iniciativa busca despolitizar el movimiento sindical, asegurando que su representación sea legítima y no esté ligada a partidos políticos, lo que marca un cambio significativo con respecto a sistemas anteriores
La libertad de expresión de los sindicatos.
ResponderEliminarLa posibilidad de que los sindicatos expresen sus opiniones sin limitaciones es un requisito básico para que cumplan su función social. No se trata solo de un derecho abstracto, sino de una condición práctica que permite denunciar abusos, cuestionar decisiones y proponer soluciones a favor de la clase trabajadora.
En El Salvador, pese a que la libertad de expresión está reconocida en el marco constitucional, los sindicatos suelen enfrentarse a restricciones encubiertas. Dirigentes sindicales han sido objeto de críticas oficiales o sanciones administrativas por emitir opiniones incómodas para las instituciones. Este tipo de situaciones genera un efecto disuasivo: muchos trabajadores prefieren callar antes que arriesgar estabilidad laboral o ser señalados públicamente.
Desde el derecho colectivo del trabajo, conceptos como autonomía sindical y diálogo social resultan claves. Si no existe un entorno en el que los sindicatos puedan expresarse libremente, la negociación colectiva se convierte en un procedimiento formal, sin contenido real. Además, al limitar la voz sindical se debilita la posibilidad de alcanzar acuerdos que equilibren la relación entre capital y trabajo.
Fortalecer la libertad de expresión sindical exige dos pasos: primero, que las instituciones actúen con tolerancia y garanticen canales legítimos para la crítica; segundo, que los trabajadores comprendan la importancia de respaldar a sus organizaciones. Solo así se podrá construir un sindicalismo con mayor legitimidad, transparencia y capacidad de incidencia en la vida laboral.
Ya en una pequeña conclusión se puede decir que se pueda permitir que los sindicatos hablen con independencia no solo protege un derecho humano, sino que también contribuye a generar estabilidad social, confianza en el sistema y justicia en el ámbito del trabajo.
La transición hacia la formalidad
ResponderEliminarEl discurso oficial acierta al distinguir entre la informalidad de subsistencia (pequeños agricultores, comerciantes y trabajadores por cuenta propia que carecen de acceso al sistema financiero) y aquellos quienes, aun pudiendo, deciden no formalizarse. Sin embargo, esta visión simplifica un problema más complejo. En El Salvador, la informalidad es más que un problema estadístico: constituye la forma predominante de inserción laboral para millones de personas. No se trata únicamente de trabajadores que “eligen” no formalizarse, sino de un entramado de desigualdades históricas, exclusión social y falta de oportunidades. Más del 65% de los trabajadores se encuentran en condiciones de informalidad, lo que significa que carecen de seguridad social, estabilidad y acceso a derechos laborales; más del 44% de salvadoreños mayores de 65 años aun trabajan, superada solo por Guatemala, La OIT señala que entre los motivos que pueden impulsar la permanencia en el ámbito laboral está la necesidad de generar ingresos para sus necesidades básicas, producto de pocas oportunidades durante su vida activa. El discurso plantea la formalización como un reto necesario, pero en la práctica muchos trabajadores la perciben como una carga. La burocracia, costos y la escasa cobertura en salud y pensiones generan la percepción de que registrarse y pagar impuestos NO mejora las condiciones de vida. A esto se suma la exclusión financiera: solo un tercio de los adultos tiene acceso al crédito formal, lo que empuja a miles hacia prestamistas informales que cobran intereses usureros. Esta dinámica convierte a la informalidad en un mecanismo de supervivencia, más que en una elección consciente. Superar la informalidad en El Salvador requiere más que mesas de diálogo o reformas parciales. Implica diseñar políticas integrales, simplificación de trámites, incentivos temporales, y un sistema de seguridad social que brinde beneficios tangibles desde el primer momento.
ResponderEliminarMigración del trabajo.
Me parece que cuando el ministro habla de plazas en Europa pareciera como que está vendiendo oportunidades por volumen. Pero detrás de cada contingente hay una vida, un familiar esperanzado a remesas ( 2024 sumaron más de 8 millones de dólares, beneficiando a más de 1.6 millones de personas), una madre que sufrió la partida, un trabajador que perdió derechos colectivos por tener que partir. El anuncio de plazas y los programas de inserción son buenos siempre que vayan acompañados de garantías efectivas para la representación colectiva de quienes se van y de quienes regresan. (Lo que dijo el ministro sobre España y Francia y las plataformas de inscripción quedó claro en la intervención).
La formalidad que celebra (más de un millón en planilla, según lo expuesto, cifra que corresponde a 1,022,167 trabajadores en enero de 2025) no puede maquillarse sobre la realidad de quienes siguen en la sombra, el propio ministro reconoció una informalidad alta (más del 45 % en el sector no agrícola, y hasta un 66 % según sus propias declaraciones) ,habló de dos mundos distintos (subsistencia y quien elige la informalidad). Esa distinción exige políticas reales como crédito accesible y protección frente al agiotismo que mencionó.
Me preocupa también la práctica de buscar unanimidad en el CST y remitir los acuerdos a Casa Presidencial. La unanimidad debe nacer del diálogo igualitario, no de la presión y la última palabra ejecutiva no puede vaciar de contenido la autonomía sindical. Si queremos modernidad, que sea con justicia y protección antisindical real, mecanismos para inscribir y representar a migrantes y retornados, y políticas crediticias que acompañen la organización colectiva. Que haya dignidad y no mero intercambio de mano de obra.
El tema de pensiones es preocupante, en El Salvador, la inseguridad de una sostenibilidad alerta a los cotizantes, economistas y según noticias recientes de la prensa gráfica hasta organismos multilaterales como el fondo monetario internacional ( FMI) ya que la acción de dependencia que el gobierno tiene del fondo de pensiones para financiar las jubilaciones públicas, demuestra la falta de responsabilidad y transparencia gubernamental, el uso destinados a la pensión pone en alto riesgo el futuro de los beneficiarios, consecuencia de la mala administración de estos fondos, esta el querer mantener oculto información que en pasado siempre fue publica para los cotizantes, y entra la interrogante si el gobierno dice “el dinero alcanza cuando nadie roba”, ¿porque el tema de pensiones apunta aun decline, porque, no permite la trasparencia? al contrario existe una reserva de información, el monto mensual de deuda previsional que el gobierno presta todos los meses a la AFP debe cubrir el pago para pensionados por vejez, invalidez, y sobrevivencia del sistema público. El número exacto de jubilados se conocía cada mes a través de las estadísticas de la super Intendencia del sistema financiero, pero dicha institución dejo de publicarlas desde abrir de 2023.
ResponderEliminarla consecuencia de esta debilidad institucional es que el fondo monetario internacional (FMI) está exigiendo según lo menciono patricio pineda, experto en pensiones y miembro de la mesa por una pensión digna, en una entrevista que dio noticias FRENTE A FRENTE, Trasparentar la información sobre el manejo de funciones y Hacer pública la data estadística del mismo el sistema, Buscar los mecanismos para la sostenibilidad, un análisis actuarial, o sea el diagnóstico, y fecha de reforma, veamos cada punto:
• Trasparentar la información sobre el manejo de funciones y Hacer pública la data estadística del mismo el sistema: no se publican estadísticas oficiales actualizadas desde abril 2023, impidiendo el control social y un análisis adecuado del estado real de las finanzas del sistema
• Buscar los mecanismos para la sostenibilidad: el sistema tiene un bajo rendimiento debido a la obligación que tienen las AFP de invertir principalmente en instrumentos del Estado, lo que limita las oportunidades de mejores retornos en mercados internacionales y afecta negativamente las cuentas individuales de los cotizantes. La cobertura del sistema de sigue siendo baja, y muchos sectores importantes de la población están excluidos o tienen dificultades para acceder a una pensión digna, agrandando la desigualdad en los beneficios sociales.
• un análisis actuarial, o sea el diagnóstico, y fecha de reforma.
se debe enfatizar que las reformas futuras incluyendo la planeada para el 2026, deben basarse en diagnósticos actuariales profundos y mecanismos de sostenibilidad claros, algo que aun no se ha logrado implementar de manera efectiva.
El Ministro de Trabajo ha destacado recientemente el crecimiento del PIB en un 2.6% para el año 2024 y el incremento del número de cotizantes formales, que ya supera el millón de trabajadores, atribuyendo estos resultados a las políticas económicas impulsadas por el gobierno en favor del desarrollo social. Sin embargo, aunque estas cifras pueden parecer alentadoras, es necesario analizarlas con mayor profundidad, ya que no ofrecen una imagen completa de la situación nacional. El aumento del PIB, por ejemplo, no implica por sí mismo que la población viva mejor, pues la riqueza generada no siempre se reparte de manera equitativa. Una muestra de ello es el estancamiento del Índice de Desarrollo Humano, que se mantiene en 0.678 desde 2023, lo cual demuestra que, a pesar de producir más, el país aún enfrenta serias limitaciones para garantizar condiciones de vida dignas, seguridad económica y estabilidad social a la mayoría de sus habitantes. Por otro lado, el incremento en la formalidad laboral sí ha permitido que más salvadoreños accedan a la seguridad social; no obstante, esto no garantiza necesariamente que los nuevos empleos sean de calidad. En la práctica, muchos de ellos resultan precarios, con salarios y prestaciones mínimas que no responden a las demandas actuales de la economía, especialmente frente a factores como la inflación. De hecho, la legislación laboral vigente ha quedado rezagada y, al servir de referencia para las planillas, termina consolidando esquemas de contratación que limitan la dignidad del trabajador. En consecuencia, aunque las cifras oficiales muestran una tendencia positiva, al contrastarlas con otros indicadores se evidencia que el desarrollo no ha alcanzado la profundidad necesaria para transformar de manera real la vida de la población, que continúa enfrentando dificultades para acceder a un bienestar económico y social pleno.
ResponderEliminarLa situación laboral y los trabajos informales en El Salvador.
ResponderEliminarEl Consejo Superior del Trabajo en El Salvador se posiciona como un ente clave en la transformación del panorama laboral del país. Uno de sus principales ejes es la transición del empleo informal al formal, en el marco de una estrategia nacional de reactivación económica impulsada por el gobierno en su segundo quinquenio.
El ministro de trabajo rolando castro comentaba que el presidente ha planteado que el crecimiento económico debe ir acompañado de justicia social, beneficiando especialmente a los sectores más vulnerables.
Que según durante esta administración, se ha alcanzado un récord histórico de más de un millón de cotizantes en el sistema de seguridad social, lo que refleja una expansión del empleo formal. Sin embargo, persiste una alta tasa de informalidad, que ronda el 45%, y representa un reto estructural compartido por toda América Latina.
Y aquí se identifican dos tipos de informalidad: la de subsistencia, que incluye trabajadores excluidos del sistema financiero y que recurren a préstamos con tasas abusivas; y la informalidad voluntaria, donde algunos actores económicos evaden responsabilidades fiscales y laborales por conveniencia. También comentaba que el gobierno propone incentivos fiscales, políticas crediticias inclusivas y educación financiera, con el objetivo de integrar a los trabajadores informales al sistema formal sin que ello se perciba únicamente como una obligación tributaria.
Además, se destaca la necesidad de cambiar la percepción de que formalizarse es sinónimo de pagar impuestos, y se busca mostrar los beneficios reales como el acceso a seguridad social, protección jurídica y oportunidades de financiamiento. El Consejo del Salario Mínimo ha convocado a más de 25 instituciones públicas y privadas para diseñar soluciones integrales. En las próximas semanas, se presentará un proyecto preliminar al presidente para avanzar en esta agenda de inclusión laboral y equidad económica.
Un tema que me pareció muy importante es , si hablamos de la formalidad en El Salvador, creo que el tema no puede reducirse únicamente a la diferencia entre quienes no tienen acceso al sistema financiero y quienes, aun pudiendo, deciden no formalizarse. Esa forma de verlo suena simple, pero la realidad es mucho más complicada. La informalidad, en realidad, no es solo un número en las estadísticas: para millones de personas se ha convertido en la forma más común de trabajar y sobrevivir.
ResponderEliminarNo se trata únicamente de que algunos trabajadores “elijan” quedarse fuera de la formalidad; detrás de esa situación está un trasfondo de desigualdades históricas, de exclusión social y de muy pocas oportunidades reales. Más del 65% de los salvadoreños trabaja en la informalidad, lo cual significa que no tienen seguridad social, estabilidad ni acceso a derechos laborales. Incluso, más del 44% de las personas mayores de 65 años sigue trabajando, y ese dato solo lo supera Guatemala. Según la OIT, la razón de esto es la necesidad de seguir generando ingresos para cubrir lo más básico, porque durante toda su vida activa tuvieron pocas oportunidades para asegurar un futuro digno.
El problema es que, aunque en el discurso oficial se presenta la formalización como algo necesario y positivo, en la práctica muchos trabajadores lo ven como una carga más. Los trámites burocráticos, los costos y la poca cobertura en salud y pensiones hacen que la gente piense que registrarse y pagar impuestos no cambia realmente sus condiciones de vida. A eso se suma la exclusión financiera: solo una parte de la población adulta puede acceder a créditos en bancos, lo que obliga a muchos a recurrir a prestamistas informales que cobran intereses muy altos.
Al final, la informalidad se vuelve más un mecanismo de supervivencia que una decisión voluntaria. Y si de verdad se quiere superar este problema, no bastan mesas de diálogo o reformas superficiales. Se necesita un plan más integral: simplificar los trámites, dar incentivos temporales, garantizar apoyos inmediatos y, sobre todo, crear un sistema de seguridad social que desde el primer momento haga sentir a las personas que formalizarse sí vale la pena
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, explicó que la discusión sobre el salario mínimo, debe entenderse como un componente esencial de la justicia social. Aclaró que este tema se aborda en un espacio específico: el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el cual es distinto al Consejo Superior del Trabajo. Mientras que el primero tiene como función exclusiva el análisis y ajuste de los salarios mínimos en los diferentes sectores productivos, el segundo es un órgano tripartito que aborda una agenda laboral más amplia.
ResponderEliminarEl ministro subrayó que, dentro del Consejo Nacional del Salario Mínimo, se busca que las decisiones se tomen por consenso y unanimidad, en lugar de recurrir a imposiciones. Esta práctica garantiza que tanto empleadores como trabajadores y el gobierno tengan voz y que los acuerdos sean sostenibles en el tiempo. Destacó que, en administraciones anteriores, los incrementos salariales se resolvían por mayoría simple, lo que generaba conflictos y desconfianza.
En su visión, el salario mínimo no debe considerarse únicamente como un valor económico, sino como una herramienta para redistribuir la riqueza y dignificar el trabajo. Explicó que cuando el país experimenta crecimiento económico, ese progreso no puede concentrarse solo en un sector, sino que debe reflejarse en mejoras concretas para los trabajadores y sus familias. De esta manera, el salario mínimo se convierte en un pilar para garantizar la equidad social y reducir las brechas de desigualdad.
Finalmente, insistió en que un aumento salarial bien planificado no significa pérdida para los empleadores, sino una inversión en estabilidad social y productividad. Un trabajador que percibe un ingreso justo puede vivir con dignidad, contribuir más a la economía y fortalecer el mercado interno. Así, la justicia social y el salario mínimo se presentan como elementos inseparables en la política laboral del país.
ResponderEliminarDiálogo Social y Realidad de la Fuerza Laboral en El Salvador
El Salvador ha promovido históricamente el diálogo social como un mecanismo para garantizar la participación tripartita de gobierno, empleadores y trabajadores en la creación de políticas laborales. Este diálogo se materializa principalmente a través del Consejo Superior de Trabajo y otros espacios institucionales que buscan fortalecer la formalización laboral, la protección de derechos y la negociación colectiva. Sin embargo, la implementación práctica de estas políticas enfrenta retos significativos, especialmente en un contexto donde gran parte de la población trabajadora se encuentra en situaciones informales o precarias, lo que limita su acceso a los mecanismos de representación laboral.
Aunque aproximadamente un 70 % de la fuerza laboral salvadoreña se encuentra en la formalidad, muchos trabajadores no participan activamente ni están representados en los espacios de diálogo social. La informalidad laboral, caracterizada por empleos sin contrato, horarios irregulares o movilidad constante, impide que una parte significativa de la población acceda a los derechos reconocidos en la ley y a la organización sindical. Esto evidencia una brecha entre las políticas públicas proclamadas y la realidad de los trabajadores, particularmente aquellos en sectores vulnerables como comercio informal, agricultura y servicios temporales.
La transición hacia la formalidad enfrenta múltiples barreras estructurales.
En primer lugar: la educación y capacitación insuficiente limita las oportunidades de empleo formal, ya que muchos trabajadores informales carecen de habilidades técnicas o formación especializada.
En segundo lugar: los costos de formalización registrar un negocio, cumplir con obligaciones fiscales y laborales pueden ser prohibitivos para micro y pequeños emprendedores. Además, la falta de acceso a crédito y apoyo financiero restringe la inversión necesaria para formalizar negocios o mejorar las condiciones laborales.
La carencia de infraestructura, inseguridad jurídica y burocracia compleja genera desconfianza hacia el sistema formal, mientras que la limitada fiscalización y supervisión hace que el cumplimiento de las normas laborales sea irregular. Estas barreras estructurales hacen que la formalidad sea percibida como un “lujo” accesible solo para quienes tienen mayores recursos o estabilidad
En materia de derechos laborales : reconoce la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, y ha ratificado diversos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protegen a los trabajadores de represalias por actividad sindical. No obstante, en la práctica se han reportado despidos, presiones y discriminación hacia sindicalistas, especialmente en sectores como maquila, construcción y transporte. La existencia de sindicatos y contratos colectivos no garantiza por sí misma la protección efectiva de los trabajadores organizados, y las denuncias ante organismos internacionales reflejan un desfase entre la normativa nacional y los estándares internacionales. Esto evidencia que, aunque los derechos estén reconocidos formalmente, su efectividad depende de una supervisión institucional sólida y de la voluntad política de garantizar la protección real de los trabajadores.
El Análisis de la realidad laboral en El Salvador muestra un desfase entre las políticas de diálogo social y la experiencia de los trabajadores, especialmente los informales. La formalización laboral está limitada por barreras estructurales como costos, educación, acceso a crédito y supervisión insuficiente, mientras que la libertad sindical y la negociación colectiva enfrentan desafíos en su implementación efectiva. Para reducir esta brecha, se requieren incentivos claros, fortalecimiento institucional y mecanismos de protección efectivos, asegurando que las políticas no queden únicamente en el papel, sino que se traduzcan en derechos y beneficios reales para todos los trabajadores, contribuyendo así a un mercado laboral más justo, inclusivo y equitativo.
"Incremento de la formalidad laboral"
ResponderEliminarNuestro marco legal ,el código de trabajo ,con reformas recientes para adaptarse a estándares internacionales , obligación de contratos escrito , inscripción en MPTS y ISS,registro de empresas ,entre otras legalidades que han sido parte fundamental para el crecimiento de la formalidad en nuestro país.
La formalidad laboral ha tenido a lo largo de la historia Muchas críticas debido a la lentitud con la que ha sido desarrollado ,Puesto que hablar de formalidad laboral se nos viene a mente " paga de más impuesto " como lo menciona el Diálogo del vídeo Jueves 04 de septiembre.
La tendencia de crecimiento en formalidad laboral ha tenido un crecimiento sostenido desde la caída causada por COVID-19
Recordemos que para ese entonces ,la formalidad de trabajo fue un tema muy delicado puesto que las circunstancias nos obligan a abandonar inmediatamente las oportunidades laborales formales debido ala gravedad de salud que se encontraba el país ,de Shi surgió muchas oportunidades laborales pero INFORMARLES,por ejemplo los trabajadores a domicilio que cave mencionar que estos en nuestra legislación genera un acto de discriminación a estos y debería considerarse una posible reformas a esa mención sobre el trabajador a domicilio.
Volviendo al tema de ha logrado recuperar un poco la formalidad laboral en nuestro país ,con nuevos reglamentos , y mejoría en contratos ,que esto hace que sea posible la mejoría del trabajador, puesto que cuando el trabajador formal ,cuando la relación formal es formal ,el trabajador tiene derechos claramente reconocidos.
Por ejemplo :
1) protección legal y judicial ,derecho a reclamar derechos laborales,salarios , indemnización etc.
2) Derechos colectivos como sindicatos ,contrato colectivo de trabajo etc.
Todo esto aún se encuentra un poco deficiente pero ha comparación de años anteriores , actualmente hemos observado un incremento en la formalidad laboral.
La instalación de la nueva agenda del Consejo Superior de Trabajo es un paso crucial. Este consejo, compuesto por representantes de empleadores, trabajadores y el gobierno, es el foro principal para la negociación y el diálogo social en materia laboral. La agenda debe abordar los desafíos actuales del mercado laboral salvadoreño, como el desempleo, la informalidad, la precariedad laboral y la protección de los derechos de los trabajadores. Es fundamental que esta agenda se centre en la creación de empleos de calidad, la promoción del trabajo decente y la mejora de las condiciones laborales.
ResponderEliminarLa situación laboral en El Salvador presenta retos significativos. La tasa de desempleo, aunque ha mostrado fluctuaciones, sigue siendo alta. La informalidad laboral es predominante, lo que implica que muchos trabajadores carecen de protección social y derechos laborales básicos. Además, la precariedad laboral, caracterizada por salarios bajos, contratos temporales y falta de seguridad en el empleo, es una realidad para muchos salvadoreños.
La relación entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los gobiernos y los sindicatos es esencial para abordar estos desafíos. La OIT proporciona normas internacionales del trabajo, asistencia técnica y apoyo a los países miembros. Los gobiernos tienen la responsabilidad de crear un marco legal y político favorable al trabajo decente. Los sindicatos, por su parte, deben defender los derechos de los trabajadores y negociar condiciones laborales justas. La colaboración entre estos actores es fundamental para lograr avances significativos en materia laboral.
Rolando Castro, como Ministro de Trabajo, ha expresado su compromiso con la mejora de las condiciones laborales y la promoción del diálogo social. Es importante que sus acciones se traduzcan en políticas concretas que beneficien a los trabajadores y contribuyan al desarrollo económico del país. Los programas de migración laboral, si se gestionan adecuadamente, pueden ofrecer oportunidades para los trabajadores salvadoreños, pero también deben proteger sus derechos y evitar la explotación laboral, la instalación de la nueva agenda del Consejo Superior de Trabajo es una oportunidad para abordar los desafíos laborales de El Salvador. La colaboración entre la OIT, el gobierno, los sindicatos y la sociedad civil es esencial para lograr un mercado laboral más justo y equitativo.
1. Derecho al trabajo y al sustento
ResponderEliminarEl testimonio de Ángel Flores revela que comunidades campesinas, con décadas de residencia y trabajo en la franja costera, han visto destruidas sus tierras agrícolas, bosques y fuentes de agua.
Esto implica una afectación directa al derecho al trabajo y al sustento, pues muchas familias dependían de esas parcelas para la agricultura, la ganadería y actividades productivas básicas.
La destrucción de 400 manzanas de tierra cultivable y la pérdida del bosque tropical seco eliminan empleos rurales, lo que configura un despido indirecto colectivo de hecho, ya que el Estado, al permitir estas obras sin garantías, rompe la relación entre el trabajador campesino y su fuente laboral.
Libertad sindical y criminalización (art. 47 Cn. y Convenios OIT 87 y 98)
El señalamiento de que al menos nueve miembros de la organización comunitaria están siendo investigados por la Fiscalía se interpreta como una forma de persecución antisindical y de criminalización de la defensa de derechos laborales y territoriales.
Esto vulnera los estándares de la OIT que obligan al Estado a garantizar la libertad sindical y proteger a quienes ejercen liderazgo comunitario y laboral, pues estas organizaciones cumplen funciones equivalentes a sindicatos rurales, debido que en la realidad del país no existe Estado de derecho, todo es una cortina de humo, las organizaciones que tienen la facultades para velar por los derechos de los trabajadores estan siendo violentada en todo sentido, los sindicatos ya no poseen esa garantía de velar y salvaguardar derechos de los trabajadores por que en la actualidad tantas nuevas reformas la implementan con alevosía para siempre mantener la cupula del poder en ciertas personas y asi no se pueda cumplir la democracia y mucho menos los derechos fundamentales, derecho al trabajo, derecho a la libertad de asociación etc...
Falta de consulta previa (Convenio 169 de la OIT, aunque no ratificado, y principios internacionales de la OIT)
ResponderEliminarSe evidencia que los proyectos no fueron consultados previamente con las comunidades.
En el ámbito laboral, esto vulnera el principio de participación de los trabajadores en decisiones que afectan su fuente de empleo, lo cual es un estándar internacional que El Salvador está llamado a respetar, aunque no haya ratificado el C169.
Promesas incumplidas del Estado como empleador indirecto
El Estado, a través de CEPA y otras instituciones, prometió compensaciones económicas, vivienda y reactivación productiva, pero no cumplió.
Esto puede calificarse jurídicamente como un incumplimiento de deberes laborales de protección (similar a la figura del empleador que despide sin pagar indemnización).
El Estado se convierte en empleador indirecto al desplazar trabajadores de sus medios de vida y tiene la obligación de garantizar medidas de compensación y reubicación laboral.
Desde el ángulo jurídico–laboral, la situación descrita constituye una violación sistemática del derecho al trabajo, a la libertad sindical y a condiciones dignas de empleo rural. El Estado salvadoreño incumple tanto normas constitucionales como compromisos internacionales en materia laboral, al permitir desplazamientos forzados sin garantías, la criminalización de defensores comunitarios y la pérdida del sustento campesino sin indemnización ni reubicación productiva.
Desde el punto de vista de la libertad sindical el ministro de Trabajo, Rolando Castro, presenta la libertad sindical como un logro del gobierno de Bukele, destacando la reactivación del Consejo Superior del Trabajo (CST) para promover un tripartismo "legítimo" y criticando a sindicatos independientes por supuesta "anarquía" o vínculos con la ANEP (discurso CST, septiembre 2025). Exalta medidas como credenciales sindicales y convenios colectivos, alineadas con el Convenio OIT 87, como avances contra la corrupción sindical histórica.
ResponderEliminarSin embargo, esta narrativa es refutada por otras fuentes. La OIT señala que El Salvador, dentro del 92% de países latinoamericanos, restringe registros sindicales y, en el 88%, vulnera el derecho a huelga; desde 2019, disolvió 50 sindicatos públicos y despidió 500 líderes. El régimen de excepción agrava la criminalización de protestas.
Entrevistas a sindicalistas como Idalia Zúniga revelan despidos masivos de docentes por exigir mejores salarios, ignorando el fuero sindical. Ángel Flores (Radio JGM, julio 2025) denuncia persecución a movimientos indígenas-laborales, comparándola con represión política. Medios como La Prensa Gráfica documentan una "extinción" de la libertad sindical mediante violencia estatal.
Jurídicamente, se violan los Convenios OIT 87 y 98, el Artículo 47 de la Constitución de la república y el Código de Trabajo (arts. 204-261). El "tripartismo" de Castro fomenta un sindicalismo estatal que legitima la precariedad, sustituyendo autonomía por control. En síntesis, la libertad sindical proclamada es una fachada que encubre represión, debilitando el tripartismo y perpetuando inequidad laboral bajo un régimen autoritario.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo Rolando Castro, sobre el diálogo entre gobierno, empleadores y trabajadores, suenan bien, pero hay que analizarlas con calma la creación del Consejo Superior del Trabajo es un paso importante para que todos puedan dar su opinión, pero aún no está claro si servirá para mejorar las condiciones laborales del país un problema que sigue sin resolverse es la alta cantidad de personas que trabajan en el sector informal, es decir, sin seguro social ni derechos laborales aunque se ha dicho que quieren cambiar eso, es necesario ver si realmente harán algo para lograrlo también se ha hablado de que ha aumentado el empleo formal, lo cual es bueno, pero no basta con tener trabajo, también importa que las condiciones sean justas algunas propuestas como dar beneficios a las empresas que formalicen a sus empleados o capacitar a los trabajadores suenan bien, pero deben aplicarse bien para que no solo ganen los empresarios además, la educación financiera puede ayudar a que los trabajadores conozcan sus derechos, pero hay que ver si estos programas realmente funcionan. Otro tema importante es que se mencionó que en el año 2040 se acabará el bono demográfico, es decir, que habrá menos jóvenes trabajando esto debe tomarse en serio y planificar desde ya cómo enfrentar ese cambio aunque lo que dijo el Ministro suena prometedor, es necesario que el gobierno actúe de verdad, protegiendo los derechos de los trabajadores, sobre todo los del sector informal también sería bueno que se publiquen más datos para saber si las políticas están funcionando y si realmente están beneficiando a la mayoría, lo primordial para el Ministerio de Trabajo debe ser velar por cumplir los derechos de los trabajadores por vigilar que nada les falte.
ResponderEliminarLa reactivación económica que se pretende lograr debe involucrar políticas fiscales y monetarias con el efecto de promover la inversión y, como tal, esa transición del sector informal hacia el sector formal del trabajo, en la búsqueda de un desarrollo económico sostenible, debe, en la medida en que se genere tal cambio, facilitar a los trabajadores del sector informal y, en esencia, a la informalidad por subsistencia, los medios para lograr dicha transición, sin que esto implique una afectación para dicho sector, pues esto dejaría de lado el objetivo, que es la protección social y laboral, así como una mejor economía.
ResponderEliminarSegún datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos (ONEC), el aumento del trabajo informal en años anteriores fue del 9,89%, y teniendo en cuenta que, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en total, un 69% de los trabajadores pertenecen al sector informal, para lograr una mejora en tal transición es necesario dar cumplimiento a los principios del derecho laboral, como lo son el de progresividad y primacía de la realidad, con el efecto de garantizar que ese cambio al sector formal sea de total beneficio para los trabajadores, generando como resultado mejores condiciones de vida, así como una economía próspera.
El ministro Castro pinta un panorama esperanzador sobre el trabajo infantil, diciendo que se ha eliminado en sectores como la caña de azúcar y la construcción, y que ahora van por los manglares, donde niños recolectan curiles por casi nada. Suena a un esfuerzo grande, con empresas y gobierno trabajando juntos. Pero al revisar los datos y otras voces, la realidad parece menos brillante.
ResponderEliminarMas de 70 mil niños están atrapados en trabajos peligrosos, un 6% mas que el año pasado. Siete de cada diez niños enfrentan riesgos como el sol, químicos tóxicos o máquinas pesadas que pueden herirlos de por vida. Los varones suelen estar en el campo o el comercio, mientras las niñas se pierden en labores domésticas, cuidando a otros sin que se reconozca como trabajo, robándoles la infancia y la escuela. Voces como la de Ludin Chávez, de Save the Children, insisten en que la pobreza empuja a las familias a esto, y sin apoyo real, como mejores escuelas o créditos accesibles, los avances son puro ruido. Informes internacionales confirman que faltan inspectores y recursos para atacar el trabajo informal, donde se esconde lo peor.
El Consejo Superior del Trabajo, con su diálogo tripartito, debería garantizar los derechos laborales de estos niños, pero parece más enfocado en mantener contentos a los empresarios para no ahuyentar inversiones. Como salvadoreños, fallamos si no aseguramos que crezcan jugando y estudiando, no trabajando para sobrevivir. Los anuncios no bastan; urge acción de fondo para que esos 70 mil niños dejen de ser un número.
Consejo Superior de Trabajo
ResponderEliminarEl Ministro informó que ya fue juramentado e instalado el Consejo Superior de Trabajo, un espacio tripartito que reúne a gobierno, empleadores y trabajadores para impulsar diálogo social y definir rutas de acción a corto plazo. Se rompieron barreras históricas a través de procesos de formación y capacitación que ayudaron a superar la desconfianza entre sindicatos y empresarios. Castro subrayó que empresas y trabajadores son interdependientes: sin empleadores no hay empleo, y sin empleo no hay sindicatos. Además, recordó que la Constitución garantiza la libertad sindical.
Situación laboral y reactivación económica
El Ministro explicó que el crecimiento económico debe traducirse en justicia social y beneficios para los sectores más vulnerables, no solo en cifras macroeconómicas. Destacó que en 2025 el país superó el millón de cotizantes en el sistema formal, lo que refleja una mayor formalización del empleo. El Consejo Superior de Trabajo es el espacio clave para articular estos avances y crear incentivos para que más empleadores se formalicen.
Relación con la OIT y fortalecimiento sindical
Castro abordó los esfuerzos por ampliar los plazos y facilitar los registros sindicales, para que las organizaciones tengan tiempo de planificar estrategias a largo plazo. También habló de la necesidad de romper la estigmatización del sindicalismo, que en el pasado fue criminalizado o manipulado políticamente. Hoy se busca un sindicalismo independiente, no atado a partidos políticos, centrado en la solidaridad y la defensa colectiva de los trabajadores.
Programas de migración laboral
Finalmente, el ministro presentó el programa de movilidad laboral, que pretende generar empleos temporales formales y seguros en el extranjero, con convenios de cooperación internacional para proteger los derechos y condiciones laborales de los Salvadoreños
Rolando Castro habla con entusiasmo del aumento del salario mínimo a 408 dólares en 2025, presentándolo como un logro del “milagro económico” que busca justicia social y equidad pinta un panorama de acuerdos unánimes en el Consejo Nacional del Salario Mínimo como si todos estuvieran contentos y dice que esto fortalece el poder adquisitivo de los vulnerables pero la realidad parece menos colorida
ResponderEliminarLa verdad es que ese aumento llegó tarde después de años sin ajustes (el último significativo fue en 2021, cuando se fijó en 365 dólares para industria y servicios) mientras la vida se ha encarecido la comida, el transporte y la vivienda han subido tanto que el salario apenas alcanza para lo básico: la canasta básica urbana alcanzó los 262 dólares en junio de 2024 el nivel más alto histórico y para noviembre de ese año se situaba en 244 dólares, insuficiente para cubrir necesidades de una familia promedio de 3.7 miembros esto deja fuera cosas esenciales como salud , hay quienes dicen que la pobreza sigue apretando (la tasa subió al 30.3% en 2023, afectando a 1.8 millones de salvadoreños), y que este salario, aunque suba, no saca a las familias del hoy además economistas y sindicalistas señalan que el aumento puede sonar bonito, pero no responde a lo que cuesta vivir, con una inflación acumulada del 1.2% en 2025 hasta agosto algunos trabajadores piden un salario mayor, porque este no cubre sus necesidades otros advierten que las pequeñas empresas, sin apoyo, podrían hundirse
El gobierno celebra acuerdos, pero parece olvidar que la justicia social no es solo un número en el salario si no se ataca lo que encarece la vida, esto es como poner un curita en una herida grande sin cambios profundos, la equidad del ministro suena más a discurso que a realidad.
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ResponderEliminarConsidero que es importante hablar sobre La transición de la informalidad a la formalidad laboral.
ResponderEliminarLa narrativa del Ministro de Trabajo presenta la formalización como un eje central de la agenda del Consejo Superior del Trabajo, destacando los avances en la afiliación al sistema de seguridad social y la necesidad de brindar incentivos fiscales y crediticios a los sectores de subsistencia . Sin embargo, contrastando esta visión con datos estadísticos, entrevistas y reportes periodísticos, surgen matices críticos.
Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2023), cerca del 45% de la población ocupada permanece en el sector informal. Esto implica que casi la mitad de los trabajadores no accede a seguridad social ni a estabilidad laboral, reproduciendo la desigualdad. A pesar del discurso oficial, estudios de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FundaUngo) señalan que la informalidad no responde únicamente a “falta de voluntad” de los pequeños comerciantes, sino también a la ausencia de políticas públicas integrales que reduzcan costos de registro y garanticen protección social mínima.
Entrevistas a vendedores del sector informal en San Salvador publicadas por medios como El Diario de Hoy muestran resistencia a formalizarse por el temor a perder ingresos inmediatos frente a una burocracia percibida como lejana y poco confiable. Esto contrasta con la narrativa ministerial que plantea la formalización como una oportunidad automática de progreso.
En este marco, el reto jurídico-laboral es diseñar un sistema que distinga claramente entre informalidad de subsistencia y evasión empresarial, aplicando incentivos diferenciados. Una legislación laboral más inclusiva debe articular la libertad sindical con acceso real a crédito y seguridad social, evitando que la formalidad sea solo sinónimo de más impuestos.
La transición hacia la formalidad requiere no solo voluntad política, sino un rediseño de las instituciones laborales y fiscales, donde la equidad sea el principio rector.
Impacto de las políticas laborales actuales en la calidad del empleo y el bienestar de los trabajadores en El salvador.
ResponderEliminarConsidero que, al evaluar el impacto de las políticas laborales vigentes en el empleo y el bienestar de los trabajadores en el país, es importante verlo desde una perspectiva realista y critica, estas políticas aspiran a proteger los derechos de los trabajadores, pero en la práctica se quedan cortas.
Un aspecto preocupante es el salario insuficiente, que no logra mantener el ritmo o el crecimiento del costo de vida, esta situación compromete la capacidad de los trabajadores para suplir sus necesidades básicas esto implica una afectación de su bienestar y el de sus familias. De igual manera es muy evidente la existencia de empleos precarios que se caracterizan por su falta de seguridad social, tales como la ausencia de seguros médicos, vacaciones remuneradas, contratos laborales inestables, esto genera inseguridad ante los trabajadores quienes son los que enfrentan a estas incertidumbres sobre el desarrollo laboral. De igual manera es muy notoria la desigualdad de oportunidades en el acceso de empleos de calidad en los cuales se pueda tener una satisfacción de todas las necesidades que tienen las personas, mayormente personas que carecen de un alto nivel académico que a pesar de poseer habilidades se ven privados de oportunidades laborales justas en base a su desempeño.
Por lo que considero que es necesario que el gobierno realice revisiones exhaustivas de las políticas laborales existentes ya que no solo basta con generar empleos si no que es fundamental asegurar que estos sean de calidad, ofreciendo salarios justos y en condiciones de trabajo dignas ya que el bienestar de los trabajadores es fundamental para el buen desempeño de los mismos y el progreso del país.
En la realidad laboral de nuestro país recientemente mas del 66% de la población se desempeñaba dentro del rubro informal, de lo cual podemos sostener el entendimiento que la mayoría carece de representación sindical efectiva y esto debilita la función esencial de los sindicatos, facilitando la desnaturalización de estos. Frente a dicho panorama se suman medidas estatales como la eliminación de alrededor de 400 plazas en Soyapango con la creación de la Autoridad Nacional de Residuos Solidos que muestran como ciertas decisiones administrativas afectan la estabilidad laboral y dejan a los sindicatos sin margen de acción real. Frente a dicha realidad es de mencionar que el discurso oficial sostiene que los conflictos deben ser solucionados exclusivamente desde el ámbito interno lo cual se contrapone a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador con la ratificación y reconocimiento de los Convenios 87 y 98 de la OIT que garantizan la libertad sindical y a su vez el derecho de recurrir a las instancias internacionales. Dichos elementos anteriormente mencionados reflejan que las organizaciones sindicales enfrentan un debilitamiento que los convierte en actores meramente formales, que no cuentan con un catalogo amplio para la defensa de forma efectiva de los derechos laborales.
ResponderEliminarEmpleo Formal e Informal El Ministerio de Trabajo lo señala como un logro, ya que luego de superar por primera vez en la historia la matrícula del millón en el Seguro Social de los trabajadores formales en el país, este dato se ha presentado como un síntoma de reactivación económica y también progresismo social. Sin embargo, esta es una narrativa oficial que debe ser cuestionada a la luz de fuentes internacionales y también de la realidad sindical de la nación. Para el Banco Mundial y la CEPAL, la recuperación post-pandemia sumada al crecimiento económico de 2024 muestran una cifra del 2.6 por ciento, insuficiente para el requisito de una empleabilidad formal sostenida. La Encuesta de Hogares arroja que más del 65 por ciento de la población ocupada continúa en el sector informal, es decir, realizando labores de subsistencia laboral y sin acceso a la seguridad social. Es decir, mientras los números del trabajo formal presentan una ausencia de aumento de su alcance en cuanto a los trabajadores se refiere Este contrate se recrudece si se considera la situación del sector público. Informes de Human Rights Watch y Amnistia Internacional levantan actas de arbitrariedades en los despidos de sindicalistas y dirigentes sindicales, particularmente en la salud y la educación. Lejos de de la promoción del diálogo social, tales activismo son tácticas por desmembrar la organización colectiva. En términos del derecho colectivo del trabajo, ello se traduce en violaciones graves de la libertad sindical y la negociación colectiva, ambos principios protegidos por la OIT.
ResponderEliminarTEMA: INFORMALIDAD LABORAL VS EMPLEO FORMAL
ResponderEliminarEn su entrevista, el Ministro de Trabajo resaltó que en El Salvador el 66.5 % de los trabajadores se encuentran en la informalidad, y que la meta es reducir esa cifra con medidas como el Consejo Nacional del Salario Mínimo.
Aunque ya se superó el millón de cotizantes en el empleo formal, la creación de nuevos puestos ha perdido fuerza: hasta agosto de 2024 solo se sumaban en promedio 1,524 empleos mensuales, un número bajo frente a años anteriores.
Además, informes del Banco Mundial y la OCDE señalan que muchos de esos trabajos formales no ofrecen salarios dignos ni beneficios reales, por lo que la formalidad termina siendo más un trámite que una mejora para los trabajadores. Aunque en décadas pasadas hubo avances en la reducción de la desigualdad y en los ingresos de los hogares más pobres, tras la pandemia esos logros se han detenido o incluso retrocedido. Persisten además problemas de fondo como la falta de acceso a educación, salud y vivienda, lo que limita que la formalidad genere verdaderas oportunidades.
Por eso, no basta con aumentar el número de cotizantes. La formalidad debe ir acompañada de empleos de calidad, con salarios que alcancen para el costo de vida, estabilidad laboral, protección social y respeto de derechos. De lo contrario, el concepto de formalidad corre el riesgo de vaciarse de contenido.
También es importante reconocer que la informalidad golpea más a mujeres, jóvenes, personas con menos estudios y poblaciones rurales. Para que la formalización sea justa, las estrategias deben considerar estas desigualdades y ofrecer apoyos diferenciados.
La visión del Ministro reconoce un problema real, pero los datos muestran que la solución no solo depende de sumar empleos formales, sino de garantizar que sean inclusivos y de calidad.
El ministro de trabajo Rolando castro ,hablo en una entrevistad sobre un tema muy importante que estan trabajando en el proyectod de pasar de la informalidad a la formalida,se estad trabajando dentro del consejo nacional del salario minimo,y el consejo superior del trabajo ,busca abordar la alta tasa de informalidad del pais (cerca 70%) de la poblacion economicamente activa .Dicho proyecto propone crear un sistema mas accesible para los trabajadores independientes y microempresarios ,lo cual se puede mencionar alguno de ellos acceso a beneficios ,prestaciones sociales ,como seguro social ,pensiones ,vacasiones ,creditos formales .Dicho proyecto ha tenido participaciones de las gremiales empresariales que representan el 95% del tejido productivo y de fedaraciones sindicales legalmente constituida.pero dicha informalida en nuestro pais se da como una respuestad a la faltad de empleo ,dicha transcision de lo informal a la formalida afectara de manera desproporcionada a los hogares mas pobres ,la formalida debe ir acompañada de una reforma fiscal progresiva que reduzca la carga sobre los pequeños negocios y los trabajadores de bajos ingreso; ya que si no se hace los impuesto como el IVA afectara a los hogares mas pobres .En si se puede decir que dicho proyecto se centra en la promocion de los beneficios de la formalidad y no en un enfoque punitivo ,deberia de buscarce la colaboracion con expertos de la organizacion internacional del trabajo ,no solo centrarce (CST) como un organo de decision con el criterio de unanimidad .
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